Arce dijo que los resultados serán la base para la reforma de la justicia y la aplicación de la Ley de Abreviación Penal

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16 de abril de 2019, 4:00 AM
16 de abril de 2019, 4:00 AM

Una persona de 76 años, y con discapacidad visual privado de libertad en La Paz; y un hombre con esquizofrenia sentenciado por hurto en Cochabamba, son apenas un par de muestras de los 60 casos de violaciones a los derechos humanos que destapó el censo carcelario realizado entre el jueves y sábado anterior.

El ministro de Justicia, Héctor Arce, informó de que los resultados preliminares del censo carcelario contabilizaron 18.814 internos en 53 reclusorios del país, pero, sobre todo, detectó hechos como personas recluidas sin sentencia ejecutoriada o que continúan en el recinto pese a que su sentencia ya fue cumplida; adultos mayores con discapacidad audiovisual o auditiva recluidos; enfermos mentales; indígenas que no tuvieron asistencia en su lengua originaria y continúan recluidas, entre otros.

Arce señaló que los resultados finales se conocerán en dos meses y que “serán la base para la reforma de la justicia penal y para la correcta aplicación de la Ley Procesal de Abreviación Penal”.

Entre esos casos de vulneración de derechos se encuentra el de un varón de 73 años de edad, recluido en la cárcel de San Pedro, La Paz, quien cumple una sentencia de más de 10 años porque no le contabilizaron la detención domiciliaria como establece una sentencia constitucional. Agregó que es “inaudito” que, en el mismo recinto, una persona que cumplió su sentencia de cuatro años por hurto siga recluido seis meses más.

En Palmasola, entre otros, dos casos llamaron la atención: una persona está con detención preventiva hace seis años y ocho meses por el delito de robo simple, que tiene una pena de cinco años; y otro de una persona presa por un año y seis meses por el robo de una botella de licor, que debió beneficiarse con la suspensión condicional de la pena o el perdón judicial.