El juez Primo Flores ordenó este jueves la detención preventiva en diferentes cárceles de los padres de la bebé de 10 días que murió envenenada y del hermano de la madre, tras considerar que existen suficientes elementos que los vinculan con el delito de infanticidio. Durante la audiencia, los progenitores admitieron haber suministrado el fármaco que intoxicó a la recién nacida y justificaron el crimen señalando que la niña era un obstáculo para sus proyectos de vida.
El magistrado dispuso que el padre de la menor y el hermano de la madre sean trasladados al penal de Chonchocoro, en La Paz, mientras que la madre cumplirá detención preventiva en la cárcel de Palmasola, en Santa Cruz. La medida fue impuesta por tiempo indefinido debido a la gravedad y relevancia social del caso.
Durante la audiencia cautelar y según antecedentes expuestos por la Fiscalía, el hecho fue planificado. Sin embargo, el tío negó participación en el crimen y señaló que se lo vinculó porque vivía en la misma casa de su hermana.
El padre explicó ante el juez que necesitaba continuar sus estudios universitarios y manifestó que criar a una hija dificultaría sus planes personales. Indicó que cursaba la carrera de Contaduría en una universidad privada y que tenía "una vida por delante", argumento que utilizó para justificar el crimen.
La Fiscalía sostuvo que esa declaración confirma que el asesinato fue premeditado y obedeció a la decisión de eliminar a la niña porque representaba un obstáculo para que ambos padres continuaran estudiando y desarrollaran sus proyectos personales.
La fiscal Rose María Barrientos, encargada de la investigación, imputó a los tres acusados por el delito de infanticidio y solicitó su detención preventiva, pedido que fue acogido por la autoridad judicial.
Durante la audiencia, el Ministerio Público también informó que ninguno de los tres imputados aceptó someterse a un procedimiento abreviado, por lo que el proceso continuará por la vía ordinaria.
La investigación reveló previamente que la recién nacida murió tras ser envenenada con una sustancia que le fue suministrada por sus padres antes de que su cuerpo fuera enterrado en un terreno baldío de la avenida G-77 más China. La autopsia confirmó que la causa de muerte fue una intoxicación provocada por un fármaco.
El caso salió a la luz después de que la tía materna denunciara la desaparición de la bebé. Posteriormente, el padre condujo a la Policía y a la Fiscalía hasta el lugar donde había sido enterrada la menor.
Con este caso, la Fiscalía General del Estado elevó a 17 la cifra de infanticidios registrados en Bolivia durante 2026, de los cuales cinco corresponden al departamento de Santa Cruz.