El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, respaldó la posición del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), instancia que ayer se declaró en emergencia y otorgó un plazo de 20 días al Gobierno nacional y la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para atender sus demandas en cuanto a presupuesto y otros pedidos.
La mañana de este martes, el gobernador cruceño manifestó que si se busca hacer una reforma judicial con una justicia al lado de la gente no se podrá ejecutar sin la asignación de presupuesto por parte del Estado.
“Estoy totalmente de acuerdo con el presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Es imposible que menos 0,35% del Presupuesto General sea para la justicia, así es imposible atender las demandas, por eso me parece que la petición es bastante aceptable”, afirmó Velasco ante los medios de comunicación.
Para el gobernador cruceño, sin la debida asignación de recursos al TSJ no se podrá digitalizar la justicia, infraestructura y recursos humanos para una atención oportuna a los ciudadanos que llegan hasta los tribunales departamentales de justicia.
Tensión entre TSJ y Ejecutivo
Ayer por la tarde, el presidente del TSJ, Rómer Saucedo, Saucedo, informó que la justicia recibe el 0,35% del Presupuesto General del Estado, una asignación que, según explicó, limita el trabajo de los tribunales, profundiza la retardación y obliga a los jueces a desempeñar sus funciones con equipos obsoletos y con materiales comprados por ellos.
Además del incremento presupuestario, las autoridades judiciales exigen que la Asamblea Legislativa trate los proyectos de ley remitidos por ese órgano. También solicitaron que el presidente Rodrigo Paz y su gabinete se trasladen a Sucre para sostener un diálogo directo.
“Se enviará una nota al presidente (Rodrigo Paz) para que con todo su gabinete reciba a la comisión del Órgano Judicial. La reunión tiene que ser en Sucre, en la capital del país”, sostuvo el titular del TSJ.
Si no existe una respuesta, el primer paro será de 24 horas. Posteriormente, las medidas podrían ampliarse a 48 y 72 horas hasta llegar a una suspensión indefinida de actividades. En una entrevista con el Grupo EL DEBER el 12 de diciembre de 2025, Saucedo indicó que lo ideal y “el sueño” es tener el 3% del Tesoro General de la Nación en favor del Órgano Judicial.
“Los que respetamos el estado de derecho, los que somos garantes de una justicia en el país no somos atendidos. Pero los que bloquean, los que paran, los que dejan de trabajar a ellos sí los atienden”, expresó.
En respuesta a ello, el vocero presidencial, José Luis Gálvez, manifestó que una paralización afectaría a la población y calificó las advertencias de algo “inaudito y reprochable”.
Señaló que nunca antes las máximas autoridades judiciales habían planteado una medida de estas características y advirtió que las consecuencias serían responsabilidad de quienes la convoquen.