A través de un comunicado, la Defensoría del Pueblo pidió que se investigue el uso de armas de fuego y explosivos utilizados contra efectivos policiales que fueron a desbloquear la carretera Santa Cruz de la Sierra - Trinidad, a la altura del municipio de San Julián.
“Durante el operativo se habría evidenciado la presencia de actores paraestatales y grupos de choque, además del uso de armas de fuego y explosivos, situación que debe ser objeto de investigación objetiva y transparente por el Ministerio Público, a fin de establecer responsabilidades individuales”, dice parte de la nota publicada por esta instancia.
La Defensoría del Pueblo también detalló que “de acuerdo con información verificada” durante el operativo, realizado la mañana del sábado, se registró un total de 33 personas heridas, entre las que se cuentan 26 civiles y siete efectivos policiales.
“Respecto a las personas civiles, 24 presentaban heridas leves y moderadas (por lo que fueron dadas de alta) y dos fueron internadas en centros de salud para ser intervenidas quirúrgicamente, una por herida de bala. Sobre los siete efectivos policiales, cuatro fueron atendidos por heridas de armas de fuego, uno de ellos (herido en la cabeza) permanece en terapia intensiva”.
La institución defensorial recordó que toda actuación del Estado en contextos de conflictividad social debe regirse por los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza, garantizando en todo momento la protección de la vida y la integridad personal. Asimismo, recuerda que el derecho internacional no protege el ejercicio del derecho a la protesta, cuando se evidencian actos de violencia extrema.
También manifestó que, en línea con las recomendaciones de la CIDH y del Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia), es fundamental que el Estado actúe para prevenir la organización de grupos que se autoproclaman como fuerzas de seguridad.
“La constitución de grupos paraestatales y de choque en contextos de crisis no solo es ilegal sino altamente riesgosa”.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo instó a los actores involucrados a evitar la escalada de la violencia, priorizar resoluciones pacíficas y garantizar la protección de la población civil.