Será solicitada al Gobierno para analizarla y decidir si la examina o archiva. Morales llamó “defensora del terrorismo” a la Comisión

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5 de abril de 2018, 4:00 AM
5 de abril de 2018, 4:00 AM

Una vez admitida la demanda contra el Estado boliviano por la presunta ejecución extrajudicial en el Hotel Las Américas en 2009, interpuesta por cinco acusados del caso de supuesto terrorismo, el siguiente paso será que la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) solicite información al Gobierno en un plazo que será fijado por el mismo ente, para analizarlo y determinar si lo archiva o lo analiza, explicó el abogado constitucionalista Saúl Paniagua. 

A grandes rasgos, explica el jurista, luego de eso, la Comisión podrá pedir exposiciones oral o escrita, realizar una investigación   para lo cual el Estado debe proporcionar todas las facilidades. De ahí en más, instará a una conciliación entre las partes, emite sus conclusiones y de no ser atendidas por el Gobierno, pasan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyo fallo es irrevocable y de cumplimiento obligatorio para los Estados miembros, entre los cuales está Bolivia. 

“Por cómo se ha venido desarrollando el caso de supuesto terrorismo, es difícil pensar que vaya a haber una conciliación o que el Gobierno vaya a aceptar enmendar algunas acciones en caso de que la demanda ante la CIDH prosiga”, dijo Paniagua. 

Según la Convención Americana de Derechos Humanos, si llegara a la Corte, si el fallo reconociera que hubo violación a los derechos humanos, podría acarrear un resarcimiento económico en favor de los demandantes y conminar la apertura de juicio contra autores materiales e intelectuales. 

Al respecto, el presidente Evo Morales aseguró en su cuenta de Twitter que, si la Comisión admite la demanda, “entonces es defensora del terrorismo y del separatismo que quiso dividir la Patria y enfrentar a hermanos bolivianos en 2009”.

El fundamento de la resolución de admisión de la CIDH refiere la supuesta ejecución extrajudicial del boliviano-húngaro Eduardo Rózsa-Flores, el rumano-húngaro Árpád Magyarosi y el irlandés Michael Dwyer en el operativo del hotel Las Américas el 16 de abril de 2009, lo cual, de ser probado podría generar responsabilidades por tortura y violación del derecho a la vida.