El Ministerio Público ordenó el congelamiento de cuentas del exalcalde Jhonny Fernández y que se active la alerta migratoria dentro del proceso por el presunto sobreprecio en compra de cuatro hospitales móviles.
Así lo informó la presidenta del Concejo Municipal, Luisa Nayar, quien el mes pasado denunció el hecho ante la Fiscalía.
“Se ha ordenado el congelamiento de cuentas de esta persona, y de quienes hayan osado meter la mano al bolsillo de las familias cruceñas, van a tener que devolver centavo a centavo todo”, manifestó Nayar.
Dentro del proceso investigativo, se han emitido 47 requerimientos fiscales, entre ellos que se active la alerta migratoria y el congelamiento de las cuentas del exalcalde.
Las medidas también alcanzan a la exsecretaria municipal de Salud, Adriana Amelunge, quien además tiene la anotación preventiva de un vehículo.
El proceso es seguido por el fiscal Gustavo Ríos, quien emitió los requerimientos luego de avalar el informe policial.
En junio, la presidenta del Concejo denunció la compra de cuatro hospitales móviles con un supuesto sobreprecio de Bs 2,8 millones durante la gestión de Fernández, los mismos que estaban sin uso en el parqueo de la Subalcaldía del Distrito 3.
Las irregularidades
Según la denuncia de Nayar, la anterior gestión municipal compró cuatro camiones y los adaptó para que funcionen como hospitales móviles, pero los pagó como si fueran unidades especializadas importadas.
El acta de recepción de los hospitales detalla que el Gobierno Municipal pagó Bs 1.248.605 por un camión más la carrocería. Sin embargo, una cotización de la concesionaria muestra que el costo real de cada unidad alcanza a Bs 531.108, tomando en cuenta que el vehículo se cotiza en 433.608 y la fabricación del furgón o carrocería en Bs 97.500.
Tomando en cuenta estos valores, la diferencia entre el precio pagado y el costo cotizado sería de Bs 717.497 por cada hospital móvil.
“En las cuatro unidades adquiridas, el presunto daño económico al municipio alcanzaría los Bs 2.869.988”, insistió la presidenta del Concejo.
El Ministerio Público inició un proceso por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado contra el exalcalde y la exsecretaria municipal de Salud.