Reportan 797 asentamientos ilegales en tres municipios; Gobierno requiere auditoría
En Concepción, San Ignacio de Velasco y San José dieron un estimado de cuántas comunidades están sin personería jurídica ni otra documentación. El vicepresidente dijo que si son ilegales deben desalojarse, pero que no ocurrirá ‘a gusto del cliente’
Rafael Veliz
La comisión de tierras impulsada por el Comité pro Santa Cruz cumple hoy su tercer día de recorrido en la Chiquitania. Ayer llegó hasta los municipios de Concepción y San Ignacio de Velasco, en donde las autoridades estimaron que hay 392 ocupaciones irregulares entre ambas comunas; mientras que en San José de Chiquitos reportaron antes de la reunión con los cívicos -que se producirá hoy- que existen 405 asentamientos observados, lo que totaliza 797 comunidades calificadas de ilegales.
El vicepresidente Álvaro García Linera expresó que no cree que el recorrido que encaran los cívicos vaya a desatar algún tipo de violencia en la zona, aunque advirtió que para definir si hay una ocupación ilegal o no, “se requiere de toda una auditoría” con georreferencia (a través de un sistema de coordenadas) y que representa “una fuerte inversión”.
Mientras, la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz se declaró en emergencia por las amenazas de desalojos emitidas por los cívicos cruceños, y pidió al Ministerio Público “iniciar acciones legales en contra de sus representantes”.
Asentamientos ilegales
Ayer por la mañana, la comisión de tierras se reunió con autoridades de Concepción. José Ernesto Serrate, cívico del Bloque Chiquitano, dijo que fueron identificadas 60 comunidades establecidas con documentación, pero que en total tienen 300 nuevas comunidades, por lo que 240 serían ilegales.
“La información se toma del POA municipal. Se consideran ilegales porque no tienen personería jurídica ni nada que los reconozca ante la Alcaldía”, afirmó.
En San Ignacio de Velasco, las autoridades informaron que entre 2011 y 2018 se fundaron 152 comunidades, según un reporte del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA); sin embargo, no estaban contempladas en el POA.
“A estas nuevas comunidades que aún no tienen recursos de la participación popular, igualmente las atendemos con agua y salud por cuestiones humanitarias, pero los cívicos nos pidieron que suspendamos todo tipo de asistencia hasta que se haga una auditoría técnica al INRA y se precise el total de las comunidades ilegales”, indicó Moisés Salces, alcalde de San Ignacio de Velasco.
Por su parte, Germaín Caballero, alcalde de San José de Chiquitos y presidente de la Mancomunidad de Municipios Chiquitanos, informó a EL DEBER que identificaron 470 nuevas comunidades asentadas en los últimos ocho años, de las cuales solo 35 cumplen con su función socioproductiva, y otras 30 gestionan su reconocimiento ante la comuna. Por lo que 405 serían irregulares.
Posición del Gobierno
El vicepresidente Álvaro García Linera dijo ayer que es necesario hacer una auditoría y que cualquier asentamiento ilegal debe ser desalojado, pero que “no va a suceder a gusto del cliente”, pues antes se debe coordinar el trabajo con instituciones como el INRA.
“Somos los más interesados en que si hay ocupaciones ilegales se las desaloje, pero eso no va a ser a gusto del cliente, se requiere un trabajo conjunto que, por supuesto, el INRA debe llevarlo adelante con una auditoría”, aseguró García en entrevista en Cadena A.
Luis Fernando Camacho, presidente cívico, cuestionó al INRA por la falta de transparencia en la transmisión de datos a los municipios. “El INRA no tiene la voluntad ni política ni técnica para darle la información. Hay (comunidades) sin aprobación de los alcaldes como debe ocurrir por un tema presupuestario”, apuntó.
Se tiene previsto que el recorrido que realiza la comisión de tierras de los cívicos se prolongue hasta este viernes. Al cierre de esta edición se desarrollaba la reunión en San Rafael. Para hoy está en agenda el municipio de San José de Chiquititos; le siguen San Miguel, Roboré y Puerto Suárez.
