La Gobernación de Santa Cruz rechazó las críticas surgidas por el acuerdo que permitió levantar el bloqueo de San Julián y negó que el gobernador Juan Pablo Velasco hubiera comprometido la liberación de las personas detenidas por los enfrentamientos ocurridos durante el operativo policial del 6 de junio.
El portavoz de la administración departamental, Rolando Schrupp, aseguró que el gobernador no tiene atribuciones para ordenar la libertad o la detención de ninguna persona, debido a que esas decisiones corresponden exclusivamente a la justicia y al Ministerio Público.
“Los gobernadores no son carceleros, no son fiscales y no son jueces”, afirmó Schrupp al responder a los cuestionamientos formulados después de conocerse los 19 puntos acordados con los sectores movilizados.
Uno de esos compromisos establece que la Gobernación realizará gestiones ante el Ministerio Público y la Fiscalía por la situación de dos personas que permanecen detenidas preventivamente por los hechos violentos registrados en San Julián. El documento fijó inicialmente hasta viernes 26 de junio como fecha para atender ese pedido.
Schrupp remarcó que la participación de la Gobernación se limita a prestar sus “buenos oficios” y facilitar el diálogo entre los sectores involucrados y las instituciones competentes.
“Que hayamos sido un actor válido para conseguir la pacificación es una cosa, pero que el gobernador tenga la capacidad o la facultad de liberar o detener personas es otra”, señaló.
Según el portavoz, interpretar el acuerdo como un compromiso directo de liberación responde a un desconocimiento de las competencias legales de cada institución. También rechazó que la Gobernación hubiera negociado decisiones sobre tierras o asentamientos.
“El gobernador no es jefe de la Policía ni autoridad competente para repartir tierras. Tenemos que respetar las competencias y facultades de cada actor en la sociedad, sin usurpar funciones”, sostuvo.
Las declaraciones se produjeron durante la instalación de mesas técnicas entre la Gobernación y representantes de San Julián para dar seguimiento a las demandas que permitieron levantar el bloqueo. La medida de presión se prolongó durante 38 días y afectó una ruta estratégica que conecta Santa Cruz con la Chiquitania y el departamento de Beni.
El acuerdo fue alcanzado la madrugada del domingo 21 de junio, después de una reunión encabezada por Velasco, con participación del comandante departamental de la Policía, autoridades departamentales y representantes del sector intercultural de la faja norte.
La negociación permitió despejar la carretera sin una intervención de la fuerza pública, pese a que se encontraba vigente el estado de excepción decretado por el Gobierno nacional para restablecer la circulación en las rutas bloqueadas.
Sin embargo, el punto referido a los detenidos provocó cuestionamientos debido a que las aprehensiones están vinculadas con la violencia registrada durante el intento de desbloqueo del 6 de junio.
En esa jornada se produjeron enfrentamientos entre policías y manifestantes. Seis efectivos resultaron heridos y dos de ellos recibieron impactos de proyectil de arma de fuego. El Ministerio Público abrió una investigación y presentó imputaciones por siete delitos.
Entre los tipos penales atribuidos se encuentran terrorismo, tentativa de homicidio, asociación delictuosa, atentado contra miembros de organismos de seguridad del Estado, destrucción o deterioro de bienes estatales, atentado contra la libertad de trabajo y lesiones graves y leves.
Cinco personas fueron inicialmente procesadas. La justicia dispuso la libertad de tres y ordenó la detención preventiva de otras dos por un periodo de 180 días en el penal de Palmasola.
La defensa de los imputados anunció que apelaría la resolución y sostuvo que las acusaciones no corresponden con los hechos investigados. También afirmó que algunos de los detenidos no participaban del bloqueo cuando fueron aprehendidos.
Schrupp insistió en que la Gobernación no puede intervenir en esa controversia judicial. “Nos han malacostumbrado a este caudillismo y autoritarismo de pensar que los políticos pueden meter presa o liberar gente. No se puede, no es competencia de los políticos”, manifestó.
Agregó que cualquier respuesta sobre la situación jurídica de los investigados dependerá de las actuaciones de fiscales y jueces. “Si queremos cambiar las cosas, tenemos que comenzar respetando las funciones y la independencia de cada poder. Eso se hace con hechos y no con palabras”, afirmó.
El portavoz también calificó como infundadas las acusaciones de que el acuerdo hubiera otorgado beneficios sobre predios o asentamientos, especialmente en el caso de Las Londras, ubicado en la provincia Guarayos.
El punto 16 del documento establece que ese asunto será tratado en una mesa técnica con el Instituto Nacional de Reforma Agraria, mientras que la Gobernación se comprometió a convocar en julio a la Comisión Agraria Departamental.
“El gobernador no ha entregado tierras. Hay un afán perverso de tergiversar las cosas porque no han querido leer el acuerdo”, cuestionó Schrupp.
En su criterio, las críticas buscan desacreditar una negociación que evitó una nueva confrontación violenta. “Es un logro conseguir la pacificación por la vía del diálogo, porque es la forma correcta de hacer las cosas”, agregó.
El acuerdo incluye además la construcción y mejoramiento de carreteras, trabajos de encauzamiento del río Grande, perforación de pozos, electrificación rural, revisión de personerías jurídicas, saneamiento de tierras y el retorno de la Policía a San Julián.
Schrupp anunció que la Gobernación sostendrá todas las reuniones necesarias para avanzar en el cumplimiento de esos compromisos y aseguró que la prioridad es resolver los problemas mediante gestión y coordinación.
“No queremos volver a esa politiquería vieja que simplemente busca confrontación. Estamos aquí para solucionar problemas”, expresó.
La Gobernación sostiene que el diálogo permitió restablecer la circulación sin repetir los enfrentamientos del 6 de junio. Mientras tanto, la situación de los detenidos seguirá bajo decisión del Ministerio Público y de los jueces que conocen el caso.