El Derecho a la Información y la Comunicación (DIC), la calidad de la información periodística y la reorganización política del campo mediático boliviano son las tres grandes áreas temáticas que problematiza el libro Medios a la Vista 2 recientemente publicado por el Observatorio Nacional de Medios (ONADEM) de la Fundación UNIR Bolivia.            

Se trata de un volumen que compila 25 estudios y documentos elaborados entre los años 2009 y 2011, los cuales dan cuenta del polémico proceso de regulación de diferentes aspectos del ámbito informativo-comunicacional que tuvo lugar en ese lapso, de las posiciones institucionales adoptadas por UNIR al respecto y de los planteamientos que efectuó en pro de los principios, las libertades y responsabilidades del DIC. Los materiales  también analizan desde una perspectiva técnico-profesional el comportamiento de los medios noticiosos impresos, radiofónicos y televisivos en la cobertura informativa y de opinión de distintos momentos de la conflictividad vivida en el país durante ese trienio, además de que examinan la manera en que el escenario, los actores y las tendencias de los medios masivos en Bolivia se vienen reconfigurando en los últimos años.         

    El primer eje de la reflexión remite a la necesidad de que se lleve adelante un debate amplio y plural en torno a la concepción, los contenidos y los alcances DIC, un derecho que está garantizado por la Constitución Política del Estado desde febrero de 2009 pero que, aparte de ser muy poco conocido, no sólo que es reducido en su entendimiento y en su aplicación práctica a las prerrogativas del periodismo —el propio texto constitucional presenta esas limitaciones—, sino que ha resultado afectado en grados variables por leyes y reglamentos que fueron puestos en vigencia a partir de mediados de 2010.            

 De lo anterior, con lo expuesto en el libro, es posible extraer varias consecuencias inmediatas: tiene que aclararse doctrinal, conceptual y legalmente el sentido del DIC; hay que difundir entre toda la población que éste está en pleno vigor;el Estado está obligado a asegurar el  cumplimiento de este derecho en todos los planos y a evitar toda decisión o acción que lo vulnere; debe involucrarse al conjunto de la ciudadanía en la exigibilidad y el ejercicio del mismo; se requiere impulsar la comunicación democrática intercultural; es preciso promover la discusión sobre la complementariedad probable entre autorregulación periodística y regulación comunicacionaly hace falta que todas las personas, en su condición de titulares del DIC,asuman un papel activo sobre el particular.            

 En el segundo caso, la calidad de la información noticiosa y de sus subproductos, la opinión y la interpretación periodísticas, es un factor del profesionalismo, la credibilidad e incluso el rating que ha sido introducido por el ONADEM en la agenda de los medios y de las carreras universitarias del sector al menos desde 2006 a fin de que se lo tome en consideración de modo permanente en el trabajo diario y en la formación de los nuevos cuadros profesionales. Guarda relación con la comprensión de la información periodística como un bien público y de los medios informativos como organizaciones estatales, privadas, institucionales, no gubernamentales o comunitarias que tienen como finalidad básica ofrecer un servicio de interés público.            

 Para alcanzar sus propósitos, la información de calidad tiene que sujetarse a un mínimo de estándares técnicos de la profesión periodística que, a su vez, implican conductas éticas de las fuentes, los anunciantes, los responsables de medios y los periodistas en la provisión, obtención, procesamiento y publicación de los datos sobre los hechos y las declaraciones que revisten utilidad para los lectores, oyentes, espectadores e internautas.        

      Esa calidad se hace perceptible tanto en los criterios de selección de los asuntos que son objeto de atención para los medios como en el rigor, el balance, la profundidad o la estética de los mensajes que éstos difunden acerca de ellos, pero de igual forma en los enfoques usados para abordarlos y en los estilos aplicados para su presentación a los públicos. La confianza que pueda merecer un medio depende, en gran medida, de la calidad de su trabajo, al mismo tiempo que del contexto en que éste se desarrolle: vigencia plena de libertades en la sociedad, condiciones laborales apropiadas, preparación profesional pertinente, etc.            

 Medios a la Vista 2 muestra, en esa dirección y basado en investigaciones  empíricas, que el periodismo boliviano continúa registrando falencias, desequilibrios e insuficiencias, que ha estado inmerso en un clima de inseguridad e incertidumbre, que requiere una reconducción en la capacitación universitaria de sus generaciones de reemplazoy que, entre otras facetas, debe aprovechar mejor sus potencialidades.            

Finalmente, el libro brinda un sucinto repaso al acontecer nacional del último quinquenio con un vistazo igualmente rápido a los antecedentes de la recuperación democrática en el país y formula la hipótesis de que el campo mediático boliviano está siendo reconfigurado desde el influjo proveniente de la política. Dicho campo es entendido como el conjunto de procesos de comunicación masiva que incluye a los medios impresos, radiofónicos, televisivos y a los sitios electrónicos autónomos o vinculados con aquéllos que difunden contenidos noticiosos, de entretenimiento, publicidad y propaganda.            

Lo señalado significa que, a diferencia de lo que ocurrió a mediados de la década de 1980, cuando fue la economía de libre mercado la que reorganizó el sistema de medios nutriéndolo de la lógica de la competencia comercial, hoy este mundo —en realidad, a partir del año 2006— está siendo recompuesto en función de definiciones políticas surgidas ante todo de la iniciativa gubernamentalreordenadora, las cuales están alimentándolo de otra lógica,  la de la confrontación por el poder.            

Gracias a esta situación se hacen evidentes dos hechos relevantes no siempre apreciados: 1) la información y la comunicación son un asunto central de la vida pública, y 2) los medios periodísticos son actores cada vez más importantes de esa vida. Esto convierte a las primeras en un sector estratégico y separa a los segundos de la vieja retórica que los consideraba apenas como “mensajeros” o  simples “mecanismos de reflejo de la realidad”. Así, la reconfiguración del campo mediático en curso puede hacer posible una cierta contextualización de las pugnas y negociaciones que están dándose en el país en torno al DIC sin que todavía se hubiera producido un debate suficiente y puede, asimismo, facilitar algunas líneas de explicación para las asignaturas pendientes de la calidad del periodismo. 

Medios a la Vista 2, aparte de documentar varias circunstancias en que el DIC, la calidad noticiosa y las fricciones entre autoridades de gobierno y medios privados estuvieron en el centro de la escena informativa y política durante el trienio 2009-2011, aporta una serie de análisis, de datos, elementos reflexivos y tomas de posición principistas que se orientan a motivar el interés por un mejor conocimiento ciudadano de estos temas que, por su naturaleza y derivaciones, debieran preocupara sectores más extendidos que los especializados. Los medios y el periodismo, antes que ser calificados como un “problema”, tienen que ser asumidos como objeto de problematización en el marco mayor de la dinámica social que, como es sabido, ya no resulta concebible sin ellos.  

Aunque la participación de la mujer en el espacio público (político, social y económico) se ha incrementado, persiste su invisibilización en los medios impresos porque se minimizan e ignoran sus aciertos y se enfatiza su rol de víctima, objeto sexual y como madre/esposa o novia de alguien.

Estos hallazgos forman parte del estudio realizado en el Observatorio Nacional de Medios (ONADEM) de la Fundación UNIR Bolivia por Sandra Villegas y María Sonia Chalup sobre la presencia de la mujer en la prensa como tema y fuente, los roles atribuidos y la situación de las periodistas en gremios y sindicatos. El trabajo fue realizado analizando noticias en 12 diarios de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.

Las mujeres bolivianas representan el 50,2% del total de la población, el 64,6% viven en las zonas urbanas y tienen una tasa de analfabetismo del 20,6%². A la fecha, diez mujeres (entre 21 ministros) forman parte del Poder Ejecutivo, existe sólo dos alcaldesas entre 8 alcaldes de ciudades capitales (las de Oruro y Cobija) y el 4% de las concejalías municipales (25 de 334 municipios) tienen rostro femenino.

Los datos económicos no son más alentadores. Tres de cada cuatro mujeres están sin empleo remunerado³, incluyendo quienes tienen  estudios superiores, y aquellas que ocupan puestos políticos son objeto de “acoso político”  y violencia física, sexual y psicológica permanente⁴.

La temática de “género”

Más de la mitad (54%) de estas noticias habló del liderazgo femenino en el ámbito público, lo que se explica por la  inserción creciente de la mujer en espacios de decisión como autoridad, en el campo de la cultura como artista y como líder vecinal y protagonista de reivindicaciones sociales barriales. Un 13% se centró en el reconocimiento profesional de algunas mujeres, y un porcentaje igual habló del liderazgo político de Dilma Rouseff, nueva Presidenta del Brasil.

Temas de altísima sensibilidad social tuvieron poca cobertura, entre éstos  los casos de hostigamiento a mujeres por ocupar cargos públicos (8%), el aborto (4%),  las luchas feministas (4%) y la incidencia pública de las iniciativas para declarar al feminicidio como delito penal (4%).

Mujeres como fuente

Este estudio constató que se consultó  a un número significativo de fuentes femeninas (41%) dentro de todas las noticias incluidas en la muestra y publicadas en los diarios analizados. Entre las 850 noticias que incluyeron alguna fuente femenina destacó la presencia de la candidata y luego presidente electa del Brasil, Dilma Rousseff.

Pese al importante número de fuentes femeninas, el estudio develó que se  invisibilizó el liderazgo femenino presente en la sociedad boliviana, en especial  en temas de salud y educación. Otros temas que incluyeron cobertura a fuentes femeninas fueron  civismo ciudadano (6%), medio ambiente (3%), seguridad alimentaria (1%), educación (0,5%) y desempleo (0,1%), pero con una escasa presencia en la agenda de los medios.

Hablar de mujer en la prensa, pasa ineludiblemente por referir que los medios de comunicación son instancias privilegiadas para recrear visiones del ser del quehacer de mujeres y hombres y de introducir “modelos” de mujer en el escenario social.

Los hallazgos del trabajo refieren que en la prensa predomina la mujer subordinada al género masculino y el discurso sobre ellas se centra en su función como ama de casa, esposa y novia.

Los medios impresos no ofrecen una imagen equilibrada de los diversos estilos de vida y roles de las mujeres y de sus aportes a la sociedad.

Los medios son uno de los mecanismos más importantes  en la producción y reproducción de representaciones simbólicas porque fortalecen la construcción y circulación de estereotipos negativos que discriminan a la mujer y obstaculizan las relaciones igualitarias en la sociedad. Así también, los medios son actores importantísimos para trabajar en la reversión de la discriminación.

[1] Sandra Villegas Taborga es Coordinadora Metodológica del ONADEM. svillegas@unirbolivia.org

³ CEDLA en http://www.cedla.org/obess/content/2088

La democracia tiene, como uno de sus significados, ser un “poder en público”. Esto significa que no sólo representa una forma de organización del poder político que permite la elección mediante el voto ciudadano de autoridades y programas de gobierno, sino que también representa la expresión pública del ejercicio del poder. En ese escenario ideal, los  gobiernos tendrían que actuar transparentemente e interactuar con unos ciudadanos que comprendan las acciones que realizan y puedan avalar y/o criticar a sus gobernantes en un proceso de retroalimentación permanente.  

