La investidura de la presidenta electa de Perú reunirá el 28 de julio en Lima a los hijos de Jaime Paz Zamora y Alberto Fujimori. El excanciller Ronald MacLean sostiene que ambos mandatarios deberán decidir hasta dónde están dispuestos a asumir el costo político de las medidas que requieren sus países.
La posesión de Keiko Fujimori como presidenta de Perú mostrará una singular coincidencia política entre ese país y Bolivia. En el Congreso peruano estarán la futura mandataria y el presidente Rodrigo Paz, hijos de dos exgobernantes que ejercieron simultáneamente el poder durante los primeros años de la década de 1990.
Jaime Paz Zamora gobernó Bolivia entre agosto de 1989 y agosto de 1993, mientras que Alberto Fujimori presidió Perú entre 1990 y 2000. Ambos coincidieron como mandatarios entre 1990 y 1993, un periodo durante el cual se impulsaron algunos de los principales entendimientos bilaterales de las últimas décadas.
Entre esos acuerdos figuran los Convenios de Ilo, suscritos el 24 de enero de 1992. Perú permitió la participación boliviana en una zona franca turística de playa, conocida como Boliviamar, mediante una franja de cinco kilómetros y por un plazo de 99 años.
El acuerdo fue ampliado en 2010 por los entonces presidentes Evo Morales y Alan García, quienes plantearon una Zona Franca Industrial y Económica Especial, facilidades portuarias y una extensión de la zona turística. Sin embargo, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso peruano archivó en julio de 2022 las propuestas legislativas destinadas a aprobar el protocolo de 2010 y las precisiones negociadas en 2012. Por tanto, la ampliación no llegó a ser ratificada por el Legislativo peruano.
Jaime Paz y Alberto Fujimori en 1992
Una cita con carga política
La presencia de Rodrigo Paz en la transmisión de mando fue confirmada por el canciller peruano, Carlos Pareja, después de una reunión con Fujimori. El jefe de la diplomacia peruana informó que la ceremonia se realizará el próximo martes 28 de julio y que las actividades protocolares se extenderán entre el 27 y el 29 de julio.
Pareja anunció también la asistencia del rey de España, Felipe VI, y de los presidentes Javier Milei, de Argentina; José Antonio Kast, de Chile; Daniel Noboa, de Ecuador; Santiago Peña, de Paraguay; Yamandú Orsi, de Uruguay, y José Raúl Mulino, de Panamá. La lista incluye además al presidente electo de Honduras, Nasry Asfura, y al primer ministro de Aruba, Mike Eman.
La ex presidenta boliviana Jeanine Áñez comunicó, por su parte, mediante sus redes sociales, que también recibió una invitación. “Agradezco profundamente a la presidenta electa del Perú, Keiko Fujimori, por la invitación a acompañarla en el acto de su posesión presidencial”, escribió. Áñez destacó que Fujimori será la primera mujer elegida por voto popular para ejercer la Presidencia peruana.
El planteamiento de MacLean
A partir de esas coincidencias, el excanciller boliviano Ronald MacLean Abaroa planteó una pregunta que, según su análisis, puede definir las administraciones de Fujimori y Paz: “¿Debe un gobernante privilegiar su futuro político o el futuro de su país?”.
En una columna de opinión publicada el martes 21 de julio, MacLean preguntó si ambos gobernantes estarán dispuestos a asumir los riesgos personales y políticos que implica adoptar decisiones difíciles durante una crisis. También cuestionó si buscarán preservar su popularidad o aceptarán el desgaste que puede provocar una reforma considerada necesaria.
El planteamiento pertenece al análisis personal del excanciller. MacLean presenta a Alberto Fujimori, al expresidente ecuatoriano Jamil Mahuad y al boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada como gobernantes que, desde su perspectiva, adoptaron decisiones determinantes, pero acabaron pagando costos como el derrocamiento, el exilio, el aislamiento político o la prisión.
En el caso boliviano, MacLean sostiene que el recuerdo de la caída de Sánchez de Lozada, en octubre de 2003, todavía influye sobre autoridades que temen ejecutar medidas capaces de provocar una fuerte reacción social. En esa línea, criticó al Gobierno de Paz por lo que considera una tardía respuesta a la crisis económica y a los bloqueos de mayo y junio.
Bolivia llega a este nuevo acercamiento con Perú mientras busca estabilizar su economía. El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, declaró que el Gobierno está cerca de anunciar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por entre $us 2.500 millones y $us 2.800 millones. Según el ministro, más de la mitad de esos recursos se destinará a fortalecer las reservas internacionales del Banco Central.
Una victoria estrecha en Perú
Keiko Fujimori asumirá con una legitimidad electoral ajustada. Según el cómputo oficial difundido por la autoridad electoral peruana, la candidata de Fuerza Popular obtuvo el 50,135% de los votos válidos, frente al 49,865% alcanzado por Roberto Sánchez. La diferencia fue de 49.641 sufragios entre más de 18 millones de votos.
La presidenta electa gobernará además un país marcado por la fragmentación parlamentaria, la sucesión de crisis presidenciales y la preocupación ciudadana por el avance de la delincuencia organizada. Sánchez se negó a reconocer el resultado y denunció un supuesto fraude que no fue corroborado.
El triunfo de Fujimori también reabrió la discusión sobre el legado de su padre. MacLean le atribuye haber derrotado a Sendero Luminoso, recuperado la estabilidad económica y fortalecido instituciones fundamentales del Estado peruano.
La captura de Abimael Guzmán, en septiembre de 1992, fue resultado del trabajo de inteligencia del Grupo Especial de Inteligencia de la Policía peruana. Ese mismo año, Alberto Fujimori cerró el Congreso y quebró el orden constitucional.
Además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos registra que Fujimori fue condenado en 2009 a 25 años de prisión por su responsabilidad como autor mediato en homicidios, lesiones graves y secuestros relacionados con los casos Barrios Altos y La Cantuta. Estos antecedentes explican por qué su figura continúa dividiendo profundamente a su país.
Una agenda que va más allá de la ceremonia
Bolivia y Perú mantienen una agenda bilateral que incluye comercio, infraestructura, desarrollo fronterizo, lucha contra el narcotráfico, el contrabando y la trata de personas, integración energética y recuperación ambiental del lago Titicaca.
El Gobierno peruano declaró de interés nacional la realización, durante 2026, del Encuentro Presidencial y VII Gabinete Binacional Perú-Bolivia, mediante la Resolución Suprema 024-2026-RE, publicada el 12 de febrero. Este mecanismo debe servir para revisar los compromisos pendientes y definir nuevos acuerdos entre ambas administraciones.
En esa agenda también aparece el futuro de los Convenios de Ilo. Aunque el acuerdo original de 1992 continúa siendo una referencia de la relación bilateral, las ampliaciones negociadas en 2010 y 2012 fueron archivadas por una comisión del Congreso peruano. Una eventual reactivación requerirá, por ello, una nueva iniciativa política y legislativa en Perú.