La Fiscalía Anticorrupción de Santa Cruz de forma sorpresiva  presentó una nueva imputación en el caso LaMia, en contra del general en servicio pasivo, Tito Róger Gandarillas Salazar, excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas y que el año en que ocurrió el siniestro aéreo era director nacional de Aasana, al considerar que incurrió en incumplimiento de deberes en la tragedia aérea de la nave CP-2933, que el 28 de noviembre de 2016 se estrelló en el Cerro Gordo, con el saldo de 71 personas muertas, la mayoría del club brasileño Chapecoense. 

La resolución, firmada el 8 de este mes por los integrantes de la nueva comisión de fiscales que sigue el caso -Mirtha Mejía, Jackeline Severich, Fernando Mejía, Richard Camacho y Edil Robles-, fue presentada al juzgado que lleva el control de la causa, justo el día que vencía el plazo de los 18 meses para concluir la investigación preliminar y presentar una acusación para ir a juicio. 

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Sin embargo, los fiscales en su parte resolutiva piden medidas sustitutivas en favor del general Gandarillas, como la presentación ante la Fiscalía cada 15 días, firmar el libro de control, arraigo y dos garantes personales.  

Gandarillas se desempeñaba como director ejecutivo nacional de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (Aasana) cuando el avión de LaMia partió del aeropuerto Viru Viru rumbo a Colombia, con múltiples observaciones en el plan de vuelo que presentaron. 

Tras el suceso que conmovió al mundo, el ex jefe militar del país fue destituido de su cargo el 8 de diciembre de 2016 y en su lugar asumió Juan Fernando Uzaga, pero la funcionaria de Aasana del aeropuerto Viru Viru, Celia Castedo, especialista en ARO-AIS, salió de Bolivia a pedir refugio en Brasil denunciando persecución y falta de garantías de las autoridades del Gobierno que la responsabilizaron por no actuar de forma oportuna para evitar el vuelo de LaMia. 

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Castedo, en su condición de funcionaria subalterna, en su descargo que cita la misma Fiscalía aseguró que hizo observaciones al vuelo de LaMia antes de que despegue la nave, pero que nadie le hizo caso, por lo que argumenta su inocencia.

La mujer fue declarada rebelde y luego imputada por los delitos de atentado contra la seguridad de los medios de transporte e incumplimiento de deberes, desastre en los medios de transporte, homicidio y lesiones gravísimas. Iguales delitos se les imputó a Marco Antonio Rocha, en su calidad de director de operaciones de LaMia, en contra de Gustavo Vargas Gamboa, exgerente de LaMia, y a otros procesados que permanecen en libertad con medidas sustitutivas.  

La resolución fiscal  emitida de forma sorpresiva establece que “es por demás evidente que Tito Róger Gandarillas incurrió en el delito de incumplimiento de deberes estipulado en el artículo 154 del Código Penal y que establece pena de 1 a 4 años”.

En la imputación, la Fiscalía registra que Gandarillas es aviador militar, que su ocupación cuando ocurrió el siniestro aéreo era director ejecutivo de Aasana y cita como referencia su domicilio en la avenida Fuerza Naval, del edificio Tórrez Norma 252, de la zona de Achumani en La Paz.

La Fiscalía abre ampliación

El fiscal departamental Freddy Larrea accedió a un contacto con EL DEBER. Admitió que la comisión de fiscales presentó la imputación contra Gandarillas. Afirmó que los fiscales, después de un exhaustivo análisis, lo imputaron al encontrar indicios de responsabilidad en lo ocurrido. 

Sin embargo, respecto a que los fiscales en su resolución piden al juez para que sea favorecido con medidas sustitutivas y la cárcel, Larrea señaló que seguramente durante la investigación previa el ahora imputado pudo haber presentado documentación sobre su domicilio y otros requisitos que establece la norma, a fin de ser favorecido con una medida que le permita defenderse en libertad, aunque esta decisión es del juzgador y no del Ministerio Público.

Manifestó asimismo que  la presentación de la imputación era necesaria por cuanto se abre la posibilidad de una ampliación en el plazo de las pesquisas para llevar adelante una investigación compleja como la tragedia de LaMia, que ya lleva un año y medio de pesquisas. Larrea aseguró además que se pidió un informe ampliatorio a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).  

Cuando se le consultó el porqué el general Gandarillas no fue imputado al principio, siendo que era el ejecutivo de Aasana, manifestó que los fiscales son los que llevan adelante las investigaciones y hacen los análisis. Señaló que no se debe olvidar que lo que se busca es esclarecer el siniestro y que se tienen lineamientos del informe presentado por las autoridades de Colombia. 

Al mismo tiempo, afirmó que están pidiendo a través de la cooperación internacional más informes y antecedentes de las investigaciones colombianas, donde sucedió el hecho. 

El fiscal departamental, al ser consultado sobre el documental emitido por la cadena CNN el fin de semana, donde se hace revelaciones como la aparición del chino Sam Pa, que inyectó $us 2,7 millones a través del ex senador venezolano Ricardo Albacete para los aviones de LaMia, dijo: “Esas personas están en otro ámbito internacional y se realizan investigaciones en nuestro país de forma responsable”. 

En torno al hecho de que Ricardo Albacete y su hija, que aparecen como dueños de LaMia, no fueron incluidos en ninguna investigación, dijo que los fiscales siguen investigando el caso.

Ampliación, la clásica táctica 

Para Jerjes Justiniano, principal abogado del exgerente de LaMia Gustavo Vargas, las ampliaciones vienen a constituirse una clásica modalidad que usan los representantes del Ministerio Público para alargar los procesos. 

Afirmó que el 8 de diciembre de 2016 empezaron las investigaciones y justo cuando vencían los 18 meses de plazo, el 8 de junio, los investigadores presentaron la nueva imputación. 

En su criterio, la Fiscalía debe definir de una vez la presentación de la acusación para ir a juicio oral, pero como no tiene definido sobre el caso, encontró en esta acción jurídica una forma para conseguir la ampliación de las investigaciones que ya deberían estar concluidas.

Temor de sanciones económicas y a aeropuertos en la justicia

El juzgado tercero penal anticorrupción, a la cabeza del juez Martín Camacho, deberá fijar hora y fecha para la audiencia cautelar a fin de definir la situación jurídica del general Tito Róger Gandarillas.  

La ampliación
El expediente aún no ha sido analizado en el juzgado y, según la Fiscalía, la ampliación de las investigaciones por un tiempo prudente es una facultad exclusiva del juez, que debe actuar con autonomía como lo establece la norma. 

Temor a sanciones
Entendidos en Derecho afirman que la imputación de la Fiscalía puede obedecer a una acción de temor para evitar posibles sanciones a escala mundial. Según  versiones, lo que se busca es alargar plazos con el fin de evitar llegar a la acusación para juicio oral y una sentencia. De llegarse a un juicio y sentencia de procesados, pueden venir sanciones económicas y clausura de aeropuertos.