 La forma democrática que tienen los ciudadanos para participar en el espacio público e incidir en la configuración de políticas públicas, está estrechamente ligada a los medios de comunicación, que son escenario y actores de lo político (actores porque inciden en el campo político[2], en la pugna de ideas que movilizan a la sociedad). La información sobre asuntos de interés común, entendida como bien público perteneciente a toda la colectividad, es un insumo fundamental para la participación democrática, para que se puedan ejercer los derechos ciudadanos.

 Un derecho fundamental en este sentido es el Derecho a la Información y Comunicación (DIC).  Al ser la democracia una forma de gobierno que requiere presencia y participación de mayorías y minorías, y ser idealmente un sistema que permite el debate público de  los temas de interés colectivo, requiere unos medios de comunicación plurales, que reflejen las diferentes ideas y propuestas políticas, económicas y sociales, que pugnan por recibir el mayor consenso posible para efectivizarse como políticas públicas. Es necesario entonces, ligando a los medios con la democracia, que existan los mecanismos necesarios para que los diferentes grupos sociales estén presentes en el debate público de manera plural, asegurando el respeto a las minorías y abriendo lo más posible los mecanismos de participación ciudadana, tanto en los medios como en los mecanismos de poder público. Es necesario abrir los espacios para la deliberación social de los temas de interés colectivo, visibilizando a los temas y todas sus posibles interpretaciones.   

La cobertura informativa de los procesos electorales  

El Observatorio Nacional de Medios (ONADEM), iniciativa de la Fundación UNIR Bolivia, realizó estudios de análisis cuantitativo y cualitativo respecto a la cobertura informativa de los procesos electorales desde las elecciones nacionales de diciembre 2005, en la línea de contribuir dar insumos para un periodismo ligado a la democracia plena y la cultura de paz.

A lo largo de estos años se han encontrado tareas pendientes a superar en el periodismo, así como también aciertos, sobre todo ligados a la ampliación de la cobertura geográfica de los medios y el despliegue para llegar a poblaciones alejadas de las capitales. Evitando caer en  generalizaciones, y sólo como tendencia,  el ONADEM sugirió que entre  las prácticas de la información periodística electoral que se debieran superar están:

·         Otorgar cobertura a un número reducido de fuentes, generalmente a los candidatos que las encuestas han presentado como favoritos

·         Dar escasa presencia a los programas y propuestas sociales, económicas y políticas, y centrarse en las confrontaciones derivadas de las campañas electorales. Reducir las propuestas a slogans, sin  contexto ni profundización.  

·         Centrarse en la línea de discursos polarizados del gobierno vs oposición, dando un lugar secundario a los temas que fundamentaron la elección.

·         No separar la información de la opinión. En escenarios conflictivos, hubo medios y periodistas que se alinearon explícitamente con uno de los discursos polarizados y emitieron opiniones al mismo tiempo que daban información.

·         Trabajar centralmente con la agenda temática determinada por los estrategas de campaña de los políticos en competencia, sin indagar respecto a la agenda ciudadana, es decir, las preguntas y las preocupaciones de los votantes. 

 Las elecciones que vienen

Al hablar de cobertura de elecciones, es ineludible abordar el inédito proceso electoral del 16 de octubre, en que se elegirá a las nuevas autoridades judiciales del Estado. Las venideras elecciones han presentado desafíos a los periodistas en torno al cumplimiento de la Ley de Régimen Electoral. Al respecto, la Fundación UNIR, en la línea de vigilar el cumplimiento del Derecho a la Información y Comunicación en la que se encuentra trabajando, emitió en julio 2010 un pronunciamiento público inmediatamente después de aprobada dicha Ley. En dicho pronunciamiento se explicó que[3]  “la normativa de la Ley del Régimen Electoral en materia de información y comunicación no sólo que resulta internamente contradictoria y con respecto a las previsiones de la CPE, sino que contiene limitaciones evidentes cuya puesta en práctica llevará a la vulneración del Derecho a la Información y la Comunicación”, considerando que la Constitución Política vigente desde febrero del 2009 inserta en su cap. 106 este derecho.

Este pronunciamiento también advirtió que nos encaminábamos a un proceso electoral sin suficiente información para el debate y reflexión ciudadanas, situación que tampoco se ha corregido en normativas posteriores, como explicó un segundo análisis sobre el tema, publicado el 27 de mayo del 2011.  El argumento de garantizar igualdad para los postulantes en el acceso a medios, situación ideal ligada al pluralismo deseable, no justifica centralizar la información desde el Estado, tampoco restringir el debate entre candidatos sobre temas inherentes al interés colectivo[4].

El DIC incluye el periodismo pero va más allá al ser constitutivo del sistema político y sus libertades y responsabilidades. La información pública, estructurante de la democracia, juega un rol fundamental en la construcción de cultura de paz, donde sean posibles debates plurales e inclusivos sobre todos los temas de interés común, que hacen a la convivencia social y política. No basta, entonces, con enunciar derechos en la Constitución. Hay que ejercerlos y garantizar que todos puedan hacerlo.

[1] De acuerdo al concepto de Norberto Bobbio.

En el marco del proyecto Indicadores del Desarrollo Mediático (IDM) en Bolivia suscrito entre la Consejería Regional de Comunicación de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) para los Países Andinos y el Observatorio Nacional de Medios (ONADEM) de la Fundación UNIR, el pasado 15 de agosto se realizó en La Paz la primera reunión del grupo consultivo conformado por 17 integrantes que participaron a nombre de los gremios periodísticos,  de los medios privados,  públicos y comunitarios. Estuvieron también representados el gobierno y la sociedad civil.

  Durante un año, la citada investigación levantará un diagnóstico en Bolivia respecto de las cinco categorías de los IDM:  marco jurídico nacional sobre libertad de expresión, regulación de radio y televisión, pluralidad y diversidad de medios de comunicación, capacitación profesional de periodistas e infraestructura de medios.

El estudio de los IDM identificará las debilidades y fortalezas  del sector mediático en Bolivia. De esta forma se podrá orientar a los actores nacionales e internacionales en sus programas  de apoyo a la comunicación; ofrecer un diagnóstico fiable para la planificación de proyectos y políticas públicas; y  recomendar acciones prioritarias en el área de legislación de medios,  democratización del acceso, autorregulación,  educación, Tecnologías de Información y Comunicación  (TIC), etc.

De acuerdo a la UNESCO un entorno mediático libre, independiente y pluralista es imprescindible para fomentar la democracia.  Por tanto, el desarrollo mediático se vincula con el potencial que tienen los medios para fortalecer procesos democráticos que sean participativos y transparentes. Al proporcionar un vehículo para comunicar y acceder a la información, los medios pueden ayudar a asegurar que la ciudadanía acceda a información adecuada y participe mejor en las decisiones sobre los temas que influyen en sus vidas.

Los IDM fueron diseñados en colaboración con expertos e instituciones de todas las regiones del mundo y aprobados por el Consejo Intergubernamental del Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación (PIDC) de la UNESCO en marzo de 2008. Es por lo tanto una herramienta consensuada a nivel internacional.  Desde su aprobación, los indicadores han sido aplicados de manera pionera en cinco países del mundo y Ecuador fue el primer país de América Latina en poner en práctica esta herramienta. Actualmente, está siendo aplicado a nivel regional en Bolivia, Uruguay y  Venezuela.

Sandra Villegas es Coordinadora Metodológica del ONADEM. svillegas@unirbolivia.org

La información periodística en idioma aymara fue mayoritariamente difundida por los medios de El Alto pero las noticias dieron cuenta principalmente de los hechos sucedidos en la ciudad de La Paz. Lo similar entre ambas ciudades fue la tendencia a emitir la programación periodística en aymara en la madrugada, esto es, al margen de los horarios noticiosos “estelares”.   

Esas y otras características se encontraron a partir del estudio de la oferta periodística en idioma aymara en los medios de información de las ciudades de El Alto y La Paz —entre septiembre y octubre de 2010—, a cargo del Observatorio Nacional de Medios (ONADEM). Como se anotó en un anterior artículo, inicialmente se exploró la oferta mediática general en aymara en las dos ciudades, para luego concentrarse de manera específica en una muestra final de 16 programas periodísticos.  

Entre los resultados, en principio, se estableció un número igual de medios con programación periodística en aymara en La Paz y El Alto, es decir, cuatro en cada ciudad. Sin embargo, los medios alteños se diferenciaron por ofrecer mayor proporción de programación periodística en ese idioma nativo (10 programas, 62%) en relación a la menor oferta paceña (6 programas, 38%). Este hecho repercutió en el número y proporción de notas por ciudad: más de dos tercios de las noticias fueron emitidas por el conjunto de programas alteños (453 notas, 70%), en tanto que poco menos de un tercio fueron presentadas por los paceños (195 notas, 30%).

En la sede de Gobierno tuvieron oferta periodística dos radioemisoras, Erbol y Patria Nueva, y dos televisoras, Canal 7 (Bolivia TV, BTV) y Canal 4 (Radio Televisión Popular, RTP). Entre estos medios destacó Erbol por presentar 3 programas periodísticos en aymara respecto de los otros que ofrecieron cada cual sólo uno. En El Alto, los medios con programación periodística en aymara fueron todos radioemisoras, entre las que sobresalió Pacha Qamasa por el mayor número de programas (4), seguida por San Gabriel (3 programas), Wiñay Jatha (2 programas) y finalmente Atipiri (1 programa).

En relación a los horarios, la mitad de los programas periodísticos observados (8, 50%) hicieron su emisión en la madrugada, esto es, entre las 5 y 7 de la mañana. En segundo término, los categorizados como matinales, esto es, desde horas 07:00 hasta medio día, alcanzaron a la cuarta parte del total (4, 25%). Finalmente, compartieron el tercer lugar de frecuencia los meridianos y nocturnos, con dos programas en cada categoría. Cabe apuntar que sólo los medios alteños ofrecieron programación periodística en un horario central, es decir, a mediodía: San Gabriel y Pacha Qamasa.

En la tendencia general de los 16 programas estudiados, el tema sociedad ocupó la atención periodística en prácticamente un tercio de las noticias (32%). En segundo lugar, a casi diez puntos de diferencia, los hechos referidos a la esfera política alcanzaron a casi un cuarto de las notas (24%). A otros diez puntos el tercer tema de interés abordado fue el área de la economía nacional (14%). Los demás temas fueron abordados en el 8% o menos de frecuencia.  

En el análisis temático y comparativo por ciudad, sin embargo, se encontraron algunas diferencias sustanciales. Los programas noticiosos alteños, en general siguieron la tendencia general, aunque con más interés por el abordaje del área de sociedad con dos puntos hacia arriba (34%) y dos hacia abajo para el de política (22%).

