PARALELISMO

Con la Policía desalojan a la directiva de la Federación de la Prensa


La prensa cruceña actualmente tiene dos directorios que se declaran legales y legítimos. Jesús Aponte y su equipo de trabajo ingresaron en huelga, mientras que José Luis Pattuy promete transparentar la institución.  

La Policía ingresó a las instalaciones de la Federación de la Prensa de Santa Cruz.
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07/08/2018

La Policía ingresó al edificio de la Federación de Trabajadores de la Prensa de Santa Cruz para dar cumplimiento a la orden de la jueza Patricia Alandia, del Juzgado Nº 20 Público, Civil y Comercial, quien el 10 de julio le concedió la tutela de un amparo constitucional al directorio de José Luis Pattuy y dispuso la desocupación del edificio de forma inmediata.  

La prensa cruceña actualmente tiene dos directorios que se declaran legales y legítimos. El directorio de la federación de la prensa, que fue desalojado hoy, fue elegido el 10 de mayo por sus afiliados. A su vez, el grupo que ocupó el edificio, fue elegido y posesionado el 24 de marzo, en un supuesto congreso convocado por la Confederación Nacional de los Trabajadores de la Prensa de Bolivia, en instalaciones de la Central Obrera Departamental.

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Aponte, en contacto con EL DEBER, denunció que aprovecharon su ausencia para ingresar a las instalaciones sin si quiera esperar a la impugnación que habían iniciado. “Rompieron el candado e ingresaron para posesionar al directorio trucho. Es un funesto precedente para la prensa cruceña”, lamentó.

El dirigente afirmó que inmediatamente se declararon en huelga de hambre en la puerta del edificio de la prensa intervenido. “Seguiremos en la lucha, no vamos permitir que los ilegales estén dentro y nosotros fuera”, dijo.

Por su parte, Milton Montero, de la directiva que encabeza Pattuy,  explicó  a EL DEBER que la policía hizo cumplir una orden de desapoderamiento porque la juez Alandia les concedió la tutela del amparo constitucional que presentaron. 

No hubo un desalojo, sino desapoderamiento…La juez ordena que se desaloje el ambiente, no hicieron caso a la orden. Luego presentamos una orden de desapoderamiento”, dijo, en contacto telefónico. Montero indicó que las instalaciones están precintadas y se hizo una notación notariada de los muebles, libros y del edificio. “Transparentaremos el movimiento económico con una auditoría interna y externa”, adelantó.

Montero negó que haya paralelismo y argumentó que cuentan con el respaldo de la COB, el Ministerio de Trabajo y la Confederación de la prensa. También acusó a la directiva de Aponte de usurpar funciones porque aseguró que impugnaron el proceso en la que fueron elegidos.



 




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