La pregunta comenzó a repetirse con fuerza en Santa Cruz: “Si soy boliviano, ¿en dónde puedo trabajar y en dónde no?”. La interrogante surgió después de que la Brigada Parlamentaria de Cochabamba enviara una carta al presidente Rodrigo Paz, solicitando dejar sin efecto la designación del cruceño Zvonko Matkovic como presidente del Directorio de la Empresa Nacional de Electrificación (ENDE) Valle Hermoso y nombrar en su lugar a un profesional cochabambino. La petición, respaldada por un pronunciamiento institucional, fue presentada con el argumento de priorizar la contratación de especialistas nacidos en ese departamento, para conducir una empresa estatal asentada en territorio valluno, desatando una ola de rechazo en Santa Cruz por las connotaciones discriminatorias que muchos atribuyen al planteamiento.
El presidente de la brigada cochabambina, Israel Mérida (de la alianza Libre, de Jorge Tuto Quiroga), sostuvo que el departamento cuenta con profesionales capacitados para asumir el cargo y defendió que el Presidente elija a un cochabambino con experiencia. Incluso comparó el caso con una eventual designación de un cochabambino al frente de la Cooperativa Rural de Electrificación (CRE) en Santa Cruz, escenario que, a su juicio, difícilmente sería aceptado.
Las reacciones no tardaron. El presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, recordó que Matkovic es boliviano y, por tanto, tiene el mismo derecho que cualquier ciudadano a desempeñar funciones públicas en cualquier región del país. Señaló que en instituciones nacionales con presencia en Santa Cruz trabajan autoridades provenientes de distintos departamentos y afirmó que el único criterio válido debe ser la idoneidad profesional y no el lugar de nacimiento.
Posiciones duras
La controversia también generó posiciones más duras. El político Guido Nayar sostuvo que la mayor parte de los altos cargos públicos asentados en Santa Cruz han sido ocupados históricamente por personas nacidas en otros departamentos y planteó que existe un marcado desequilibrio en la distribución de responsabilidades estatales.
El escritor José Párraga (‘el Escribidor’) consideró que el episodio obliga a replantear el histórico principio de hospitalidad cruceña. A su juicio, si otras regiones condicionan el acceso a cargos públicos por el origen de las personas, Santa Cruz podría responder aplicando el mismo criterio en las instituciones estatales asentadas en la región.
El historiador Bismark Cuéllar interpretó el caso como una expresión de un regionalismo que ha existido durante buena parte de la historia republicana y recordó que Santa Cruz ha recibido durante décadas autoridades designadas desde otras regiones sin que ello provoque conflictos.
Para el analista político Orlando Peralta, la exigencia de que el cargo sea ocupado exclusivamente por un cochabambino constituye un mensaje discriminatorio que reaviva viejas tensiones regionales y podría desencadenar una escalada de confrontación innecesaria.
Desde el ámbito jurídico, el exfiscal Joadel Bravo advirtió que impedir o restringir el acceso a un cargo público por razones de origen regional configura conductas previstas en la Ley 045 Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, norma que sanciona la vulneración de derechos por motivos de procedencia regional y agrava las penas cuando intervienen autoridades públicas.