Una diferencia más notoria se registró en el abordaje de temas entre los medios televisivos y radiofónicos. En efecto, los programas televisivos en aymara abordaron mucho más el tema de política, el cual se acercó a la mitad de todas las notas presentadas (43%) y casi triplicó la proporción de sus noticias que tocaron el tema sociedad (17%). Por su parte, los programas de radio difundieron más notas ligadas a la sociedad (34%) que a la política (22%) y la economía (14%) replicando la tendencia general, al menos en esas tres áreas con mayor frecuencia.  Este interés por  la cobertura del área de sociedad en los programas periodísticos ratifica un estudio similar que anteriormente hizo el ONADEM sobre los noticieros de la radio boliviana.

Cabe señalar que la ciudad de La Paz  fue mencionada como lugar de la noticia en primer término en la sumatoria total, esto es, entre todas las noticias de carácter nacional e internacional.

En el análisis comparativo y circunscrito a los municipios del departamento, de manera paradójica, entre los programas de los medios alteños también la ciudad de La Paz fue señalada como lugar de la noticia y en casi en dos tercios de los casos (243 menciones, 67%), en tanto que la ciudad de El Alto lo fue mucho menos (35 menciones, 10%). A la inversa, y en una suerte de compensación, en los programas paceños la ciudad de El Alto fue señalada con más frecuencia como el lugar de la noticia, alcanzando el 22% de las menciones, es decir, más del doble en proporción porcentual que en los propios programas alteños.

Con todo, cabe destacar que se registraron y especificaron al menos 53 distintas poblaciones de otros municipios del departamento de La Paz, además de la ciudad capital y El Alto. También se debe señalar que fueron los programas de radio los que hicieron la cobertura y despliegue hacia los otros municipios —más allá de El Alto y La Paz—. En ese sentido, la televisión prácticamente circunscribió su cobertura a las dos mayores urbes del departamento.

De manera similar, se observó que la radio hizo prácticamente toda la cobertura de los otros departamentos (99%) en relación a la televisión que lo hizo esporádicamente (en un solo caso, 1%). Entre todos los medios, la radioemisora alteña San Gabriel (34%) y la paceña Erbol (29%) fueron las que más anoticiaron sobre los otros departamentos.  

Falta equidad de género al presentar, reportar y declarar

Los 16 programas periodísticos estudiados tuvieron mayoritariamente presentadores varones (58%), en relación a la menor proporción de conductoras mujeres (42%).  

Sin embargo, al menos cuatro medios no siguieron esa tendencia general. Por un lado, dos medios mostraron una correlación inversa en el balance total de sus programas periodísticos: en Radio San Gabriel las mujeres ejercieron como presentadoras o copresentadoras en tres ocasiones frente a las dos oportunidades de los varones y en el programa de Canal 4 se observó a dos mujeres en la conducción junto a un solo varón. Por su parte, Radio Patria Nueva equilibró las voces de la presentación de su programa: una masculina y otra femenina. Más patente fue la decisión del Canal 7 (BTV) al encomendar la conducción de su programa únicamente a una presentadora.

En el análisis individualizado, una misma persona fue presentadora de más de un programa. Entonces, al personalizar a cada presentador, se encontró una relación casi igualitaria, ya que se  identificaron 10 varones y 9 mujeres. Esto significó, sin embargo, que tendencialmente los varones tuvieron mayor oportunidad de conducir más de un programa.

La correlación general entre los reporteros mostró más desequilibrio, dado que de los 88 cuantificados menos de la cuarta parte fueron mujeres (23%) y más de tres cuartos fueron varones (77%). Tal desequilibrio se replicó entre las fuentes noticiosas, ya que casi cuatro quintas partes de los declarantes fueron varones (77%) y poco más de un quinto fueron mujeres (23%).

En la tendencia general de los programas periodísticos en aymara, con un total de 537 fuentes noticiosas identificadas, se estableció casi una paridad en la consulta a las oficiales (50%), principalmente autoridades de los diferentes niveles del estado, en relación a las de la sociedad civil (47%). En una proporción bastante disminuida se citó expresamente a las agencias de noticias y a otros medios (3%), como proveedores de los datos informativos.

Entre las fuentes de la sociedad civil, llamó la atención la consulta al ciudadano “de a pie” con cerca de los dos tercios de las menciones (63%), dentro de esta categoría. Entre las organizaciones sindicales, fueron más citadas las campesinas (22%), con más de un quinto de todas las menciones, frente a otras agrupaciones sociales (14%).

Los presentadores de los programas observados utilizaron casi en la totalidad de sus participaciones el idioma aymara (92%). La mezcla de la lengua nativa con el español fue ocasional (6%) así como el uso exclusivo de este idioma ibérico (2%). Esta última modalidad se dio, en realidad y principalmente, cuando las noticias en aymara fueron presentadas por el reportero y la conducción del programa fue en español, como en el caso de la revista “Atipirimpi Sarnaqasa” de radio Atipiri.  

Entre los reporteros, aunque aumentó el uso del español en sus participaciones, pasando la décima parte de ellas (12%), el aymara fue claramente predominante en sus reportes (87,3%). Entretanto, la mezcla del idioma nativo con el español fue poco relevante numéricamente, dado que no alcanzó el uno por ciento (0,5%). 

Lo contrario del desempeño idiomático de los presentadores sucedió con las declaraciones de las fuentes informativas. En efecto, éstas prefirieron expresarse en español prácticamente en cuatro quintas partes de todas sus intervenciones (79%). En todo caso, una considerable quinta parte (20%) de las fuentes declaró en aymara, en tanto que lo hicieron muy poco mezclando los dos idiomas (1%).    

En todo caso, cabe reconocer no sólo la posibilidad sino necesidad de complementar esta parte exploratoria del estudio con otro que analice en detalle el uso del lenguaje periodístico en aymara, esto es, una evaluación específica sobre la presencia o ausencia de los estándares de calidad en las noticias en este idioma nativo.

Finalmente, es posible perfilar algunos retos para el periodismo en aymara: una oferta noticiosa en espacios y horarios “estelares”, que informe más sobre y desde los otros municipios, en particular de los rurales, más allá de la sede del Gobierno Nacional, con más fuentes que declaren en aymara y con un equilibrio entre las voces masculinas y femeninas. Quizás el periódico en aymara, todavía ausente, podría asumir esos desafíos y ayudar a llenar algunas de esas necesidades comunicativas.

En Bolivia actualmente hay un retroceso en el marco legal sobre el Derecho a la Información y Comunicación (DIC). Esa fue una de las conclusiones a las que llegaron los representantes de los gremios del periodismo y la comunicación de Santa Cruz en un conversatorio de análisis organizado por el Observatorio Nacional de Medios (ONADEM) de la Fundación UNIR Bolivia el pasado 16 mayo.Los periodistas y comunicadores coinciden en que si bien, con la nueva Constitución Política del Estado (CPE), hubo avances importantes al ser Bolivia uno de los primeros países que incluye el DIC como un derecho constitucional, actualmente con las nuevas leyes promulgadas por el Estado, este logro se ha disminuido.           

Para Julio César Caballero, presidente del Tribunal de Honor de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, el Art. 106 de la CPE “fundamenta el régimen de garantías donde el Estado actúa como sujeto activo en la protección de las libertades fundamentales de informar en todos sus procesos”. Según  Caballero los Art. 106 y Art.107 de la nueva CPE son garantía de la libertad de información para el gremio periodístico y para la sociedad civil en su conjunto.            

Según Martha Paz, presidenta de la Asociación Boliviana de Carreras de Comunicación Social, a través de la CPE el país logró un avance importante al ser uno de los primeros en el mundo que incluye el DIC en su Constitución. Sin embargo, Paz afirmó que  hay errores conceptuales sobre este derecho, puesto que prevalece en la CPE “una visión que limita la comunicación a los medios, puesto que se habla de comunicación en función a la prensa, televisión y radio y la comunicación en realidad va más allá”. Tomar en cuenta sólo a los medios en la legislación sobre comunicación, podría interpretarse como la generación de un espacio para el control de los medios, afirmó.            

Para Erick Torrico, coordinador nacional del ONADEM, la presencia del DIC en la CPE representa un avance pues existe una diferencia cualitativa enorme con las anteriores Constituciones. “Se ha abierto el horizonte al DIC como un derecho integral,  pensándolo como un derecho compuesto por varias libertades y responsabilidades” afirmó. Torrico  coincidió con Marta Paz en que la definición de la CPE sobre el DIC es limitante a los medios de comunicación y el espacio periodístico. La CPE no termina de expresar lo que es el DIC, es decir, un derecho que no se limita sólo a los medios, sino un derecho integral que concierne a todas las personas.            

Julio César Caballero y Martha Paz coincidieron en que la inclusión de la autorregulación en la CPE es un avance en el marco legislativo del DIC y que puede ser la base para la creación de una ley que norme el trabajo periodístico y la gestión de los medios de comunicación. Para  Caballero, la CPE a través de su Art. 107 ha configurado el escenario propicio para la correcta aplicación de los códigos deontológicos del periodismo y propone que éstos sean la base para la redacción de la futura ley que norme el trabajo periodístico y el funcionamiento de los medios de comunicación. Dijo que “es absolutamente necesario aportar con la reglamentación del principio constitucional de la autorregulación, cuyas bases son los códigos deontológicos que deben ser convertidos al derecho positivo para reglamentar los alcances de la autorregulación en la futura “´ley del ejercicio del periodismo’, y que complementaría la Ley de Imprenta sin expulsarla del sistema jurídico”.            

Por su parte Martha Paz señaló que se debe hace notar que la autorregulación se aplica al trabajo del periodista y que es fundamental para el manejo de la información, sin embargo esto no lo es todo. Afirmó que es importante actualizar las leyes y no aferrarse a la  de Imprenta, sin racionalizar, ni considerarlo todo como un atentado contra la libertad de expresión. “No debemos aferrarnos a la Ley de Imprenta y la libertad de imprenta, cuando realmente es una ley que necesita ser actualizada”, señaló.            

Sobre la situación del DIC en el actual marco legal del Estado Plurinacional, los representantes de las distintas instituciones de la Prensa y Comunicación en Santa Cruz, coincidieron en que hay un gran retroceso. Para Juan Carlos Peña, representante del Colegio de Comunicadores, en la normativa boliviana actual “sólo existen avances para el gobierno, y nada para los ciudadanos” y afirmó que es “más bien un retroceso cotidiano, porque nos encontramos restringidos en nuestro derecho a conocer la verdad en todos los aspectos”.            

Por su parte, Roberto Carlos Hurtado, secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Prensa de Santa Cruz, sostuvo que la Ley del Régimen Electoral vulnera a la misma CPE violando el Art 21 y el Art. 106,  puesto que también son ciudadanos los postulantes a las elecciones judiciales. Sobre la Ley Antirracismo indicó que los periodistas no desean  que haya racismo, sin embargo no están de acuerdo con el Art. 16 y el Art. 23 que sanciona al periodista. Respecto a esa misma ley, Juan Carlos Peña, afirmó que trae tres consecuencias concretas: “censura para los medios de comunicación; autocensura para los periodistas y para la población y la opinión pública mordaza”.            

