SEGURIDAD

Fallo en favor de Alejandro Melgar genera optimismo en los procesados del caso


La Corte Suprema de Justicia de Uruguay negó el pedido de extradición que hizo el Gobierno, indicando que no se respetó el juez natural. El Estado pide ver el fondo

Aquí, en el Palacio Legislativo de Montevideo, donde estuvo preso desde el 23 de abril de 2012

10/11/2017

La Corte Suprema de Justicia de Uruguay falló en favor de Alejandro Melgar Pereira, uno de los procesados en el juicio de supuesto terrorismo, negando al Gobierno boliviano la solicitud de extradición que hizo contra el sindicado por los delitos de terrorismo y alzamiento armado.   

La decisión de la máxima instancia jurídica uruguaya, firmada por los ministros Elena Martínez Rosso, Jorge Chediak, Felipe Hounie, Julio Olivera Negrín y Eduardo Turell, establece, de acuerdo con lo publicado por el periódico El País de Uruguay, que en primeria instancia la entonces jueza especializada en Crimen Organizado, Adriana de los Santos, consideró, a mediados de 2015, viable el pedido boliviano al afirmar que cumplía con todas las formalidades requeridas.

Sin embargo, luego de la apelación que hizo Melgar, los miembros de la Suprema uruguaya dejaron en duda que la justicia boliviana garantice un proceso justo contra Melgar y que este pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa.

Además, la Corte en su fallo indica: “No pueden caber dudas acerca de que la jurisdicción originalmente competente era la emplazada en la ciudad de Santa Cruz (lugar donde se cometieron aquellos actos) y no la postrera consolidada por el Poder Ejecutivo boliviano en la ciudad de La Paz”, que fue uno de los argumentos que utilizaron los procesados, cuando pedian el respeto a sus derechos.

Un decreto estableció que los delitos relacionados a situaciones que atentan contra el Estado tienen jurisdicción nacional. En el marco de esa disposición, el proceso por presunto terrorismo fue trasladado a La Paz, pese a los reclamos de los sindicados quienes insistieron en que el juicio debía desarrollarse en Santa Cruz, donde sucedió el hecho.

Melgar, preso desde el 23 de abril de 2012, indicó en un contacto con EL DEBER, que el juicio por supuesto terrorismo es la judicialización de una persecución política y afirmó que se le quiso dar un “manto de legalidad a un proceso absurdo”.

“Yo no necesito una vida nueva, lo que necesito es que se haga justicia”, aseguró el abogado de profesión y miembro de los directorios de varias instituciones cruceñas, que además resaltó que ahora este fallo lo favorece para continuar con los procesos en las instancias internacionales, donde espera se le siente la mano a quienes atentaron contra su vida y trataron de mancillar su nombre. 

“Me tomaré un tiempo para disfrutar mi victoria y luego veremos qué hacer. Nuestro pueblo necesita de mejores días y mejores líderes”, concluyó Melgar.

Las reacciones
El primero en sentirse respaldado por la decisión de los magistrados uruguayos fue el exjuez Luis Tapia Pachi, que buscó refugio en Brasil luego de que insistiera en radicar el caso en su juzgado en Santa Cruz y no en un tribunal de La Paz, como al final se consiguió gracias a un
decreto gubernamental.

“Actuamos en estricto apego a las leyes y este fallo me da la razón. En Bolivia no se respeta el Estado de derecho”, aseguró Pachi e indicó que el tribunal paceño que ahora lleva la causa, debería declararse incompetente para conocerla.

El abogado de varios de los procesados en el juicio, que ahora se encuentra en la etapa de la producción de prueba documental, Gary Prado Arauz, dijo que se intentó durante las audiencias conclusivas del caso hacer que los juzgadores entiendan lo que la justicia uruguaya hoy afirma, pero recordó que no se pudo. 

“Este fallo nos pone en una situación de ventaja en el contexto de las cortes internacionales, porque se demuestra, con argumentos jurídicos, las ilegalidades que hemos venido denunciando”, apuntó Prado.

Zvonko Matkovic, uno de los tres enjuiciados que aún están presos en este caso, coincidió con Prado y afirmó que la decisión de Uruguay ayudará en la demanda que presentó ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), donde la mayoría de los implicados en este caso demandó justicia por violación al debido proceso y a los derechos humanos.

EL DEBER trató de conocer una versión del Ministerio de Justicia, pero no fue posible. Sin embargo, el viceministro de Autonomías, Hugo Siles, indicó que el fallo de la Corte Suprema uruguaya no provoca ninguna acción en el juicio que se está ventilando en nuestro departamento y que en realidad lo que aquí importa es ver el fondo y no la forma de las razones de este proceso.  

“Es más importante el fondo que la forma”, aseguró la autoridad gubernamental, que además recordó que lo que quedó demostrado es que hubo un grupo que trató de confrontar a los bolivianos y dividir al país con violencia. 



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