SANTA CRUZ

Analistas y exediles ven que confusión de roles impide fiscalización en la Alcaldía


La presidenta del Concejo fue clave en los acuerdos con gremiales y transportistas que objetaban los planes de ordenamiento de la ciudad. Ella argumenta y responde críticas 

La Arq. Angélica Sosa, presidenta del Concejo Municipal; y el Ing. Percy Fernández, alcalde de la ciudad, en una sesión del legislativo
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28/05/2018

La presidenta del Concejo Municipal, Angélica Sosa, viene siendo una figura clave para resolver los conflictos que se suscitan en los procesos de ordenamiento de los mercados y del transporte. Ella presidió las negociaciones y aún lo hace, y es quien se ha puesto al frente de los que se oponen y se movilizan contra las políticas del gobierno municipal.

No obstante, ese rol protagónico es criticado por exconcejales, políticos y analistas, que opinan que la titular del legislativo está asumiendo tareas del Ejecutivo y concentrando poderes. Además, observan la falta de fiscalización por parte del Concejo hacia el Ejecutivo sobre las licitaciones y aprobación de contratos y convenios, y como ejemplo citan el escándalo que se generó con la denuncia de que miembros de una fraternidad, de la que es parte el secretario municipal de Obras Públicas, se han adjudicado contratos. 

El abogado y asambleísta de Demócratas, José Luis Santistevan, cuestiona la funcionalidad de los dos órganos del municipio y la dependencia entre sí de ambos  poderes. Según él, esa figura anula la capacidad fiscalizadora que debe tener el Concejo porque, a su entender, el legislativo aprueba las leyes, el alcalde Fernández las promulga, pero la presidenta del órgano deliberante se encarga de hacerlas cumplir.  



Además, Santistevan pone en entredicho la relación que hay entre las organizaciones territoriales y las instituciones corporativas como los colegios de profesionales que, de acuerdo con la ley 341 de Participación y Control Social, están llamadas a fiscalizar la gestión de las entidades públicas.

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“Han destruido la capacidad de méritos de los miembros de la sociedad civil porque empezaron a entregarse condecoraciones entre ellos”, dijo el abogado que pone en tela de juicio la ley de contratos y convenios que aprobó el Concejo para allanar la firma de contratos del Ejecutivo municipal.

También observa la relación que hay entre la comuna y los colegios de profesionales porque, a su entender, las distinciones que se entregan le restan facultad fiscalizadora a la labor que desempeña la comuna. Esa crítica está relacionada a las distinciones que recibieron Percy y Sosa de parte del Colegio de Arquitectos por la concesión de predios de la sede administrativa del ente colegiado. El acto fue el 20 de octubre de 2016 y días después, la comuna otorgó medalla al mérito municipal a esa institución.

En febrero de 2016, el Concejo también entregó la máxima condecoración de la Cruz de la Orden del Capitán Ñuflo de Chávez al burgomaestre cruceño y la semana pasada distinguió a la Guardia Municipal por el trabajo que realizó en el desalojo de los gremiales que ocupaban los espacios públicos en la antigua La Ramada.



Otto Ritter, abogado falangista y exconcejal, y Leonardo Roca, exmunícipe disidente de Santa Cruz Para Todos, cuestionan el rol que desempeña el  legislativo.

Según Ritter, el órgano deliberante no fiscaliza debido a la confusión de los roles de ambos poderes, pues a su entender, la presidenta ejerce como miembro del Ejecutivo. Además, indica que las apariciones públicas del alcalde se dan una vez que el conflicto está resuelto.

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La observación de Ritter está relacionada al rol que asumió la concejal presidenta en los operativos, junto con algunos secretarios municipales, para desalojar a los gremiales del Abasto y de La Ramada, donde incluso ha venido sufriendo agresiones verbales de parte de los gremiales. 

La madrugada del 3 de noviembre de 2017, la presidenta del Concejo, junto a varios secretarios municipales, inspeccionó el Abasto  que hasta esa fecha eran ocupados por los ambulantes y 19 días después (22 de noviembre) una turba de gremiales llegó hasta Parques y Jardines e intentó ingresar por la fuerza a esos predios donde se tenía programada una reunión entre ediles y la dirigencia gremial. La Policía tuvo que intervenir.