Otro obstáculo al DIC que genera la Ley Antirracismo es que el Art. 16 y el Art. 23 y las manifestaciones de rechazo por parte del gremio periodístico, llevaron a que se genere en la opinión pública la dicotomía de libertad de expresión versus censura, convirtiendo este derecho en algo que sólo tendría que ver con los periodistas. Sin embargo, el DIC debe comprenderse como un derecho integral y de todas las personas, no sólo de los periodistas. Erick Torrico manifestó que es preocupante que el gremio periodístico reduce el DIC a la libertad de expresión dejando afuera a la ciudadanía.           

La inconstitucionalidad de las leyes que atentan contra el derecho constitucional a la Información y Comunicación fue otro de los temas planteado por los periodistas. Según Julio César Caballero, la Ley contra el Racismo y Discriminación, la  Ley del Régimen Electoral y el proyecto de Ley de Telecomunicaciones son inconstitucionales, pues son normas de menor jerarquía que la CPE; sin embargo, pasan por encima de ella violando el principio de jerarquía normativa. Juan Carlos Peña coincidió con Caballero en que estas leyes atentan contra la CPE y además contra el “Bloque de Constitucionalidad”, que se refiere a que también se violan los convenios y tratados internacionales, a los que está adscrito el Estado y que reconocen estos derechos y libertades, puesto que los tratados internacionales tienen rango de mandato constitucional aunque no aparezcan en las leyes del país.            

Para Peña la Ley del Régimen Electoral viola el derecho a la información y comunicación al no permitir a los candidatos a magistrados a manifestar su opinión sobre su postulación ni participar en los medios. Con esto se viola las libertades de libre expresión, pensamiento y opinión de los candidatos como ciudadanos, dijo. Por otro lado, sostuvo que también se atenta contra la libertad de expresión de los medios de comunicación,  pues están sujetos a sanción y prohibidos de difundir información que no sea la producida por el Órgano Electoral y de generar espacios de opinión sobre los postulantes.             

Erick Torrico manifestó que la modificación realizada a la Ley del Régimen Electoral, a raíz de la petición del presidente Morales, tras las manifestaciones de rechazo del gremio periodístico, dejó la ley peor de lo que estaba, puesto que del Art. 82 se derogaron los incisos que prohibían a los postulantes acceder a entrevistas en los medios de comunicación y que prohibían a los medios difundir documentos distintos a los del Órgano Electoral, sin embargo y contradictoriamente a esto, se mantienen los incisos que prohíben a los medios generar espacios de opinión de ninguna índole sobre los postulantes y el Art. 84 donde se establecen las sanciones a los medios que violen el régimen especial de propaganda para los procesos de elección de autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional difundiendo información distintas a la preparada por esta instancia.  Por otro lado, la modificación del Art. 82 de la Ley del Régimen Electoral, también eliminó el parágrafo IV que prohibía a las autoridades o instituciones públicas emitir opiniones o realizar acciones que favorezcan o perjudiquen a alguna de las postulaciones. Con esta modificación  “se restringe a la opinión pública, pero se le da toda la libertad a los funcionarios públicos y autoridades a emitir opiniones o realizar acciones que favorezcan o perjudiquen las postulaciones”, afirmó Juan Carlos Peña. Por su parte, Erick Torrico indicó sobre este punto  que ahora sí se puede hacer campaña desde el gobierno y en el inicio la idea era evitarla. “La presunta modificación de la Ley del Régimen Electoral y su Art. 82 pone en cuestión la confianza en el voto”, afirmó.             

Respecto al proyecto de Ley de Telecomunicaciones los expositores plantearon dos críticas: por un lado, Peña afirmó que se pretende comprometer el criterio editorial de los medios y restringir la libertad de prensa, a través de una imposición que obligaría a emitir en cadena nacional todos los discursos del presidente, lo que sería dar licencia sin límites para la propaganda gubernamental. Por otro lado, Abel Ticona, Representante de CEFREC, aseveró que con la distribución de frecuencias que plantea el anteproyecto de ley de telecomunicaciones, que establece 20 % para medios ligados al Estado y 80 % para medios comerciales “se desconoce a otras formas de comunicación desde los pueblos indígenas”; es decir, que quedan fuera de la distribución los medios comunitarios. Por otro lado, siendo las frecuencias comerciales adjudicadas a través de licitaciones, Ticona cuestionó el hecho de que sea el capital económico  la única condición para acceder a una frecuencia.               

A  pesar de que el Estado avanzó en la legislación sobre comunicación y fue vanguardista al ser unos de los primeros países que establece en su CPE el Derecho a la Información y Comunicación, con las últimas leyes —como la ley antirracismo, la Ley del Órgano Judicial, la Ley del Régimen Electoral y el proyecto de Ley de General Telecomunicaciones—, se está violando la CPE y los tratados y convenios internacionales que protegen el Derecho a la Información y Comunicación, que incluye las libertades de expresión, pensamiento y opinión, entre otras. Como afirmó Torrico: “estamos en riesgo de un retroceso; el Derecho a la Información y Comunicación se está fragmentando pues se desarrolla una normativa dispersa, que podría hacer que principios y libertades sean vulnerados. El DIC está indefinido, confuso y debe ser definido y no será resuelto con esta distribución de normas en varios segmentos. El DIC debe ser entendido como un derecho integral”.

Bernardo Poma Ulo

Entre los medios de información radiofónicos y televisivos de las ciudades de La Paz y El Alto se puede hallar una gama de formatos y contenidos de programación en idioma aymara, lo que, sin embargo, contrasta con la falta de al menos un periódico que permita leer noticias impresas en ese idioma nativo en las dos mayores urbes andinas de un país con cerca de un millón y medio de aymara hablantes[1].

En efecto, en un total de 17 medios estudiados de ambas ciudades —entre septiembre y octubre de 2010— sólo los televisivos y de radio ofrecieron y presentaron programación en aymara. Entre ellos, destacó una mayoría de 11 radioemisoras (65%) en relación a 6 canales de televisión (35%) que difunden algún programa o segmento en aymara.

El estudio hecho al respecto por el Observatorio Nacional de Medios (ONADEM)  tuvo el objetivo de explorar y clasificar la oferta mediática en aymara en esas dos ciudades para después caracterizar específicamente los programas de carácter periodístico. Cabe señalar que la muestra inicial y total de 17 medios fue determinada por la exploración previa de las parrillas de programación y luego por la posibilidad técnica de grabación de los que presentaron efectivamente programas periodísticos.               

En la muestra, presentaron alguna programación en aymara 10 medios paceños (59%), distribuidos entre 6 radioemisoras y 4 canales de televisión. Por tanto, el número de 7 medios alteños observados —con programación en ese idioma nativo— resultó menor (41%), los cuales, a su vez, se distribuyeron en 5 radioemisoras y 2 televisoras.

No obstante el menor número de medios alteños observados, éstos emitieron una notoria y mayoritaria cantidad de 53 programas en aymara (79%), en tanto que los paceños sólo un poco más de la quinta parte (14 programas, 21%) del total contabilizado en ambas ciudades (67 programas, 100%).

Diversos formatos, poco periodismo

La exploración inicial de esos 67 programas en aymara difundidos por los medios de La Paz y El Alto mostró una gama diversa  de estructuras, contenidos y formatos. Para encarar esa diversidad se estableció una tipología con dos categorías que diferenció los programas con producción periodística de aquellos otros cuya forma y contenido no se ajustan al tratamiento noticioso de los temas presentados. 

En esa categorización se pudo establecer que los programas periodísticos constituyeron menos de la cuarta parte (16 programas, 24%) de la oferta en aymara respecto de los otros contenidos que sobrepasaron las tres cuartas partes de la oferta (51 programas, 76%).

En la categoría mayoritaria de los otros programas, que no se ajustaron a la formalización periodística en aymara, la tipología más frecuente fue la de variedades (41%), esto es, los que presentaron información con una alta proporción de opinión (comentarios o diálogos informales de o entre los presentadores) y matizada, en ocasiones, con música. En este grupo fueron catalogados también algunos programas que presentaron noticias en español y que las comentaron en aymara.

 En segundo término, se encontró a los programas cuya conducción fue en aymara pero para la difusión exclusiva de música (27%).

Un grupo de programas conducidos en aymara fue el de los producidos por instituciones que se identificaron expresamente (institucionales, 22%). Entre éstos, el que tuvo mayor difusión fue el micro-informativo del Gobierno Municipal de La Paz (“Buenas noticias para La Paz”) que tiene un segmento en aymara y fue emitido en 8 de los medios observados tanto de La Paz como de El Alto y en diferentes horarios. También se registró los programas del Centro de Educación y Comunicación para Comunidades y Pueblos Indígenas (CECOPI) y del Centro de Desarrollo Integral de la Mujer Aymara Amuyta (CDIMA) que fueron difundidos por dos radioemisoras de El Alto. Cabe señalar que estos programas, además de informar, cumplen con la función de preservar y difundir la imagen corporativa de la institución correspondiente.       

Otro grupo de programas, los menos frecuentes (10%), no sólo concentraron sus contenidos en temáticas específicas sino que las dirigieron a la orientación de su audiencia. Fueron 5 programas todos presentados por 3 radioemisoras de El Alto, que abordaron temas jurídicos y agropecuarios (en radio Pachaqamasa), de Derechos Humanos y autonomías (en San Gabriel) y de salud (en Wiñay Jatha).

Aunque en otro artículo se detallarán las características de los programas periodísticos en aymara, hasta aquí se puede enfatizar y adelantar que menos de un cuarto de los programas de radio y televisión en este idioma resultó con estructura y formalización noticiosa. Además, como se dijo, el periodismo en aymara se vio disminuido aun más por la falta de siquiera un periódico en este idioma en la concentración urbana más grande no sólo del altiplano boliviano sino del país: las contiguas La Paz y El Alto. Un medio periodístico impreso con al menos una sección en aymara resultaría así necesario si se entiende que la mayoría de hablantes de este idioma nativo está ubicada en el altiplano paceño.

Un simulacro, dice el diccionario castellano, es “la acción por la que se aparenta algo”, y es justamente eso lo que el gobierno, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y el Órgano Electoral le han hecho vivir al país en los últimos días a propósito de los anuncios de modificar el “régimen especial de propaganda” para las elecciones del Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional establecido en los artículos 80 al 84 de la Ley del Régimen Electoral.

              Luego de desconocer o de descalificar las críticas y los reclamos que generó el conjunto de prohibiciones fijado por ese régimen —que al impedir que los candidatos, los medios de difusión y la ciudadanía hablen sobre ese proceso electoral vulneran las libertades de expresión, opinión e información y atentan contra el Derecho a la Información y la Comunicación constitucionalizado en 2009—, finalmente el Órgano Ejecutivo, mediante el presidente Evo Morales que dijo haber “escuchado al pueblo” otra vez, admitió de manera indirecta que había cosas que arreglar en esa norma y pidió a la ALP que procediera a hacer los ajustes correspondientes.          

    El acelerado trámite para  dar curso a las modificaciones supuso la inmediata elaboración de una propuesta por el Tribunal Supremo Electoral, la cual fue aprobada tanto por la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Diputados como por la mayoría oficialista del pleno de dicha Cámara que, a su turno, acataron el instructivo presidencial. Sin embargo, el desconcierto surgió tras conocerse el texto y el carácter de las modificaciones introducidas en el ya citado régimen.            

