Alcaldía cruceña disuelve el contrato con la firma MAHS

El alcalde municipal Percy Fernández disolvió el convenio de alianza estratégica con la empresa MAHS, referido a la instalación de mobiliario urbano en la ciudad y que autorizaba a la empresa la instalación de tótems y vallas publicitarias en las jardineras, rotondas y camellones de la urbe sin otro costo que ceder el 30% de su espacio al municipio, toda vez que la liberaba del pago de tasas y patentes.

Entretanto, el Concejo Municipal destituyó del cargo a la secretaria de Administración del órgano deliberante, Paola Durán, investigada por la Fiscalía dentro del caso de compras de bandas distintivas con supuesto sobreprecio.

La disolución de la alianza fue comunicada ayer al pleno del Concejo a través de un informe, en el que se explicaron los argumentos legales que llevaron al ejecutivo a tomar dicha decisión, entre ellos el no haber cumplido con el objetivo del mismo.

El acuerdo estipulaba que la Alcaldía se comprometía a otorgar por diez años (hasta 2024) el uso de áreas de propiedad municipal a la empresa a cambio de que le ceda el 30% para la difusión de información municipal y campañas de educación ciudadana; la liberaba de pagos de patentes municipales.

El 23 de agosto, el burgomaestre ordenó poner fin a dicho convenio con MAHS, en momentos en que el gobierno municipal recibía duros cuestionamientos por ese y otros contratos, con presuntas irregularidades. Fue el diputado Wilson Santamaría quien denunció ante los medios de comunicación el acuerdo, posteriormente, presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra el alcalde y otras autoridades municipales.

Tras las críticas, el alcalde reconoció haberle ‘pelado’ con la alianza. “No es la primera vez que le pelamos Jorge (por Landívar), no, y está bien puej pa’ aprender es pelándole”, expresó el alcalde cuando ordenó la disolución del convenio.

Ayer, la presidenta del Concejo informó de que la conclusión del convenio dispuesto por el gobierno municipal ahora debe pasar a la Comisión de Constitución del legislativo, a fin de que se elabore el documento legal y la empresa sea notificada.

No obstante, el concejal de UCS, Johnny Fernández, cree que el caso no debe cerrarse con la resolución del convenio, toda vez que hay incumplimiento de deberes y delitos que deben ser investigados. “Por más que el alcalde disuelva ese convenio, igual existe incumplimiento de deberes y hay delitos porque la empresa no debería estar lucrando con los espacios públicos si no tenía contrato. Durante estos cinco años han estado lucrando con el espacio público”, expresó el ucesista.

Sobre las bandas

En la misma sesión, la presidenta del Concejo anunció que Wílder Vaca asume como secretario de Administración del Concejo Municipal, cargo que ocupaba Paola Durán.

Sosa decretó esta decisión luego de que la sumariante, Indira Suárez, hiciera conocer su informe en el que confirma la responsabilidad administrativa de los nueve funcionarios suspendidos por el tema de la adquisición de bandas.

Dos de ellos han sido destituidos de sus cargos, a cuatro se les aplicará una multa del 20% de descuento de su haber mensual, uno ha sido absuelto por no haber estado en el cargo cuando se dieron los hechos y dos exfuncionarias también tienen responsabilidad administrativa. Eso se remitirá a la Contraloría del Estado y se notificará a los afectados, quienes tienen tres días para apelar.

Sosa explicó que el informe de la sumariante pasó al área administrativa para que se haga el seguimiento de ley, donde Durán, que está como parte denunciada, “no puede ser juez y parte, (por lo que) se decreta que sea alejada del cargo”. La Secretaría de Coordinación quedó acéfala, por lo que hoy se hará conocer quién asume esta plaza.

Los funcionarios destituidos son Raquel Paniagua Suárez e Israel Rodríguez. Asimismo, se aplicó una sanción, consistente en el descuento del 20% de su haber mensual, aplicable por una sola vez, a Freddy Oviedo Quiroz, Gabriela Daría Veramendi, Jenny Rocabado Ortiz y Víctor Hugo Jordán Rojas.

De igual forma se encontraron responsabilidades administrativas en las exfuncionarias Verónica Romero Suárez y Liziel Yelil Valenzuela Arancibia, a efectos de registro en la Contraloría.

El informe estableció la inexistencia de responsabilidad administrativa para Roberth Paúl Zeballos Montenegro, toda vez que no estaba en funciones.

Se estableció que se envíe copia de la resolución del sumario a la Contraloría General y se recomendó que la Secretaría de Administración y Finanzas haga seguimiento a la investigación.

La concejala Loreto Moreno confirmó que el alejamiento de Durán fue para que asuma su defensa en el proceso que se ventila en la Fiscalía.

Para el concejal Fernández, el caso de la compra de bandas no debe quedar ahí, sino que también se debe investigar si la ahotra exsecretaria de Administración y Finanzas remitía informes sobre las compras a la presidenta del Concejo cada 30 días, como establece la norma.