Por su lado, Roca también hace observaciones al rol del legislativo y a la ausencia de la figura del alcalde Fernández en los conflictos que enfrenta la comuna con algunos sectores.  “Se confunde la función del Ejecutivo con la del Legislativo; ahí se la ve a la presidenta del Concejo que hace y decide todo en el gobierno municipal a pesar de que no es su competencia, para eso hay un alcalde y se votó por él”, expresó Roca y añadió que esta situación afecta la planificación que hace el personal técnico del Ejecutivo y también la independencia de poderes.



Recordó que una de las últimas negociaciones que lideró Sosa fue con el sector gremial de Jaime Flores y anunció que la Alcaldía cedía parte del parqueo del minorista La Ramada para que se asienten los comerciantes. Tras el acuerdo, el 8 de mayo el Concejo sesionó y aprobó una ley que autoriza al ejecutivo la construcción de un pabellón de dos plantas en un terreno de 10.000 m² para albergar a los 2.800 gremiales de Flores.

Otra de las intervenciones de la cabeza del legislativo en conflictos sociales está relacionada con el anuncio de bloqueo de carreteras que hizo la Federación Departamental de Cooperativas de Transporte de Santa Cruz para el 25 de abril en rechazo de la norma que ordena las rutas del transporte interprovincial e intermunicipal. 

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El 24 de abril, por la mañana, el secretario de Movilidad Urbana, Rolando Ribera, aseguraba que no se iba a dar marcha atrás en el plan de reordenar las rutas del transporte interprovincial e intermunicipal, pero por  la tarde la presidenta del Concejo se reunió con los dirigentes de ese sector  y accedió a derogar el artículo de la ley 823, dejando como están las paradas y las rutas de dicho sector.

La versión del Ejecutivo

El secretario de comunicación, Jorge Landívar, salió al paso de estas críticas para asegurar que el Concejo Municipal mantiene y aplica la facultad fiscalizadora que le da la Constitución Política del Estado, la Ley Marco de Autonomías y la Ley 482 de Gobiernos Autónomos Municipales.

A decir de Landívar, cada uno de los 11 concejales tiene la atribución de hacer peticiones de informes escritos y orales a los secretarios para que expliquen un determinado tema, mientras que desde la presidencia del Legislativo salen minutas de comunicación dirigidas al Ejecutivo para que se instruya al personal técnico actuar  de manera inmediata en un determinado tema.

Se trabaja tan coordinadamente entre el Ejecutivo y el Concejo que realmente se confunden (los roles). Esto no ocurre en todos los municipios del país ni ocurría antes acá.En el gobierno municipal hay un trabajo conjunto, es más, muchas leyes, antes de ser presentadas al Concejo se elaboran haciendo las consultas para ver si tiene la técnica legislativa”, aclaró Landívar.

Concejales defienden su rol

Los concejales aseguran que hacen peticiones de informes orales y escritos tras conocer denuncias públicas o dudas sobre supuestos acto de corrupción.

El concejal  Jesús Cahuana (UCS) asegura que existe fiscalización  a los contratos y convenios que aprueba el Ejecutivo, y que a través de la ley de firmas y contrato se eliminaron las pugnas políticas y se priorizaron las obras que serán en beneficio de la población.
Johnny Fernández (UCS) indica que desde que asumió su rol en el Concejo, en 2017, es el que más veces ha pedido informes escritos y orales al Ejecutivo y muestra de ello es que en la última semana solicitó un informe escrito sobre las cámaras de vigilancia que adquirió la comuna.“Creo que le falta un poco más de protagonismo al Ejecutivo municipal”, subrayó. 

Rosario Schamisseddine, concejala por la agrupación Todos por Santa Cruz, también asegura que fiscaliza al Ejecutivo, sobre todo en temas relacionados con la educación. “Siempre fiscalizamos, el hecho de que tengamos una buena relación y coordinación con el Ejecutivo no quiere decir que se deja de fiscalizar”, manifestó. 

El concejal suplente del MAS Johnny Zeballos dijo haber hecho 113 peticiones de informes escritos y 42 informes orales sobre contrataciones de personal para obras de infraestructura y de adquisiciones  de equipos de monitoreos y vigilancias en colegios.

La concejala oficialista Loreto Moreno también justificó el trabajo personalizado de fiscalización y de coordinación que hace cada uno de los concejales.



 




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