Censo busca reducir hacinamiento y detallar situación jurídica de reos
El ministro de Justicia dijo que se identificará a ‘presos inocentes’ en los 53 reclusorios que albergan más de 18.000 personas. En el eje central y Oruro las cárceles tienen más del doble de reos que su capacidad
Establecer la situación jurídica de cada uno de los privados de libertad de las 53 cárceles del país, es uno de los objetivos principales del Censo carcelario que se inició ayer en Santa Cruz, Tarija, La Paz, Cochabamba, Beni y Pando, donde existen 35 recintos que albergan al 80% de los más de 18.000 reclusos que hay en el país. Hoy, el censo continuará en esos departamentos y empezará en los restantes, Chuquisaca, Oruro y Potosí.
“El objetivo es identificar a posibles personas inocentes que no deban estar dentro de un penal y que lo estén injustamente”, afirmó el ministro de Justicia, Héctor Arce, durante el acto de inicio en el penal de Morros Blancos en Tarija, refiriéndose a una situación que quedó al descubierto con varios casos, el más ‘emblemático’, el de Reynaldo Ramírez, condenado a 30 años por un feminicidio en 2017 pese a que pruebas científicas lo absolvían.
Posteriormente se revelaron casos de gente presa pese a haber cumplido sus condenas.
Por su parte, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, afirmó que el censo permitirá conocer el perfil criminológico de la población penitenciaria. “Nos interesa escudriñar y profundizar en factores sociológicos, sicológicos, económicos y otros”, acotó.
Para esto, los encuestadores realizan 73 preguntas divididas en cuatro secciones para conocer la situación de cada interno del país (sociodemográfica), condiciones de salud, educación, empleo, alimentación, actividades e infraestructura (socioeconómica), si son sentenciados, detenidos preventivos y cómo avanzan sus casos (jurídica) y sus aspiraciones (expectativas de vida).
Al respecto, el presidente Evo Morales, en su cuenta de Twitter, posteó que el censo “ayudará a mejorar las condiciones de vida de los privados de libertad, es un avance hacia una justicia más humana”.
La nota crítica la expresó el exdirector de Régimen Penitenciario Ramiro Llanos, quien considera que el censo no aborda los problemas de fondo. “Sobre los cobros, extorsiones y torturas de presos sentenciados a preventivos, eso no dice el censo (...) es un jueguito para tomar cafecito, no va a lo estructural”, manifestó Llanos según la agencia ANF.
Hacinamiento
Los datos de Régimen Penitenciario de 2018 señalan que en el país, de los más de 18.000 privados de libertad, el 69,92% tiene detención preventiva y solo el 30,08% tiene sentencia.
Se ha identificado a las cárceles de Palmasola y Montero en Santa Cruz; San Pedro de La Paz; San Sebastián (varones y mujeres) en Cochabamba; Mocoví de Beni y San Pedro de Oruro como las más hacinadas, pues albergan a más del doble de reos con relación a su capacidad.
La infraestructura penitenciaria del país abastece para 5.805 reos, pero alberga más de 18.000.
DEFENSORÍA DEL PUEBLO REVELA VISITAS CONYUGALES BAJO SÁBANAS EN EL PATIO Y UNA SITUACIÓN GENERAL PAUPÉRRIMA
Un informe sobre la visita al 100% de los recintos carcelarios por parte de la Defensoría del Pueblo entre junio y noviembre de 2018 señala que el único criterio de clasificación de internos que se hace es la separación por sexo.
Entre las revelaciones que conoció la Defensoría en entrevistas a los reclusos, da cuenta de las situaciones paupérrimas en que viven y aspectos como las visitas conyugales, en las que se detalla que hay penitenciarías donde, al no haber áreas para las visitas de sus parejas, los reos “utilizan el patio tapados con colchas” y en otras “se turnan por hora para recibir en los cuartos visitas conyugales”.
En el informe se da cuenta de la ausencia de medidas de seguridad en las instalaciones eléctricas, los focos infecciosos en los que se constituyen los basurales y que la seguridad policial es insuficiente y que dificulta las salidas judiciales.
Por otra parte, un informe de Régimen Penitenciario de marzo de 2018 apunta como falencias el exceso de detenciones preventivas, la falta de infraestructura, de recursos humanos, servicios y, sobre todo: “Falta de una política criminal articulada a la política penitenciaria que resuelva los problemas de manera estructural”.
