Evo Morales cumple 12 años en el Gobierno con aprobación del 34%

La factura de la sentencia del Tribunal Constitucional se cobró 24 puntos de respaldo a la gestión de Evo Morales. El presidente del Estado termina su duodécimo año de gestión con un respaldo del 34%, 24 puntos menos de los que tenía en enero de 2017. Así lo evidencia el estudio de Equipos Mori para EL DEBER, realizado en las cuatro ciudades del eje troncal entre el 15 y el 18 de enero, con un margen de error de 3,4%. Así, la gestión del mandatario entra en su año 13 con una desaprobación del 59%, que tiene su pico más alto en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra (64%) y que divide aguas en El Alto (50%).

Algo muy parecido sucede con la sentencia constitucional que le permite repostularse a la Presidencia en 2019. Un 70% está en contra frente a un 28% a favor. Cuando se les pregunta a los habitantes del eje si están a favor de que Morales haga uso de esa sentencia para presentarse en los comicios, solo un 30% está de acuerdo, frente a una oposición de un 68%. No hay muchas diferencias por clases sociales. En el estrato de ingresos bajos el apoyo a la candidatura de morales sube al 39%, pero aún tiene un rechazo del 59%, que sube al 75 en la clase media y trepa hasta el 91% entre los encuestados de ingresos altos. 

La encuesta también refleja un alto apoyo a las protestas sociales y un pesimismo sobre el rumbo del país (ver pág 6 y 7), con lo que el año 13 se presenta complejo para el presidente, tanto o más como el que tuvo que enfrentar luego del gasolinazo de 2010, cuando tuvo cifras similares de aprobación de gestión y lo obligó a un cambio de timón en su Gobierno, apegándose al nacionalismo en detrimento de la línea indigenista que había marcado su primera gestión.

El contrato social

Jorge Komadina, sociólogo y catedrático de la Universidad de San Simón, considera que la encuesta constata “la caída libre del capital simbólico del presidente Evo Morales”, algo que fue una de las claves del proceso de cambio y una palanca que le permitió ganar elecciones. Encuentra una explicación a este fenómeno en los “errores estratégicos como la rerereelección del presidente a través de un fallo del Tribunal Constitucional”, que en su opinión es vista como ilegítima e ilegal por la población.

“Sin duda alguna es lo que ha generado  frustración, no solo entre las clases medias, sino también entre las clases populares, hay un rechazo agregado ahí”, añade.

Daniel Valverde, director del Observatorio Político Nacional de la Universidad Gabriel René Moreno, dice que la sentencia del 28 de noviembre generó una gran fisura en la sociedad, que se ha vuelto grieta y que amenaza con tornarse terremoto. Cree que el voto nulo de las elecciones judiciales fue una réplica de fisura y la pérdida de popularidad de la gestión es un ahondamiento de esta crisis. Cree que falta en el Gobierno autocrítica para medir el costo político de insistir con la reelección del presidente.  

La consecuencia de esta falta de análisis, según Valverde, es que Morales se está quedando apenas con ese 30% de voto duro, complicando lo que le queda de gestión, porque la lectura de la población es que, con el fallo del TCP, hubo una ruptura de las reglas democráticas. “En la cultura política boliviana, los resultados electorales

son sagrados. El no acatamiento

genera que la población se

movilice”, dice.

Yerko Ilijic, abogado y politólogo,

dijo que el bajón de aprobación

del Gobierno se debe a que en el

referendo del 21-F se perdió “la excepcionalidad

del presidente”. En

su opinión, lo que está en crisis es

el poder discursivo del presidente,

que ha construido su poder básicamente

sobre su palabra. Ilijic

cree que a Evo le ha bastado hablar

para gobernar, y al romperse

ese ‘encanto’ en el 21-F y confirmarse

en la votación judicial, la

población ha dejado de juzgar a

Morales por lo que dice y se fija

más en lo que hace. “La palabra de

Evo apelaba a las emociones. Gobernaba,

lograba modificar el

comportamiento del electorado,

del soberano, del pueblo constituyente

a través de las emociones,

a través de la empatía. Eso se rompió”,

dice Ilijic.

Y no parece que se pueda arreglar

fácilmente. Komadina, de hecho,

habla de un momento poshegemónico

en el que se está

transformando la correlación de

fuerza en el campo político, lo que

provoca que Morales tenga un

contrapeso imprevisto, la ciudadanía.

Esto, sumado a los propios

errores del Gobierno, según Valverde,

puede “motivar que una

oposición sin norte y sin proyecto

encuentre la posibilidad de cuajar

un proyecto alternativo”.

Para Ilijic, el mayor problema del

Gobierno es que Morales siempre

utilizó el recurso de la voluntad popular

como elemento para transformar

la realidad y, al irrespetar

el voto, se vuelve electoralmente

vulnerable y abre la posibilidad de

que aun yendo como candidato

pierda el poder. Así también lo calcula

la oposición, lo dijo el senador

Óscar Ortiz en diciembre, que

ve a Morales vulnerable en una hipotética

segunda vuelta electoral.

Así entra el presidente a su año 13

en Palacio Quemado, ya sin el aura

de invencibilidad que lo rodeaba

hace dos años Tres de cada cuatro habitantes

del eje troncal del país, de

las cuatro ciudades que nuclean

la mayor parte de la población,

aprueban las movilizaciones

en defensa del voto

del 21-F. Incluso en El Alto uno de los bastiones de Evo Morales,

las protestas tienen un respaldo

de dos tercios y llega a un

80% en Santa Cruz de la Sierra.

Sin embargo, esto es el apoyo a la

defensa del voto en el referendo.

Cuando se le pregunta a la población

qué hay que hacer con el

Código Penal, un 47% de los consultados

cree que hay que cambiar

algunos artículos y un 35%

dice que hay que anular todo su

contenido.

Eso podría constatar que la fuerza

de las movilizaciones, que comenzaron

con una demanda de

los médicos contra el artículo que

penalizaba la negligencia, en realidad

se debe al descontento generado

por la sentencia del Tribunal

Constitucional Plurinacional

que permite a Evo Morales y otras

autoridades presentarse a otra reelección.

Es más, hay coincidencia,

el 35% que quiere anular todo

el código y la base de rechazo histórica

de Evo Morales.

Para el sociólogo Jorge Komadina,

lo más complicado para

Morales es que para calmar las

protestas no bastará con abrogar

todo el Código Penal, sino que su

contrapeso, la ciudadanía que se

moviliza y autoconvoca a través

de redes sociales, exige que no se

presente como candidato a las

elecciones de 2019.

El analista Yerko Ilijic no cree

que Morales renuncie a su repostulación.

Dice que el siguiente

paso del Gobierno será presionar

a sus bases, a sus grupos

corporativos (movimientos sociales)

y sus aliados económicos

(empresariado cruceño) para que

demuestren su respaldo. Ve señales

de ellos en los discursos del

vicepresidente, Álvaro García Linera,

que tratan de llevar a su

electorado duro a la crispación

social, aprovechando los mensajes

racistas contra Evo en las redes

sociales.

La corrupción tampoco es un

parteaguas. Hay un 47% que cree

que hay más corrupción que antes,

pero el 50% piensa que hay

menos o igual desfalco al Estado

que en los gobiernos anteriores.

Incluso en sectores de ingresos

bajos se percibe a este régimen

como menos corrupto que los

anteriores, pero aun así el 62% de

esos mismos electores, la mayor

parte del país, está en contra del

fallo del TCP que le permite a Morales

ser candidato en 2019.