  Por un lado, ese anteproyecto de ley deroga las disposiciones que impedían a los candidatos hablar de sus postulaciones y participar en espacios periodísticos de entrevista, pero al mismo tiempo mantiene las barreras que evitarán que los candidatos participen en programas mediáticos bajo riesgo de inhabilitación. Por otro lado, y en una nueva contradicción, libera la posibilidad de que los medios puedan opinar, “en forma positiva o negativa”, sobre los candidatos, a la vez que confirma la prohibición de que haya espacios de opinión en los medios.             

 Sin embargo, ahí no acaban las incoherencias. El referido anteproyecto legal permite a los medios publicar información sobre las candidaturas que sea distinta a la que oficialmente difundirá el Órgano Electoral, aunque a la vez deja sin modificación el artículo sobre la “Difusión de méritos”que otorga al Tribunal Supremo Electoral la condición de “única instancia autorizada para difundir los méritos de los postulantes seleccionados”. Y algo más interesante aún, como también mucho más preocupante, es  que mientras ratifica que “ninguna persona particular, individual o colectiva, organización social, colegiada o política, podrá realizar campaña o propaganda a favor o en contra de alguna o algún postulante”, da la opción a las autoridades e instituciones públicas de poder “emitir opiniones o realizar acciones que favorezcan o perjudiquen a alguna de las postulaciones”. 

Erick R. Torrico Villanueva 

A diferencia de la sociedad retribalizada por las tecnologías comunicacionales que el pensador canadiense Marshall McLuhan imaginó en la década de 1960 –la “aldea global”–, algunos ideólogos actuales del comunitarismo en Bolivia parecen considerar que más bien de lo que se trata es de hallar formas de prescindir de esos recursos que, en su perspectiva, casi resultarían obstaculizadores no sólo del añorado proceso de recomponer la solidaridad y la convivencia aldeanas en el plano doméstico sino además del avance mismo de la democracia.

            Esa quizá sea una de las explicaciones para que el gobierno, a tiempo de ratificar en la Ley del Régimen Electoral la vigencia del Derecho a la Información y la Comunicación reconocido en la Constitución de 2009, haya adoptado paradójicamente unas reglas de juego electorales que anulan toda posibilidad de que los votantes se informen y opinen de manera abierta, pues ni los medios masivos ni la Internet o la telefonía celular deberán ser utilizados para esos propósitos (seguramente detestables) durante el período en que se elija a las nuevas autoridades del ámbito judicial.

            Esa norma que conducirá al país a una innegable etapa oscurantista, aprobada en julio de 2010, impide la circulación de toda información o juicio respecto a los candidatos a los cargos del Tribunal Constitucional Plurinacional, el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura. Los artículos 82 al 84 de esa ley son la más patética evidencia de que el Estado decidió convertirse en un gran censor,  irónicamente para preservar la transparencia y equidad de esa sui géneris elección. Pero, ¿cómo se resuelve la contradicción de querer proteger derechos y libertades al tiempo que se los vulnera? La única respuesta posible es que hace falta apelar a sofismas.

            Y los proveedores de argumentos para que esa estrategia de la falacia funcione no se dejaron esperar. Por ejemplo, mientras la Constitución prohíbe a los postulantes “realizar campaña electoral a favor de sus candidaturas” (Art. 182, numeral III), la ya referida ley extendió el veto al trabajo periodístico, equiparando propaganda con información. O mientras esa misma Constitución habla indistintamente de postulantes o candidatos, ahora el lenguaje oficial prefiere borrar la segunda opción para intentar enfatizar una desvinculación entre  el futuro hecho eleccionario y el proselitismo. Mas ahí no termina todo, pues ya hubo incluso quien afirmó que sí sería posible desarrollar un amplio debate público sobre el tema “más allá de los medios”, seguramente trasmutando la geografía nacional en un ágora ilimitada, idea absurda por irrealizable.

            Así, “en defensa del honor, la igualdad y la democracia”, la selección por voto popular de los candidatos pre-calificados por la mayoría política de la Asamblea Legislativa Plurinacional será apenas una convalidación formalista y desinformada de las decisiones parlamentarias, a la vez que representará un momento de “agonía” para los medios. Pero estos serán males menores frente a la imposición de la censura y la represión de la palabra, gravísima situación que empeorará con una lógica pérdida de confianza en el voto y con la consiguiente deslegitimación de origen de las autoridades que resulten electas. En resumen, ¡que mueran los medios!, pero que haya conciencia en los responsables del poder respecto a que ese deceso supondrá también el desfallecimiento de la democracia.  

Santiago Espinoza Antezana*

En un país que se asume intercultural y reivindica su pluralismo lingüístico, no debería ser tan extraño abrir un periódico y encontrar un extenso reportaje redactado en quechua. Sin embargo, lo es. Más allá de su reconocimiento constitucional y de su vigencia cultural, el quechua -como los otros idiomas nativos que la Carta Magna señala como oficiales del Estado boliviano- continúa ocupando un lugar muy marginal en la estructural institucional del país. Y cuando nos referimos a la estructura institucional, estamos hablando también de los medios de comunicación, donde los idiomas nativos tienen una presencia imperceptible, sobre todo, en los medios masivos urbanos.

De ahí que, al abrir la edición del diario Opinión del domingo 27 de marzo pasado, no haya sido menor la extrañeza del que escribe al percatarse de que las páginas 12 y 13 A del matutino eran ocupadas por un largo reportaje escrito, casi por completo, en quechua (el segundo idioma más hablado en Cochabamba y en Bolivia luego del castellano). “Manchachikuyta chinkachina tiyan ama qisachay kananpaq”, rezaba al titular que abría el reportaje (traducido como “Tenemos que perder el miedo para eliminar la discriminación”) firmado por Zulma Camacho (periodista de planta de Opinión) y Eufrocina Soto (integrante de la Academia Regional de Quechua-Cochabamba).

Desde el año pasado, el Observatorio Nacional de Medios (ONADEM) de la Fundación UNIR Bolivia, que asume la interculturalidad como una transversal de su trabajo, ha abierto una línea de investigación orientada a la caracterización y valoración de las prácticas comunicacionales y periodísticas en idiomas nativos. Su primer resultado ha sido el estudio “En busca de una agenda informativa del mundo quechua. La oferta periodística en quechua en la ciudad de Cochabamba”, elaborado por la corresponsalía del ONADEM en Cochabamba, y a la fecha está en desarrollo otro trabajo sobre la oferta periodística en aymara en las ciudades de La Paz y El Alto, y se prepara una investigación similar sobre el periodismo en quechua en Sucre.

En el citado estudio sobre la oferta periodística en quechua en la ciudad de Cochabamba, se había advertido que el uso del idioma nativo en los medios masivos locales era mínimo, sobre todo, en la televisión y en la prensa. De hecho, apenas se había identificado un periódico institucional y de circulación bimensual con una oferta regular de contenidos periodísticos en quechua. Por eso causa sorpresa que un diario de circulación abierta y nacional, como Opinión, haya incluido en su edición dominical un reportaje en quechua, algo que, hasta hace sólo unos meses, habría sido impensable.

A modo de presentación del reportaje en quechua, el periódico explica que la publicación del texto en quechua obedece a los principios rectores del trabajo del matutino que “valora la diversidad y las culturas originarias”. Y añade que su objetivo es “llegar cada vez más a los lectores quechua parlantes”. El texto introductorio aclara que la pretensión del reportaje es reflejar la “percepción ciudadana sobre el trato que reciben los campesinos en las ciudades y los avances que se registran en la lucha contra la discriminación”. Para ello tiene por principal fuente al alcalde de Tacopaya, municipio perteneciente a la provincia Arque, enclavada en la región andina del departamento de Cochabamba, donde el quechua es de uso generalizado. La voz del alcalde es complementada por el testimonio de otros habitantes de Tacopaya, así como de otras poblaciones quechua parlantes, cuya voz, se infiere, ha sido recogida en el idioma nativo. La palabra de las personas consultadas sirve para valorar en qué medida han cambiado los comportamientos discriminatorios hacia ciudadanos del área rural, más aún tras la puesta en vigencia de la Ley Antirracismo.

Visualmente, lo primero que llama la atención del reportaje es el significativo espacio que ocupa en la edición dominical: dos páginas. Una extensión sólo reservada para los reportajes especiales de fin de semana, como es el caso. Otro detalle para nada despreciable es que el reportaje forme parte del cuerpo principal del periódico, en el que se publican los contenidos más importantes de la edición. Así pues, no se trata de un suplemento o de unas páginas especialmente diferenciadas del resto del cuerpo principal, sino que hace parte de él, convive con el resto de los materiales periodísticos cifrados en español.

Algo que también cabe resaltar particularmente del reportaje es el uso exhaustivo del idioma nativo en los diferentes componentes que hacen al texto periodístico publicado. A más de la columna introductoria, del rótulo de identificación de las páginas del periódico que ocupa y de un sugerente glosario (con algunos términos quechuas traducidos al español), el texto está redactado por completo en quechua. Antetítulos, titulares, recuadros con información adicional, recuadros con testimonios textuales, recuadros de análisis opinativo (de un especialista), pies de fotos y otros recursos propios del formato de presentación del diario, están escritos en el idioma nativo, lo que evidencia el esfuerzo por presentar un reportaje destinado a un lector quechua exigente. Incluso las fotografías que ilustran el reportaje dan cuenta de sujetos y realidades identificables con el mundo rural quechua. Las imágenes muestran a bolivianos con sombrero y ponchos y a bolivianas de trenzas y pollera, a sujetos que pueden permitir la identificación de los lectores quechua hablantes con el contenido del reportaje.

Y así como, formalmente, el reportaje apuesta por el uso del quechua en sus diferentes componentes morfológicos, temáticamente también apunta a dar cuenta de una problemática de interés especial para las personas quechua hablantes, en especial, para las procedentes del área rural. Su tema es la discriminación como conducta que media las relaciones entre las instituciones e individuos urbanos y castellano hablantes y las personas procedentes del área rural que son quechua hablantes (bilingües, en su mayoría).

Vistas así las cosas, el reportaje se ajusta a una tendencia de la construcción del discurso periodístico –identificada en el estudio del ONADEM sobre la oferta periodística en quechua en Cochabamba- en la que el idioma nativo no se limita a traducir informaciones impuestas por la agenda mediática tradicional, sino que sirve como punto de referencia para definir escenarios, fuentes, temáticas y formas de uso del lenguaje en los contenidos periodísticos.

Desde el ONADEM se busca brindar una mirada crítica sobre el desempeño de los medios de comunicación y la calidad de la oferta periodística en el país. Sin embargo, ello no implica que el Observatorio sólo haga mención de los problemas o taras que inciden negativamente sobre la calidad del periodismo boliviano, siendo también menester suyo dar cuenta de aquellas prácticas informativas virtuosas, que hablan bien del trabajo periodístico desarrollado en el medio local y que bien podrían ser imitadas. Y ése es el caso del reportaje en quechua publicado en Opinión. La iniciativa de este diario cochabambino no puede menos que ser resaltada, pues constituye un ejemplo de cómo los medios de comunicación pueden aportar a la construcción de un país intercultural, incorporando en sus páginas (o en sus emisiones radiales o audiovisuales) mensajes confeccionados en otros idiomas tan bolivianos como el castellano. Prácticas de este tipo sirven no sólo para llegar a aquellos públicos lingüísticamente interpelados por los mensajes, como en este caso son los quechua hablantes procedentes del área rural, sino que también pueden permitir que otros públicos, como los sujetos urbanos hispano hablantes, reconozcan y valoren la existencia y vitalidad de otras lenguas, de otros sujetos, de otras culturas en este país.

