La expulsión de una autodenominada misión argentina de derechos humanos abrió un nuevo frente de controversia política entre La Paz y Buenos Aires, aunque esta vez con un dato singular: el Gobierno de Javier Milei respaldó la decisión adoptada por las autoridades bolivianas. La delegación, integrada por al menos 18 activistas, dirigentes sindicales, referentes de izquierda y legisladores argentinos, fue retenida en el aeropuerto de El Alto y posteriormente retornada a su país vía Santa Cruz.
Entre los integrantes figuraban el diputado kirchnerista Juan Marino, identificado con el movimiento piquetero (bloqueadores); la legisladora del Partido Obrero Vanina Biasi, cuyo procesamiento por incitación a la discriminación contra la comunidad judía, fue elevado a juicio oral; la dirigente sindical docente Soledad Mosquera y la integrante del frente CTA Autónoma María José Cano; y la legisladora de izquierda Alejandrina Barry, cuestionada recientemente por denuncias sobre Bolivia que, según análisis periodísticos, no habrían sido corroboradas.
La Dirección General de Migración justificó la medida, señalando que durante los controles se detectó incumplimiento de requisitos e inconsistencias entre los motivos declarados para ingresar al país y las actividades anunciadas públicamente por la delegación.
El comunicado enfatizó que la decisión respondió exclusivamente a criterios legales y administrativos, sin considerar afinidades políticas o ideológicas.
Los integrantes de la misión denunciaron haber sido víctimas de una medida “dictatorial” y sostuvieron que pretendían verificar denuncias sobre presuntas vulneraciones de derechos humanos durante los conflictos sociales en Bolivia. Incluso afirmaron que la expulsión atentó contra los fueros de los legisladores que integraban la comitiva.
Respaldo libertario
Sin embargo, el respaldo más significativo a la decisión boliviana llegó desde Argentina. El vicecanciller Pablo Quirno sostuvo que Bolivia actuó dentro de sus “facultades soberanas” con la decisión de su Gobierno de negar el ingreso de la supuesta misión humanitaria integrada por legisladores argentinos, que pretendía fiscalizar violaciones de derechos humanos.
En Bolivia también surgieron voces de apoyo a la medida. La senadora opositora Tomasa Yarhui afirmó que el país no debe permitir el ingreso de activistas extranjeros que buscan realizar actividad política, en medio de una coyuntura delicada. En la misma línea, el senador José Ormachea denunció que los visitantes tendrían una agenda orientada a promover mayor agitación social.