El censo de Clínica Jurídica NUR, realizado en las últimas semanas de octubre, permitió conocer que hay 60 reos que hace cuatro años están recluidos sin que la justicia los sentencie a una condena o los reconozca como inocentes

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18 de noviembre de 2018, 4:00 AM
18 de noviembre de 2018, 4:00 AM

Tiene 31 años, vive en uno de los ambientes del pabellón 7 del régimen abierto o PC-4 del penal de Palmasola y hace poco se enteró de que tiene una enfermedad incurable que lo está matando, mientras espera que la justicia le diga, en una sentencia, si es culpable o inocente de la acusación por estupro que lo metió a la cárcel en mayo de 2011.

Se llama Jorge Armando y su historia fue conocida por los reos que trabajan en la Clínica Jurídica NUR, cuando el papá de este interno, de nombre Armando y que hace un año también cayó preso, escuchó el diagnóstico del médico del centro de salud que está en PC-4. “Está en la fase final de la enfermedad que contrajo, no hay mucho más por hacer”, le habría dicho el galeno, lo que provocó que el padre, con los ojos llenos de lágrimas, se acerque hasta las oficinas de la Clínica Jurídica para buscar una salida judicial.

De acuerdo con el testimonio de Jorge Armando, después de la audiencia de medidas cautelares a la que fue sometido y que derivó en su encarcelamiento, nunca más volvió a ser convocado para un procedimiento judicial donde se compruebe si es autor del delito por el que fue recluido preventivamente o si es inocente.

Según el Código Penal, si Jorge Armando es hallado culpable por estupro, podría ser condenado hasta seis años de cárcel, si le aplican la máxima sanción. Sin embargo, este interno ya está más de siete años preso.

Para el abogado Joadel Bravo, debería acudir a derechos humanos y pedir apoyo, ya que considera que por más horrendo que fuera el hecho cometido, una persona con una enfermedad terminal debe recibir al menos un trato humanitario. Sobre el problema de retardación de justicia, dice: “Mientras no se pague bien a los jueces, no podemos exigir más”.

Robó platos desechables

Está preso desde sus 44 años, cuando se ganaba la vida cuidando autos en la zona del mercado Mutualista. Ahora tiene 52 años y es uno de los que habitan el pabellón 16 del reclusorio cruceño.

Desde el 7 de octubre de 2010 está detenido y acusado de robar seis paquetes de platos desechables de un centro comercial. Él reconoce haber cometido el ilícito, pero afirma que no lo hizo solo, que lo robado se lo entregó a otra persona, que fue la primera en caer detenida y que lo delató.

El protagonista de esta historia se llama Richard y como pasa con Jorge Armando, tampoco volvió a salir del penal desde que lo enmanillaron, lo llevaron ante un juez cautelar y lo dejaron en Palmasola.

“No tengo familia, mi mamá y papá murieron, a mi hermano mayor lo conocí cuando era pequeño, pero ahora no sé ni quién será. Nadie me preguntó sobre mi caso, solo una abogada, que dijo ser de Defensa Pública, que me dijo que le pague $us 2.000. Como yo no los tengo, lo dejé pasar”, contó Richard a los responsables de la Clínica Jurídica. Ahora se gana la vida lavando la ropa de los internos del penal.

Si este hombre fuera hallado culpable del delito de robo, la condena máxima que puede recibir es de cinco años, lo que equivale a indicar que ya superó con tres años lo que la justicia podría imponerle por robar seis paquetes de platos desechables. Si el delito que cometió es calificado como un robo agravado, su sanción máxima alcanza los 10 años y ya cumplió cuatro quintas partes. Al conocer este caso, el presidente de la Federación de Profesionales, Marcelo Arrázola, dijo que esta es una muestra de las fallas del sistema de justicia y afirmó que las autoridades solo actúan por reacciones. “El problema aquí no es si cometió o no el delito, el problema está en que el Estado debería respetar ciertos derechos fundamentales de las personas”, agregó Arrázola y lamentó que “si una persona no cuenta con recursos económicos, termina abandonada en la celda de una prisión, porque a nadie parece interesarle el tema”.

Un censo revelador

Las dos historias arriba expuestas son parte de las 60 personas que están hace más de cuatro años con detención preventiva en el penal de Palmasola, sin que los juzgados, fiscales y defensores públicos que conocen sus causas les den sentencien.

Los datos son parte de un censo realizado puerta a puerta, celda a celda, por los integrantes de la Clínica Jurídica NUR, que a la cabeza del expresidente de justicia Ariel Rocha elaboraron archivos, realizaron entrevistas y armaron expedientes, para buscar que el sistema judicial se purgue a sí mismo y pueda sacar del limbo jurídico a personas que necesitan una respuesta de los administradores de justicia.

El trabajo realizado por los miembros de la Clínica Jurídica solo alcanzó al 60% de los casi 4.000 reos que están en el PC-4 y al 30% de los casi 1.000 internos que están en los dos pabellones del PC-3, área de máxima seguridad y donde hay un espacio solo para drogodependientes.

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