Por supuesto, un solo reportaje en quechua no puede ser tomado como  una victoria per se de la pluralidad de lenguas y de la interculturalidad en Bolivia. Pero sí puede servir como punto de partida para plantear nuevos desafíos a fin de construir un escenario periodístico-comunicacional más intercultural y, por extensión, una sociedad más proclive al diálogo intercultural. Sería deseable, en este sentido, que la publicación de contenidos periodísticos en quechua se regularice y deje de ser motivo de sorpresas. Y esto, desde luego, es deseable no sólo para el diario Opinión, sino para otros medios locales y nacionales, ya sea impresos, radiales o televisivos. Así pues, el desafío de hacer periodismo en idiomas nativos está lanzado.

* Corresponsal del ONADEM en Cochabamba

Las agresiones a periodistas y a medios de comunicación el año 2010 estuvieron marcadas por la cobertura informativa en situaciones de movilización y protesta social, en las que sectores de la sociedad civil que sostenían medidas de presión agredieron a periodistas. A la vez,  las denuncias de periodistas contra policías se duplicaron (de 8 a 19) respecto del año2009, mientras que ciertos funcionarios públicos y miembros del poder judicial continuaron realizando de manera pública agresiones y obstaculización el trabajo periodístico, de acuerdo al informe “Agresiones a Periodistas 2010: cubrir conflictos continúa siendo  lo más peligroso” elaborado por el Observatorio Nacional de Medios (ONADEM) de la Fundación UNIR Bolivia. 

El informe de agresiones a periodistas 2010 comprende los datos de las agresiones correspondientes a este año visibilizadas por los medios de difusión y las organizaciones sindicales. No es un documento que incluya todos los casos ocurridos en Bolivia; pretende mostrar tendencias y contribuir a que los actores involucrados tomen acciones concretas para prevenir y también para sancionar los hechos denunciados, en busca de garantizar mejores condiciones laborales para los periodistas y fortalecer así la calidad informativa en el país en pro de una cada vez mejor y mayor democracia. Algunos datos relevantes son presentados a continuación:

 Cuatro departamentos concentraron las agresiones 

La Paz fue el departamento con mayor número de agresiones visibilizadas (39), continuando la tendencia del año 2009. El conflicto de Caranavi, con bloqueos de caminos por la demanda de ser la sede de una planta industrializadora de cítricos, así como otras movilizaciones sociales en el centro de la ciudad de La Paz y en El Alto registraron violentas agresiones a periodistas protagonizadas por policías y sectores movilizados. En el año 2010 aumentó a más del doble (de 6 a 15) el número de periodistas agredidos en Cochabamba. En Sucre se registraron 13 trabajadores de la información afectados, en casos vinculados con los conflictos por la Alcaldía; se trata de un incremento considerable dado que en el año 2009 no se visibilizó más que un caso.

 La policía, la institución más denunciada 

La policía protagonizó un número mayor de agresiones contra periodistas respecto a los tres años anteriores. En el año 2010 fue protagonista de 19 casos de agresión, mientras que en el año 2009 estuvo involucrada en 8 sucesos denunciados. Las denuncias de periodistas contra policías se duplicaron y más (de 8 a 19) respecto del año 2009, mientras que algunos funcionarios públicos y miembros del poder judicial continuaron de manera pública con agresiones y obstaculizaron el trabajo periodístico.

 ¿Sirve de algo denunciar? 

El 90% de los casos registrados fueron presentados como denuncia pública a las organizaciones sindicales y gremiales, mientras que la denuncia a los niveles judiciales o policiales sólo alcanzó el 10% en el 2010. En ese tema se nota un decrecimiento respecto al año 2009, cuando se efectuaron más denuncias a las instancias judiciales correspondientes (15%).10El Informe de Agresiones a Periodistas 2009 de la Fundación UNIR Bolivia señalaba que crecieron los ataques violentos y anónimos contra periodistas. Estos ataques aún no han sido esclarecidos. El año 2010 fueron denunciados siete ataques de este tipo, perpetrados por presuntos delincuentes, tres casos menos que en el año 2009. Desde el año 2007, las agresiones físicas a periodistas han sido sancionadas sólo en dos ocasiones, (aproximadamente el 2% de los casos denunciados de agresiones de ese tipo) con encarcelamiento temporal de los denunciados. La impunidad continuó como tendencia. 

Es importante destacar también los despidos injustos, las trabas que impiden conformar sindicatos dentro de algunas empresas, las condiciones laborales en creciente precarización, la falta de seguro médico, seguro de vida, estabilidad laboral, entre otras carencias, son agresiones internas que reciben cotidianamente muchos periodistas en Bolivia. Las organizaciones sindicales han denunciado este tipo de problema de manera permanente.

 La carencia de condiciones laborales adecuadas siguió marcando la ruta del trabajo periodístico en Bolivia el 2010; sin embargo, se espera que en este 2011 las agresiones -a todo nivel- disminuyan o desaparezcan, pues así se garantizará un ejercicio periodístico pleno y se contribuirá a un bien público como es el Derecho a la Información y la Comunicación, con calidad y responsabilidad. 

El informe completo puede obtenerse en www.unirbolivia.org  

Según las noticias de 19 diarios del país el 2010 se incrementaron los conflictos por el poder y la corrupción en las provincias y municipios rurales de Bolivia mientras hubo sólo algunas experiencias de coordinación entre autoridades y comunarios en pro del desarrollo local.

Este fue uno de los principales resultados del estudio efectuado por el Observatorio Nacional de Medios (ONADEM) de la Fundación UNIR Bolivia en los meses de enero, febrero, julio y agosto del pasado año, cuyo objetivo consistió en indagar la visión local y nacional sobre provincias y municipios rurales presente en el discurso de la prensa.

Desde la imagen social creada sobre los actores, fuentes informativas, temas y contextos geográficos de provincias, municipios, barrios suburbanos, cantones y poblaciones pequeñas en la información publicada en los medios impresos, la mayoría de los pobladores y comunarios del área rural son “víctimas” incapaces de dar respuesta a problemas de pobreza o desastres más allá de la ayuda de los poderes y autoridades instituidos.

 Asimismo, las noticias presentaron una visión de lo nacional fragmentado en regiones que se mostraron escasamente organizadas y poco preparadas para encarar los conflictos por intereses políticos particulares.

De acuerdo con los contenidos informativos examinados, el Estado y sus autoridades se encuentran todavía muy alejados de los intereses y necesidades de provincias y municipios rurales. El análisis efectuado identificó cuatro temas principales en las noticias:

1) Un 24% (89) de las notas hizo referencia al desarrollo rural (humano, agropecuario, turístico, periurbano y económico). De esas noticias, 48 notas reflejaron mejor y con mayor frecuencia los esfuerzos de autoridades y pobladores de municipios rurales para promover su desarrollo local al enfrentar y solucionar sus problemas. En la mayoría de los casos esos materiales fueron de autoría de El Deber y de los diarios locales La Palabra del Beni, Nuevo Sur, El País y El Nacional.

2) Un 23% (86) abordó los desastres ocurridos.

3) Un 13% (48) se refirió a conflictos políticos del gobierno con los municipios, durante elecciones de autoridades locales, por corrupción en municipios y que involucraron a grupos indígenas.

4) Sólo un 2% (7) se refirió a problemas y demandas de la política municipal.

Siete diarios (de Beni, Oruro, Potosí, Sucre y Tarija) aportaron una visión local más rica y amplia de la realidad rural entre ese conjunto de temas priorizados por la cobertura periodística diaria (agenda mediática), en tanto que los otros 12 diarios reflejaron una visión más impregnada del acontecer o las idas y venidas de la política y los políticos en las grandes urbes del eje (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz).

Aunque se identificó que casi la mitad de las noticias (48%) tuvo como lugar de origen a poblaciones pequeñas, se advirtió también que las gubernamentales (autoridades de salud, educación, agro, etc.) fueron las principales fuentes de información a pesar de estar ubicadas en la sede de gobierno o en las capitales de departamento, habiendo sido consultadas en un 82%.

 Estos datos evidencian la necesidad de fortalecer el enfoque intercultural en la elaboración de las noticias para hablar más a menudo sobre la realidad rural y sus actores en los medios de difusión, pero además para hacerlo considerando la comprensión local de los acontecimientos. La perspectiva de la interculturalidad busca tanto el reconocimiento de las diferencias como la visibilización de los denominadores comunes que hacen posible la construcción de un proyecto de país que cobije y represente a todos .

En ese sentido, urge promocionar un periodismo intercultural y de investigación que visibilice y amplifique la cooperación entre los municipios menos favorecidos, así como permita informar de temas relevantes como los hechos de corrupción en la administración económica en las provincias o las pugnas por el poder político que pueden perjudicar la ejecución de proyectos de desarrollo local y regional.

 Para ello, un aporte importante de los medios de comunicación urbanos en alianza con medios de comunicación rurales consistiría en establecer redes de cobertura periodística que permitan conocer y comprender mejor la complejidad y diversidad de la realidad boliviana a fin de desarrollar un enfoque intercultural en la cobertura y la publicación de las noticias.

Los editoriales que abordaron el tema autonómico[2], trataron a la autonomía como sinónimo de desarrollo para las regiones deprimidas de Bolivia, le dieron una valoración positiva como concepto a la vez que criticaron la concreción del proceso autonómico que está efectuando el gobierno a través de la Ley “Andrés Ibáñez”. El diario Cambio contrapesó en sus editoriales  las críticas de los otros diarios a esa norma, centrándose en el tema de las denuncias de corrupción de los gobernadores opositores.

Un trabajo desarrollado por el Observatorio Nacional de Medios ONADEM analizó los editoriales publicados de enero a septiembre del 2010 por 18 diarios bolivianos. En 79 editoriales encontrados, se identificó temáticas y líneas comunes que describiremos a continuación.

Los editoriales –menos los de Cambio- criticaron la polarización política entre Gobierno Nacional y Gobernaciones opositoras en torno a las normas propuestas por el ejecutivo y aprobadas por el legislativo así como  la ausencia de información sobre las dificultades técnicas del proceso y remarcaron la necesidad de trabajar en conjunto para lograr consolidar los beneficios de tener gobiernos descentralizados. Pidieron diálogos y pactos para que pueda funcionar el proceso de descentralización política y económica.

Además, se preocuparon por la asignación de recursos y competencias, señalando como temas conflictivos el pacto fiscal (entendido como la redistribución de impuestos), la administración de la tierra y territorio  y cuestionaron las leyes promulgadas sobre el tema por ser el supuesto instrumento político para suspender alcaldes opositores (al determinar que a denuncia de la fiscalía una autoridad elegida debería salir de su cargo para defenderse).

