El presidente Rodrigo Paz señaló al “narcoterrorismo” como una amenaza contra la democracia, la estabilidad del país, poco después de promulgar en la Casa Grande del Pueblo la ley que regula los estados de excepción.
“Nuestra mano está extendida para seguir siempre en el diálogo, siempre en el diálogo, pero cuídense de los infiltrados y de los violentos. Y a los violentos, a los narcoterroristas, así como cayó (Sebastián) Marset, sus días están contados”, afirmó el Presidente al cerrar su intervención.
En un discurso de tono duro, el mandatario sostuvo que los conflictos y bloqueos que ingresan en su sexta semana dejaron al descubierto la presencia de grupos violentos infiltrados en demandas sociales legítimas.
El sábado 6 de junio se desarrolló una operación policial con apoyo militar para intentar abrir la ruta que conecta Santa Cruz con Beni. En ese operativo, al menos seis policías resultaron heridos en San Julián, dos de ellos por armas de fuego, según los informes oficiales.
Ante este escenario, Paz también vinculó esos hechos con sectores que, según dijo, operan con recursos económicos, armas e intereses ajenos a las reivindicaciones de trabajadores, campesinos, gremiales, transportistas y movimientos originarios.
“No puede haber bolivianos de primera y de segunda, no puede haber bolivianos que estén por encima de la ley, por encima de nuestra democracia y nuestra Constitución”, afirmó Paz.
Luego agregó que tampoco puede permitirse que existan grupos que, “porque tengan recursos del narcoterrorismo”, puedan cambiar o bloquear decisiones de organizaciones sociales del país.
Los bloqueos y protestas en el país fueron escalando desde hace 39 días. La Central Obrera Boliviana (COB), el magisterio y otros sectores se movilizaron con demandas sectoriales, pero ahora varios de los movilizados, entre ellos sectores campesinos afines al expresidente Evo Morales, exigen el acortamiento del mandato constitucional del presiente Paz.
El Jefe de Estado cuestionó, este sentido, la presencia de personas del Chapare en ciudades de La Paz, El Alto y regiones del altiplano. “Yo me hago una pregunta: ¿por qué tanto chapareño en ciudades de La Paz, El Alto o el altiplano? ¿Es acaso ahora el departamento de La Paz un anexo del Chapare?”, expresó.
Paz dijo que no se refería a los sectores “limpios” del Chapare, sino a quienes, según su denuncia, están vinculados al “narcoterrorismo”. En esa línea, sostuvo que las organizaciones sociales no deben ser contaminadas por la política ni por estructuras relacionadas con actividades criminales.
“¿Desde cuándo la Policía, que va con una actitud de dispersión para abrir corredores para que lleguen alimentos a La Paz, oxígeno, combustible y medicamentos, es recibida bajo fuego de armas profesionales?”, cuestionó Paz.
El Presidente aseguró que el Estado tiene la obligación de proteger a los ciudadanos frente a grupos armados. “Si alguien entra a tu casa, si alguien viola a tu hija, si alguien te roba, tú le pides al Estado que te proteja, y el Estado tiene que actuar para proteger a los bolivianos y bolivianas”, afirmó.
En ese contexto, Paz dirigió un mensaje a la Policía y a las Fuerzas Armadas, a las que pidió actuar con firmeza, profesionalismo y respeto a los derechos humanos, bajo el marco de la Constitución y la nueva ley promulgada.
“Esta norma les permite llevar adelante el plan que ya hemos diseñado. Bolivia tiene un plan y lo vamos a ir cumpliendo, porque tenemos que retomar la normalidad para que nuestra economía crezca con seguridad para todos los bolivianos”, sostuvo.
El mandatario insistió en que su gobierno mantiene abierta la vía del diálogo con las organizaciones sociales, pero advirtió que no tolerará la acción de grupos violentos o infiltrados.
Paz también rechazó las versiones que circularon en redes sociales sobre una supuesta privatización, incremento de facturas o afectación a productos del campo. “Aquí no hay privatizar, aquí no hay 5% a los productos del campo, aquí no hay subir facturas”, remarcó.
Además, anunció decretos orientados a mitigar el impacto económico de los bloqueos, entre ellos una reprogramación de deudas para sectores golpeados por el conflicto, un fondo de garantía para el transporte y una rebaja salarial del 50% para el Presidente y sus ministros, cuyos recursos serán destinados a pacientes renales y con cáncer.
Mientras el presidente Paz promulgaba el decreto, en La Paz, la alianza multisectorial realizó una marcha por las principales calles de la ciudad con banderas blancas. Los movilizados exigieron soluciones al conflicto y corearon: “Queremos trabajar”.