Vence el plazo para que la Fiscalía impute o rechace la pesquisa por el hotel Las Américas
El Procurador del Estado señaló que las investigaciones “están muy rezagadas” y confirmó que están relacionadas con las peticiones que hizo la CIDH, que solicitó al Estado investigar y sancionar a responsables de ejecuciones extrajudiciales, torturas, así como detenciones indebidas
La Fiscalía reaccionó con la conformación de una comisión de fiscales para llevar adelante las investigaciones por la ejecución extrajudicial y torturas por el asalto al hotel Las Américas de aquel 16 de abril de 2009, cuando tres personas fueron muertas y dos heridos fueron sobrevivientes.
La decisión del Ministerio Público fue emitida a un día del plazo de 60 días que le otorgó el juez que lleva adelante esta causa.
Documentos del expediente a los que accedió EL DEBER señalan que la primera acción de la Fiscalía en este caso tuvo lugar el 27 de noviembre de 2019, cuando presentó el inicio de investigaciones bajo el control jurisdiccional del juez Sexto en lo Penal, Manuel Baptista, que radicó la causa con número Nurej 70264734.
Con la firma de la fiscal Delmy Guzmán, en el inicio de investigaciones se citó como víctima a Elöd Tóásó, así como contra presuntos autores de los delitos identificados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Desde aquella vez, hace cinco años, la Fiscalía pidió tres ampliaciones al juzgador, pero tampoco avanzó con la presentación de la imputación o resolución de rechazo.
El procurador general del Estado, César Siles, confirmó que este proceso está inscrito en el contexto de un proceso planteado en la CIDH, pero indicó “que está muy rezagado”.
De hecho, en reiteradas oportunidades, el juez conminó al Ministerio Público para que se pronuncie, pero no lo hizo. Sin embargo, pidió una última ampliación de 60 días y ese término se cumple justo este martes 16 de abril.
La Fiscalía, según los procedimientos, tiene tres alternativas. Tendrá que presentar la imputación, una resolución de rechazo, o en su caso, solicitar una ampliación para desarrollar sus diligencias dentro de las investigaciones sobre el asalto al hotel Las Américas.
Esa acción policial dejó tres personas muertas con disparos de arma de fuego identificadas como: Eduardo Rózsa Flores, húngaro-boliviano; Árpád Magyarosi, húngaro-rumano; y Michael Martin Dwyer, irlandés. Además, la Policía detuvo a otros tres ciudadanos. El gobierno aseguró hace 15 años que desarticuló “una célula terrorista” que se formó para “dividir al país”.
El 16 de abril de 2009, Evo Morales estuvo en Venezuela. Desde allí dijo que ordenó ese operativo contra “un grupo de mercenarios” con presuntas intenciones separatistas.
EL PRIMER RECHAZO
El 27de agosto de 2020 el fiscal asignado, Francisco Mendoza, emitió una resolución de rechazo de esta investigación. La Fiscalía fundamentó que “los elementos acumulados en el cuaderno de investigación eran insuficientes para formular la hipotética imputación contra los sindicados”.
La denuncia formulada por los sobrevivientes al asalto, el croata boliviano Mario Tadic y el húngaro Elöd Tóásó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fue procesada por la defensoría del Pueblo en nuestro país.
Tras las diligencias de la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía de Santa Cruz, a través de su titular, Róger Mariaca, revocó esa resolución de rechazo el 8 de marzo de 2023.
En ese contexto, el fiscal informó hace pocas horas que se conformó una comisión de fiscales institucionalizados para las investigaciones. Señaló que no podía pronunciarse sobre el fondo porque se debe respetar el trabajo que está en pleno proceso.
Después de la revocatoria del rechazo por parte del fiscal Mariaca para que siga la investigación, tomó el caso la fiscal Ilsen Nava Llanos, especializada en delitos contra la integridad de las personas.
REQUERIMIENTOS PARA TARJETA PRONTUARIA Y ATENCEDENETS DE LAS VICTIMAS
El 16 de noviembre de noviembre de 2023, en base a informe emitido por investigadores de la Fuerza especial de lucha Contra el Crimen, la fiscal Ilsen Nava emitió requerimientos a varias instituciones estatales para que emitan certificaciones, tarjeta prontuaria de datos generales del lugar de domicilio y las fotografías de los ciudadanos Mario Tadic y Tóásó.
La Fiscalía dio como plazo a las instituciones de 24 horas para emitir las respuestas mediante documentos.
Requirió y conminó al Servicio General de Identificación Personal Segip, al Servicio de Registro Cívico, Sereci, a la gobernación de la cárcel de Palmasola, al Comando Departamental de la Policía. Según el expediente ninguno de los requerimientos fueron respondidos ante la Fiscalía.
EL JUEZ LE PIDIO AL FISCAL GENERAL
El 12 de abril de 2024, el juez que tiene el control de la causa, Manuel Baptista, emite una resolución dirigida al fiscal general Juan Lanchipa Ponce.
El juez en lo penal, en su última acción, le ratifica al fiscal general la necesidad de conformar una comisión de fiscales. Le hace recuerdo que la primea vez que le pidió se conforme la comisión fue el 9 de enero de este año.
El 12 de abril el juzgador le pide al fiscal general: “me permito reiterar dicha solicitud y subrayar la necesidad urgente de una respuesta y acción conforme a las obligaciones impuestas por el derecho internacional en materia de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes”.
Asimismo, el juez hace notar que según la convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, de la cual el Estado es parte, se requiere una investigación pronta y efectiva en casos que involucran alegaciones de tortura.
El juez asegura que estas investigaciones deben ser llevadas de forma exhaustiva, independiente e imparcial con el fin de no solo identificar y sancionar a los responsables, sino también garantizar la justicia y reparación a las víctimas.
En su parte fundamental el juez asegura que “la ausencia de una comisión especializada o dejar sin el seguimiento necesario a esta investigación, como se solicitó inicialmente, podría interpretarse como una falta de cumplimiento con nuestras obligaciones internacionales y un potencial detrimento para la integridad del proceso judicial y los derechos humanos de las partes involucradas”.