 Un claro ejemplo del valor positivo que se otorga desde los editoriales a las autonomías lo señala este texto tarijeño:

La autonomía, además de un viejo anhelo, es un concepto moderno de administración pública y ahora es, para Bolivia, un mandato constitucional.

Tarija Autónoma. El País. 20/04/2010  

Los recursos naturales en el centro

Los editoriales sostuvieron que los grandes conflictos por el tema autonómico tendrían que ver con la administración de los recursos naturales y los ingresos, por ejemplo con la redistribución de la recaudación impositiva nacional-departamental-municipal en el llamado “nuevo pacto fiscal” que aún no estaba claramente definido. Para todos los editoriales, la autonomía significa una reconfiguración de la administración política que tendría que traer consigo una equitativa distribución del poder y la riqueza así como ser un motor del desarrollo económico.

 Los siguientes textos extractados de editoriales reflejan lo señalado:

El nudo gordiano, como decíamos al principio, no está en el principio de autonomía, legalizado, legitimado y consolidado, así como está constitucionalmente consolidado el principio de unidad, sino en el manejo de recursos, de tal manera que estén armonizados con la distribución de competencias. En lo fiscal, que no ha logrado aún ser pactado.

Esperando la Ley Marco. El País. 28/06/2010

 Tres son los componentes que van a generar más controversia: el pacto fiscal entre niveles de gobierno, la distribución de competencias de gestión entre tales niveles y, quizás la más difícil, armonizar las discrepantes visiones socio-culturales sobre tierra y territorio.

Vamos con las autonomías. El País, 06/07 2010

Más allá de los problemas circunstanciales, parece claro que la construcción de un Estado autónomico, con equitativa distribución del poder y ojalá, de la riqueza, es una tarea en la que buena parte de la ciudadanía está empeñada.

Mal comienzo del estado autonómico. Nuevo Sur. 24/05/2010  

Críticas a la polarización 

Los editoriales cuestionaron las crisis políticas y la incertidumbre generadas por el proceso autonómico, atribuyendo responsabilidades al Gobierno Nacional en mayor medida que a la oposición. Se habló de diferentes visiones en torno al tema, que coincidieron con las líneas de polarización política.

Las autonomías departamentales exigidas por algunas regiones del país e
incorporadas a la Constitución del "Estado Plurinacional" que ha sustituido a la Nación, han creado para el país, desde hace algunos años, un estado de crisis políticas permanente,  que en ciertos momentos alcanzó niveles tempestuosos. 

Nace la burocracia autonomista. El Diario. 08/07 2010 

 La juramentación  de los flamantes gobernadores en Sucre por mandato de una ley emanada de la nueva Asamblea Legislativa, constituye un esfuerzo del Gobierno por intentar recuperar el mando central sobre las fragmentadas autonomías. Pero resulta inquietante que de las tres autoridades que juraron nuevamente  (gobernadores esta vez, y "autonómos"), el año 2008, al menos una,  estuviese presuntamente vinculada a acciones francamente separatistas.

Estado autonómico: tenebrosa víspera  e  incierto  futuro. El Nacional 06/06/2010    

      En el caso de Chuquisaca hay indicios de que este proceso será particularmente complejo porque así como subsiste una clara fractura -ahondada durante el proceso constituyente- entre el campo y la ciudad, existe también una disparidad de visiones sobre el proceso autonómico.

La Bolivia Autonómica. Correo del Sur. 30/05/2010 

Los actores políticos y regionales deben realizar esfuerzos para facilitar el proceso autonómico, pues seguir oponiéndose a él sólo traerá mayores problemas.Importancia de un pacto autonómico.

Los Tiempos. 7/7/2010  

Lo que se observó en los intentos de las ex autoridades  de la Prefectura era justamente imponer un " estatuto autonómico" hecho a la medida de las necesidades políticas del Gobierno y de sus  colaboradores directos en cada uno de los departamentos (…)

El estatuto autonómico está en cero. La Patria 18/09/2010

 En Bolivia, respecto a las autonomías no sabemos la forma en que finalmente será configurado este régimen.Autonomías, otro entuerto. El Deber 12/04/2010  

Las Leyes, el sello de la discordia

Los diarios criticaron a la llamada Ley Corta o Transitoria[3]  aprobada en el mes de mayo y también a la Ley de Autonomías “Andrés Ibáñez” promulgada en julio.  

La mayoría de los editoriales sobre el tema criticaron  las contradicciones que tendrían ambas leyes, la falta de consensos en su aprobación basada en el “rodillo masista” y las disposiciones para que alcaldes deban renunciar ante la simple existencia de denuncias de corrupción, pero no tocaron otros temas técnicos o de aplicación de la Ley ─ como por ejemplo la implementación de autonomías indígenas, las competencias en administración de servicios, los conflictos de límites─ que hubieran podido contribuir a la ampliación del debate en torno a la aplicación de las autonomías.

A su vez, el diario gubernamental Cambio hizo mención a las denuncias de corrupción que pesan sobre los gobernadores opositores, sin profundizar en el debate planteado respecto a la vulneración de derechos que tendría esta normativa.

La Autonomía en otras manos.  El Día 3/07/2010

 Una sencilla apreciación a la propuesta del sector legislativo y oficialista en torno al proyecto de la Ley Marco de autonomías tienen contradicciones que son producto de la falta de acuerdo de los sectores representativos de la comunidad para encarar responsablemente el tratamiento de una normativa que tiene que ver con el futuro desempeño administrativo de cada departamento.

Autonomía bajo control central. La Patria  03/07/2010 

Se busca desconocer el voto a través de triquiñuelas jurídicas, como está sucediendo con la denominada Ley Corta.

Mal comienzo del Estado Autonómico. El Potosí. 23/05/2010  

 Los gobernadores electos de Tarija, Mario Cossío, de Santa Cruz, Rubén Costas y de Beni, Ernesto Suárez, reúnen un total de 37 denuncias en su contra por delitos supuestamente cometidos en el ejercicio de sus funciones como prefectos departamentales, como contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes, según un informe del Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción.(…)En este contexto, y coincidentemente, los citados gobernadores electos son los únicos que rechazan la vigencia de la recientemente promulgada Ley Transitoria para el funcionamiento de las Entidades Territoriales Autónomas, que regula la transición ordenada de las prefecturas a los gobiernos autónomos departamentales, el funcionamiento de las asambleas departamentales, la autonomía regional del Chaco tarijeño, la administración municipal y la autonomía indígena originario campesina.

Oposición y Ley Transitoria. Cambio. 25/05/2010 

El asunto de los procesos a gobernadores, sean oficialistas o de la oposición, debería ser estudiado en la Ley marco de las autonomías.

La Ley transitoria de autonomías debe ser para facilitar y no para interferir. Opinión. 20/05/2010

Hubo editoriales que hablaron de la necesidad de un pacto entre oficialistas y opositores, para el avance del proceso autonómico, responsabilizando a los políticos de los posibles retrocesos.

 Las relaciones entre las regiones y el Poder Central, por muy difíciles que éstas sean, son imprescindibles para construir la Bolivia autonómica.

En la construcción de la Bolivia autonómica. Los Tiempos.17/06/2010

Un paso adelante en las autonomías. La Palabra del Beni .07/05/2010.

Los peligrosos vaivenes de las Autonomías. El Nacional. 02/08/2010

La autonomía, de acuerdo a lo escrito en los textos analizados, está en manos de los políticos, de los líderes. Según los editoriales los protagonistas son casi exclusivamente las autoridades nacionales y departamentales. Se dio por sobreentendido que la autonomía traerá desarrollo: cambiando el sistema de administración y gestión del dinero habrá progreso en las regiones deprimidas, dejando sin tocar otros componentes necesarios para  el anhelado crecimiento.

[1]

Menos de la quinta parte (19%) de los códigos de ética de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (CSTPB) y el Consejo Nacional de Ética Periodística (CNÉP) consigna, con escasa explicación, algunos estándares de calidad técnico-profesional para el manejo responsable de la información de interés público.

El Observatorio Nacional de Medios (ONADEM) analizó esos 4 códigos con el objetivo de determinar la presencia en ellos de recomendaciones y orientaciones acerca de los estándares de calidad técnico-profesional, es decir, de los procedimientos, recursos y habilidades que guían y garantizan la elaboración y publicación responsable de los mensajes informativos, de opinión y de análisis periodísticos.  Esos estándares de calidad  fueron  sistematizados y definidos en base a una revisión crítica de  documentación nacional y extranjera por el ONADEM en el libro “Medios a la Vista, informe sobre el periodismo en Bolivia 2005-2008” publicado en 2009.  

Se analizó un total de 68 artículos e incisos en esos documentos, de los cuales 17 corresponden al código de la ANP, 16 al de la APLP, 13 al de la CSTPB y 22 al del CNÉP (20 enumerados más los referidos al derecho a réplica y la cláusula de conciencia). De ese total, sólo 13 artículos (19%) consignan parte de los estándares de calidad.  

Dado que un mismo artículo puede incluir y recomendar más de un estándar, el código del CNÉP, en sólo cuatro de sus artículos (1, 2, 4 y 6), hace la mitad de todas las referencias (9 recomendaciones, 50%). El código de la APLP, en segundo lugar, realiza 4 recomendaciones (22%) en también 4 de sus artículos (4, 7, 8 y 9). En tercer término, el código de la ANP hace 3 recomendaciones (17%) en tres de sus incisos correspondientes al primero, tercero y quinto. Por último, el de la CSTPB los menciona sólo dos veces (11%) en sus artículos 7 y 8.

Entonces, en el conjunto de artículos están mencionados 7 de los 14 estándares de calidad identificados por el ONADEM. Sin embargo, en términos cualitativos, la referencia e incluso enumeración de los estándares no siempre está acompañada de su respectiva explicación. Este rasgo fue encontrado, por ejemplo, en el artículo 1 del código del CENÉP que consigna cuatro estándares sin definirlos ni explicarlos. A diferencia de ello, el código de la ANP presenta mayor explicación de los tres estándares que cita.

Aunque las referencias a los estándares de calidad en los códigos señalados se aproximan o bien ingresan en el campo definitorio propuesto por el ONADEM, el recuento y análisis —que sigue a continuación— toma como base principalmente las definiciones planteadas en el libro ya referido.

La ecuanimidad en la consulta a fuentes noticiosas y puntos de vista divergentes, así como  la documentación que respalde los datos, citas y/o cifras de la información son los dos estándares más recomendados (5 veces, 28%, c/u).

En segundo lugar, con dos recomendaciones cada uno (11%) se ubican 3 estándares: el pluralismo de temas en la información y de enfoques para la opinión y el análisis; la oportunidad, esto es, la pertinencia, simultaneidad o inmediatez de la noticia en relación a la ocurrencia de los hechos; y la precisión en la presentación de datos noticiosos (cargos, nombres, referencias, etc.).

Sólo una vez (5%) y exclusivamente en el código del CNÉP son recomendadas la contextualización con antecedentes y circunstancias del hecho noticioso y la claridad del mensaje periodístico.

