El Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) intervino la Jefatura Departamental de Santa Cruz luego de recibir denuncias sobre presuntos cobros irregulares y posibles hechos de corrupción que habrían afectado a productores y usuarios en distintos puestos de control del departamento.
La medida fue dispuesta por el Área Nacional de Transparencia Institucional, en el marco de la política de cero tolerancia a la corrupción impulsada por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, con el objetivo de preservar pruebas y esclarecer las denuncias.
Según un comunicado oficial, la intervención se realiza bajo los principios de legalidad, transparencia y debido proceso, en cumplimiento de la Constitución Política del Estado y de las leyes Marcelo Quiroga Santa Cruz (Ley 004), Ley 974 de Unidades de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción y la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales.
Como parte de las primeras actuaciones, personal del Área Nacional de Transparencia ejecutó diligencias para preservar los elementos de convicción relacionados con el caso.
Entre las acciones realizadas se encuentran el levantamiento de actas de constatación, la recepción de declaraciones testificales y el resguardo de documentación e información considerada relevante para el desarrollo de la investigación.
La institución señaló que todas estas actuaciones se realizaron garantizando la cadena de custodia de la evidencia, la objetividad del proceso y el respeto a los derechos de las personas involucradas.
Asimismo, informó que se adoptaron medidas preventivas para evitar la alteración, destrucción, ocultamiento o manipulación de evidencia física y digital, conforme a las atribuciones conferidas por la Ley 974.
El Senasag recordó que todos los servidores públicos tienen la obligación de colaborar con las labores de control y fiscalización institucional.
En ese sentido, advirtió que cualquier conducta orientada a obstaculizar las investigaciones, ocultar información o incumplir requerimientos legales podrá derivar en procesos administrativos, civiles o penales, conforme a la normativa vigente.
La entidad precisó que la intervención se desarrollará dentro del plazo establecido en la resolución administrativa que la autorizó y concluirá con un informe técnico, cuyos resultados serán remitidos a las autoridades competentes para determinar las acciones legales que correspondan.
Finalmente, el Senasag reafirmó su compromiso con la transparencia y la lucha contra la corrupción, e invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier presunta irregularidad a través de su Call Center 800-10-8040, garantizando la confidencialidad de las denuncias y su tratamiento conforme a la ley.