El trabajador de campo sindicado injustamente por un crimen en Pedro Lorenzo, asegura que fue golpeado. Larrea dijo que se  investigará porque son delitos de lesa humanidad; la Policía pide hacer las denuncias formales para iniciar los procesos internos

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16 de noviembre de 2017, 9:00 AM
16 de noviembre de 2017, 9:00 AM

Reynaldo Ramírez Vale, el joven que estuvo preso dos años injustamente por un feminicidio que no cometió, inició una demanda contra cinco policías por las supuestas torturas de las que fue objeto cuando fue aprehendido, en mayo de 2015; mientras que, Edmundo Vélez Andane, el trabajador de campo que estuvo con detención preventiva por cinco días acusado de un homicidio que no cometió, denunció ayer ante la prensa que fue golpeado por los policías que intentaron presionarlo para que se declare culpable.  

“Cuando llegaron a la hacienda me preguntaron mi nombre y si sabía lo que pasó con don Félix. Les respondí que conocía a tres personas con ese nombre y uno me tiró un manazo. Luego me metieron a un cuarto con las manos esposadas por la espalda, me sentaron en una silla, me pusieron una bolsa en la cabeza y empezaron a golpearme”, contó Vélez Andane, de 39 años, con una mezcla de timidez y temor. 

Al respecto, el fiscal departamental, Freddy Larrea, dijo que al conocerse las declaraciones del afectado se tendrá que iniciar un proceso investigativo. “Si hay hechos de tortura e incumplimiento de funciones se debe investigar y establecer una responsabilidad penal; no podemos estar todo el tiempo con este tipo de situaciones irregulares como torturas, vejámenes y amenazas para que los inocentes se inculpen. Esta práctica es un grave delito que atenta contra los derechos humanos”, aseveró. 

Por su parte, el fiscal Osman Arias, quien pidió disculpas a Vélez por los días que estuvo detenido preventivamente, aseguró que ni en su declaración ni en la audiencia cautelar el afectado nunca habló de torturas. “Si lo hubiera hecho, yo estaba en la obligación de investigar”, señaló. 

Por su parte, el subcomandante departamental de la Policía, Alfonso Siles, dijo que si hay una denuncia formal, como en el caso de Ramírez, se debe investigar y en caso de iniciarse un proceso penal, paralelamente se abre una investigación interna en la institución contra los policías implicados. Sin embargo, sobre el caso del Edmundo Vélez, señaló que se trata de un hecho supuesto, porque hasta el momento no hay una denuncia formalizada. 
 
Reynaldo brindó declaración
“Como pruebas presentaré las fotografías de cuando me presentaron a la prensa y en mi audiencia, donde se ve mi rostro hinchado por los golpes. Me tuvieron sin comer y sin poder ir al baño”, señaló Ramírez durante la declaración del anterior lunes ante el fiscal José Parra, en la que sindicó a cinco policías, los sargentos F.AL., F.AT., M.H.F., el subteniente G.G.G. y a una oficial que entonces estaba embarazada y que aún no fue identificada. 

Álvaro Guzmán, director del  Servicio para la Prevención de la Tortura (Sepret), señaló que están representando a Reynaldo en este caso con el objetivo de procesar a los policías implicados. 

 El relato de la tortura que hace Reynaldo Ramírez coincide con el de Edmundo Vélez, pues también indica que le embolsaron la cabeza y lo golpearon en el abdomen para dejarlo sin aire y presionarlo para que se declare culpable de un hecho del que resultó ser inocente. 

$us 1 millón por perjuicios

El abogado Jaime Soliz, que representa a Reynaldo Ramírez, señaló que además del resarcimiento económico de la caja de reparaciones que establece el Poder Judicial, que corresponde a su defendido, en el juicio contra el tribunal y el fiscal que lo condenaron (se pedirá incluir a un policía), solicitarán que estos paguen los daños y los perjuicios por un monto de al menos $us 1 millón, en efectivo o con bienes. 

“En la caja de reparaciones harán el cálculo de los sueldos que debía recibir por los meses que estuvo preso, pero no incluyen el daño sicológico, a su dignidad ni el coste de oportunidad de su desarrollo; en un país con legislación más avanzada, como en Estados Unidos, se pediría 20 millones de dólares, o en Argentina un mínimo 5 millones”, dijo Soliz. 

Edmundo volvió a trabajar

Después de que el viernes 10 de noviembre Edmundo Vélez fuera aprehendido en la hacienda en la que trabaja, a tres kilómetros de Pedro Lorenzo, por la carretera a Camiri, ayer retomó sus labores tras ser liberado la noche del martes. Estaba preocupado porque no sabía si todos los animales a su cargo seguían vivos o se escaparon para buscar agua y comida. 

Su abogado, Windsor Toledo, dijo que Edmundo está muy afectado por lo que pasó, pero que no le había pedido que denuncie a los policías por las torturas. “Él estaba más preocupado por volver a trabajar, por eso se habló con su jefe para que lo restituyera en sus labores y también quería que su imagen quede limpia”, indicó el jurista. 

Por su parte, Alejandro Villagómez, amigo del afectado, criticó a la Policía y al fiscal por no indagar bien y basarse solamente en la acusación de una persona, que resultó ser el autor del crimen. 

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