En ningún otro artículo de los códigos observados se menciona a los otros 7 estándares que tienen que ver con la calidad del mensaje periodístico:

-          Corrección. Sujeción de los mensajes a las normas de lenguajes de acuerdo al medio empleado.

-          Amplitud. Extensión suficiente de la información proporcionada en una nota o bien la presentación de varias notas complementarias sobre un mismo asunto informativo.

-          Jerarquización. Colocación de la noticia en un lugar privilegiado del espacio o tiempo informativo.

-          Seguimiento. Continuidad en la cobertura, acompañando la evolución del hecho noticioso.

-          Análisis. Contrastación de distintas visiones sobre un hecho noticioso y obtención de conclusiones esclarecedoras.

-          Profundidad. Examen detenido del acontecimiento sobre el que se informa.  

-          Investigación. Indagación expresa realizada por el medio para explicar integralmente un hecho noticioso.

Si bien 5 de los estándares —los últimos 4 citados más la contextualización— son considerados parámetros de calidad de materiales especiales o de mayor elaboración como los reportajes, los restantes 8 son exigibles a todo material noticioso.            

Cabe señalar que dos códigos hacen aproximaciones importantes respecto de la precisión en el tratamiento de los actores de las noticias, específicamente, a la salvaguarda de la “presunción de inocencia” (CNÉP, Art. 10), ya que los “delincuentes consumados” son “quienes reciben una sentencia de la justicia”  (ANP, inciso décimo séptimo). Exclusivamente el código de la ANP, a su vez, propone y recomienda un estándar que puede ser establecido como la imprescindible coherencia que debe existir entre los titulares y el “contenido de los textos” (inciso décimo sexto).   

Por otro lado, los cuatro códigos enfatizan —y reiteran— como valor la “verdad” o “veracidad” en la elaboración del mensaje periodístico y en el ejercicio de la profesión. El ONADEM comparte lo fundamental de este valor para el periodismo, pero lo entiende como resultado de la aplicación pertinente, rigurosa y adecuada de los estándares de calidad técnico-profesional propuestos. La “verdad periodística” tiene, así,  un carácter procedimental, ya que para “alcanzarla” se deben aplicar las reglas y técnicas que el periodismo ha acumulado en tanto capital de conocimiento y profesionalidad.

Con lo anterior también se argumenta que todo mensaje periodístico contiene —o debe hacer— una aproximación a “la verdad”, pues ésta no es única ni universal. En todo caso, la ética, apoyada en y articulada a lo técnico-profesional, otorga a la información periodística confiabilidad, utilidad pública e importancia en tanto servicio social.

Si la autorregulación del campo periodístico —prevista en el artículo 107 de la Constitución vigente— es un elemento central para el desempeño responsable de los profesionales de la comunicación y en particular de los periodistas, resulta pertinente que se reflexione sobre la disminuida presencia de los estándares de calidad en los códigos de ética no sólo en cuanto a número de artículos y menciones sino igualmente respecto a la falta de mayor especificación y explicación de los mismos. Así, los códigos de ética podrían complementar y fortalecer su propuesta de autorregulación y contribuir de manera más específica a la mejora del campo profesional de la comunicación y del periodismo.  

Con la revaloración de la ética y la técnica profesional, el periodismo puede incluso ir más allá del importante servicio que presta, pues al menos dos de los estándares más recomendados por los códigos de ética estudiados —el pluralismo y la ecuanimidad—  constituyen también principios válidos para la construcción y mejora permanente de la democracia.   

Referencias:

-          ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS DE LA PAZ (APLP): Código de ética. En: www.aplp.org.bo

-          ASOCIACIÓN NACIONAL DE LA PRENSA (ANP): Código de ética. En: www.anpbolivia.com

-          CONFEDERACIÓN SINDICAL DE TRABAJADORES DE LA PRENSA DE BOLIVIA (CSTPB, 2010): “Código de ética de la CSTPB”. En: Legislación y principios del periodismo. CSTPB. La Paz.  

-          CONSEJO NACIONAL DE ÉTICA PERIODÍSTICA (CNÉP). Informe Anual 2009. “Código Nacional de Ética Periodística”. La Paz (pp. 6-7).

-          NUEVA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO (2010). Editorial U.P.S. s.r.l. La Paz.

-          OBSERVATORIO NACIONAL DE MEDIOS (2009): Medios a la Vista, informe sobre el periodismo en Bolivia 2005-2008. UNIR-ABOCCS. La Paz (pp. 20-21).

Con el relanzamiento de la Columna Sindical, merced a la puesta en vigencia del Decreto Supremo 0136 del 20 de mayo de 2009, los diarios paceños incorporaron parcialmente en sus páginas este espacio destinado a que sus periodistas y trabajadores sindicalizados expresen libremente sus ideas, adaptando su uso a las condiciones operativas de sus respectivos medios y asumiéndola como una plataforma principalmente abocada a reflexionar sobre el ejercicio periodístico.

Ese hallazgo se desprende de la investigación realizada por el Observatorio Nacional de Medios (ONADEM), una iniciativa de la Fundación UNIR Bolivia, para conocer la forma en que los medios impresos editados en la ciudad de La Paz han empleado la Columna Sindical, un espacio –por norma- concebido para que las empresas periodísticas otorguen a sus periodistas (idealmente sindicalizados) la posibilidad de expresar libremente sus ideas mediante comentarios firmados. El trabajo indagó en las principales características de las columnas sindicales publicadas –entre el 20 de mayo de 2009 y el 10 de mayo de 2010- por los medios impresos, toda vez que los radiales y televisivos hicieron caso omiso de lo establecido en el decreto. En La Paz fueron tres los diarios que publicaron, de forma sistemática o no, textos firmados en un espacio de opinión rotulado como “Columna Sindical”.

Cabalmente, el relanzamiento de la Columna Sindical se tradujo en la publicación de 94 artículos distribuidos en tres diferentes diarios paceños (“La Razón”, “La Prensa” y “Cambio”), en el lapso comprendido entre mayo de 2009 y mayo de 2010. Aunque se trata de un número significativo de artículos, más aún si se tiene en cuenta que son contados los medios que asumieron el reto de cederle un espacio a la Columna Sindical, el mismo puede resultar reducido si se lo compara con el despliegue del diario “El Deber” de Santa Cruz, que, por sí solo, publicó un total de 103 durante el primer año de aplicación del DS 0136 (tal como lo evidencia otro estudio del ONADEM sobre los usos de la Columna Sindical en la ciudad oriental).

La Columna Sindical fue incorporada sistemáticamente por dos de los principales diarios de La Paz, “La Razón” y “La Prensa”, que abrieron, cada cual por su lado, un espacio semanal para publicar periódicamente textos firmados por sus periodistas y por otros trabajadores de los medios en sus páginas editoriales y de opinión. Eso sí, es evidente que ambos medios adoptaron lo dispuesto por el DS con relativa flexibilidad, publicando con una periodicidad semanal las columnas sindicales y no así de forma diaria, como lo establece la normativa.

 “La Razón” ubicó las columnas los días domingos y publicó un total de 46 artículos en ese espacio, de forma ininterrumpida, lo que evidencia la seriedad con que asumió el mandato del DS 136. A su turno, “La Prensa” ubicó las columnas los días lunes y allí publicó 44 artículos, interrumpiendo el ritmo semanal de aparición del espacio sólo en cuatro oportunidades a lo largo del año. Un caso especial fue el del periódico “Cambio”, que también dispuso de un espacio en sus páginas para acomodar la Columna Sindical, pero que sólo alcanzó a publicar cuatro artículos, sin una periodicidad fija ni el impulso necesario para mantener la columna a lo largo del primer año de vigencia del DS 136. 

 Temas: periodismo y coyuntura

Temáticamente, la Columna Sindical fue asumida bajo dos grandes perspectivas. La primera la entendió como un espacio de los periodistas para reflexionar sobre las virtudes, las taras, las limitaciones y los desafíos que exige el ejercicio periodístico en el contexto boliviano actual. La segunda la concibió como una plataforma para expresar ideas, análisis y comentarios sobre los asuntos –políticos, sociales, económicos- de coyuntura con los que cotidianamente deben lidiar en su trabajo de cobertura informativa. En este entendido, la columna permitió a los periodistas pronunciarse y opinar públicamente sobre temas que, en circunstancias normales, sólo merecen comentarios privados (“de pasillo”) o, en su caso, un tratamiento estrictamente informativo.

“La Prensa” fue el diario que con más resolución publicó columnas sindicales enfocadas en pensar la actividad periodística, seguida por “La Razón”, que destinó la mayor parte de sus artículos a opinar sobre asuntos de la coyuntura informativa. “La Prensa” fue también el único de los tres medios analizados que empleó la Columna Sindical para reflexionar y reivindicar la práctica sindical (una temática que, teóricamente, debería ser prioritaria para este espacio opinativo). Sin embargo, los artículos de temática sindical fueron siempre firmados por una sola persona, un periodista en funciones sindicales al interior del medio, lo que permite inferir que las preocupaciones sindicales son prácticamente exclusivas a las dirigencias.

De las 94 columnas sindicales aparecidas en los tres diarios paceños, la mayoría (más del 80%) correspondió a periodistas que se identificados como tales, como editores, como fotógrafos o también como dirigentes sindicales. Este dato revela que la Columna Sindical ha sido adoptada como un espacio de opinión prácticamente exclusivo para los trabajadores abocados a la cobertura y difusión de informaciones. Sin embargo, no se puede ignorar la progresiva inclusión de otros trabajadores de los medios, como correctores, fotomecánicos o personal de archivo, que pusieron de manifiesto la necesidad de pronunciarse públicamente sobre hechos que los conmueven de forma particular.

Del conjunto de columnas sindicales publicadas en los tres medios impresos, 73 (78%) fueron firmadas por hombres, habiendo un margen mínimo de participación para las firmas femeninas. Esta relación numérica entre firmas masculinas y femeninas habla de la asimetría en materia de género que ha caracterizado el uso de la Columna Sindical en los diarios paceños y que es muy propia de la práctica opinativa en los periódicos nacionales, en los que los espacios de opinión –columnas, comentarios- están prácticamente copados por hombres. La escasa participación de mujeres en la Columna Sindical y, por extensión, en las páginas de opinión de los diarios revela que hay una negación y, por qué no, invisibilización de la mujer como sujeto capaz de expresar y publicar sus ideas, análisis y reflexiones. Dicho de otra manera, se trataría de una negación de la mujer como sujeto capaz de formular y compartir pensamientos, una negación de su subjetividad.

De manera general, la puesta en vigencia del DS 0136 permitió la apertura de espacios regulares para la publicación de la Columna Sindical en dos de los principales medios impresos de La Paz, como son “La Razón” y “La Prensa”, que, sin embargo, debieron adoptar las prescripciones del Decreto, por un lado, a sus propias condiciones operativas, asumiendo una periodicidad semanal (en lugar de diaria como lo dispone la norma) y, por otro, a sus prioridades discursivas, aprovechando el espacio para proyectar sus reflexiones sobre el estado del periodismo en Bolivia.