SEGURIDAD

El Gobierno quiere sacar de las cárceles a cerca de 3.000 reos con un nuevo indulto


Es el sexto que se dicta desde 2012. El año pasado el número de beneficiados con el decreto presidencial fue mínimo, frente a los más de 18.000 internos que viven en los penales del país

El año pasado el número de indultados no llegó ni a los 500. Se espera ampliar esta cifra
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04/04/2018

El Gobierno, por sexta vez, favorecerá a los privados de libertad con un decreto presidencial de amnistía e indulto parcial y total. La medida fue asumida luego de más de medio mes de la violenta intervención al régimen abierto del penal de Palmasola, donde murieron siete internos y se desenmarañó la forma violenta y corrupta con la que manejaba esta área del centro penitenciario el reo Víctor Hugo Escobar, conocido como ‘Oti’. 

El presidente del Estado, Evo Morales, envió ayer a la Asamblea Legislativa el decreto en el que se describen todos los ‘caminos’ por los que se puede conseguir la amnistía y el indulto, que en la expectativa gubernamental está en desahogar con 2.700 reclusos el sistema de reclusorios del país, donde hay más de 18.000 reos, de los cuales más del 65% todavía no fueron condenados y sus causas aún están en proceso.

“Un trabajo conjunto entre el Ministerio de Gobierno, de Justicia y la Defensoría del Pueblo (...) Hemos decidido con el gabinete enviar este decreto presidencial a la Asamblea Legislativa para indulto y amnistía”, afirmó ayer por la mañana el presidente, que el año pasado también posibilitó la salida de internos, aunque fue el año en el que menos internos se acogieron a este beneficio, ya que solo se logró la salida de 468 personas a escala nacional.

Los indultos presidenciales empezaron a ser emitidos en 2012. En aquella oportunidad dejaron la cárcel 234 personas, en 2013 fueron indultados 1.733 procesados, en 2014 el beneficio alcanzó a 1.698 internos, en 2015 la medida permitió dejar en libertad a 1.656  reclusos y con la norma de 2016, que fue aplicada hasta finales del año pasado, no se consiguió dejar fuera del hacinamiento penal ni a 500 personas.

El representante nacional de la Defensoría del Pueblo, David Tezanos, dijo que el decreto presidencial es un retorno a las experiencias positivas que se realizaron en años pasados, ya que calificó como un fracaso el diseño empleado en la gestión pasada, donde fue muy poco el descongestionamiento penal que se consiguió.

Si bien Tezanos, que ayer estuvo en la capital cruceña, tiene una buena expectativa de los resultados que se puedan obtener con la nueva disposición, su cálculo sobre el número de beneficiados es más mesurado, ya que espera que la cifra llegue a los 1.700 y no así a los 2.700 que piensa el Gobierno se logrará indultar.

“Un indulto solamente es un paliativo, lo estructural son los grandes desafíos que aún tiene la justicia. Se debe tener un nuevo Código Penal consensuado, aplicar la tecnología en el caso de los reclusos, apuntar hacia el nuevo modelo de personal de justicia y concretar los cambios en la infraestructura. Tenemos una mora estructural”, dijo el defensor.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, recordó la permanente y extrema retardación de justicia que hay en el país, factor al que contribuyen las inequidades que se dan en los centros de reclusión. 

“Hay personas en cárceles detenidas preventivamente, cuyo tiempo de reclusión es igual a la sanción que hubieran recibido de ser encontradas culpables por un delito. Estos son los casos que muestran el extremo de la retardación de justicia, además de muchos casos en los que hay gente pobre que no tiene dinero para defenderse”, subrayó el ministro y apuntó que las normativas del indulto evitan que salgan los reos peligrosos.

El ministro de Justicia, Héctor Arce, calificó la medida planteada por el presidente como humanitaria. “Es necesaria para lograr que las personas que se encuentran privadas de libertad, ya sea en proceso, sean beneficiadas con una amnistía, que es el perdón del delito, y las personas que están condenadas con sentencia ejecutoriada se beneficien, en algunos casos, con un indulto parcial y, en otros, con una reducción total de la pena”, explicó la autoridad.

Detalles de la propuesta

Los detenidos preventivos o con medidas sustitutivas a la detención preventiva podrán acceder a la amnistía, en caso de que la pena sea menor o igual a cinco años o a ocho años, siempre y cuando hayan conseguido un acuerdo con la víctima del hecho.

Este mismo criterio se aplicará para los privados de libertad con discapacidad grave o muy grave, con enfermedad terminal, mujeres con 20 semanas de embarazo o que tengan bajo su cuidado a niños menores de seis años y personas mayores de 65 años.

En el caso del indulto, parcial o total, solo será para los presos con sentencia ejecutoriada.

El indulto parcial de la condena, donde se reduce la tercera parte de la pena, será para los reos con discapacidad grave o muy grave, con enfermedad terminal y embarazadas. 

Los menores de 28 años, los varones a partir de los 58 y las mujeres que hubieran cumplido la quinta parte de la pena o que tuvieran a su cuidado niños menores de seis años. La pena se reducirá en dos años para personas no reincidentes cuando la condena sea mayor a seis años y no tengan faltas graves.

El indulto total será para los menores de 28 años que hayan cumplido cuarta parte de su condena, varones a partir de 58 años y mujeres a partir de 55. También para mayores de 65 años con una pena igual o menor a 10 años sin que sea necesario que cubran parte de la condena, mujeres en gestación, personas con discapacidad grave y muy grave, con enfermedad terminal e incurable y no reincidentes con penas no mayores a 10 años que hayan cumplido una cuarta parte.



 




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