La muerte de una bebé de seis meses en Cochabamba, que presumiblemente era parte de un grupo de menores utilizados para la mendicidad, dejó al descubierto una problemática más profunda: la falta de documentación básica que garantice el ejercicio de los derechos de los niños.
La pequeña no contaba con certificado de nacimiento, situación que ahora impide la emisión de su certificado de defunción y, por tanto, el traslado de sus restos para darle sepultura en su lugar de origen. “A una semana del fallecimiento, la bebé no puede descansar en paz. Hasta en su muerte se le siguen vulnerando sus derechos”, denunció la directora municipal de Género y Asuntos Generacionales, Lola Terrazas.
El cuerpo de la menor permanece en la morgue de Cochabamba debido a trabas administrativas que han frenado el proceso de traslado. Según Terrazas, la situación evidencia la ausencia de políticas estatales eficaces para proteger a niños y adolescentes en condiciones de extrema vulnerabilidad.
La autoridad responsabilizó a otras instituciones por exigir requisitos que, a su juicio, dificultan concretar el traslado del cuerpo. Explicó que el único documento que tenía la bebé era su carnet de vacunación.
La niña nació en un domicilio y no en un establecimiento de salud, por lo que nunca obtuvo un certificado de nacido vivo. Además, su madre vive en situación de calle.
Las autoridades municipales cuestionaron la demora en la remisión de documentación desde Cochabamba y creen que tampoco se hizo el informe de riesgo social por abandono.
La bebé falleció el 3 de julio a causa de una broncoaspiración, asociada además a un cuadro de desnutrición y fiebre.
Un problema estructural
Vanesa Cuéllar, jefa de Género, informó que junto a la bebé se encontraban dos niños y dos adolescentes que eran utilizados para la mendicidad y fueron entregados a miembros de la comunidad ayorea, a la que pertenecen.
Terrazas explicó que el hombre detenido por este caso es tío de la menor y señaló que la madre se encontraba en situación de calle, por lo que considera necesario analizar varios factores, entre ellos si la mujer se encontraba en pleno uso de sus facultades para ejercer el cuidado de la niña.
Asimismo, indicó que debe tomarse en cuenta la realidad social y cultural que enfrenta el pueblo ayoreo. Según sostuvo, la extrema pobreza ha llevado a algunas familias a naturalizar la mendicidad como una forma de subsistencia, pese a que la utilización de menores para esta actividad constituye un delito.
La directora lamentó que muchos pueblos indígenas arrastren esta problemática por falta de atención integral por parte del Estado. Mencionó que la guardería de la comunidad Degüi lleva siete años sin funcionar, que la escuela solo ofrece educación hasta el nivel primario y que las oportunidades laborales son escasas.
“Todos somos corresponsables de la situación del pueblo ayoreo, porque como sociedad se los empuja al fango, a extinguirse y se los estigmatiza. Creo que este es un problema estructural de pueblos que tienen una triple condición de vulnerabilidad”, reflexionó.
Al respecto, el dirigente de la comunidad Degüi, Mariano Picaneray, pide una investigación que tome en cuenta sus usos y costumbres, porque tienen una convivencia colectiva y las familias son ampliadas.
Investigación
La muerte de la bebé permitió a las autoridades activar un proceso por trata y tráfico de personas.
Durante los operativos realizados en Cochabamba fueron rescatados dos niños y dos adolescentes, que viajaron junto a la bebé.
La pareja que los llevó (Édgar Isaías M.S. y Marisabel W.D.) fueron enviadas con detención preventiva por cuatro meses.