El diputado de Alianza Popular, Rolando Pacheco, remitió a la comisión especial de investigación del caso maletas un informe con una cronología de los hechos que, según su versión, fue elaborada con base a peticiones de informe escrito y declaraciones públicas de autoridades.
En esa relación de hechos expuesto por el legislador, se destaca que las polémicas 31 maletas ingresaron de Estados Unidos a Bolivia con un operador distinto al que se había autorizado.
“El 28 y 29 de noviembre de 2025. El vuelo chárter Gulfstream G-550, matrícula N585JC, partió de Burbank, California (Estados Unidos), con destino al Aeropuerto Internacional de Viru Viru, Santa Cruz. Conforme a la declaración general presentada a las autoridades, viajaron a bordo la exdiputada Laura Rojas Ayala, el ciudadano italiano Gabriel Giuliano Leoni y dos menores de edad. La autorización de ingreso-salida N° DGAC/ING/509/2025 fue emitida por la Dirección General de Aeronáutica Civil a favor del operador SOUTHERN CROSS AIRCRAFT LLC; sin embargo, el vuelo operó y presentó su declaración general bajo el nombre de una empresa distinta, PROFLITE LLC. Ninguna de las dos empresas registra entrada en el sistema SUMA de la Aduana Nacional”, señala el diputado en su documento.
Añade que el 29 de noviembre de 2025, a las 13:07, la aeronave aterrizó en Viru Viru y que 20 minutos después, “el oficial de enlace de la Policía Federal del Brasil, Fernando Augusto Battaus, (…) alertó al teniente Marvin Manzaneda Rojas, de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), que la aeronave transporta maletas con dinero presuntamente destinado al pago de droga, sobre la base de información previa de la agencia Homeland Security Investigations (HSI) de los Estados Unidos”.
Señala que el mismo día, pero a las 15:21, “Manzaneda trasladó esa alerta (…) al capitán Cristhian Rodríguez Silva, ayudante de órdenes del Ministro de Gobierno”, mientras esa misma tarde se descargaban de la aeronave las 31 maletas, “con un peso aproximado de 620 kilogramos, declaradas como equipaje diplomático”.
“El Sr. Bruno Sánchez, quien figura en los documentos aduaneros como representante del vuelo chárter, pero que no aparece como tripulante ni pasajero en la declaración general, registró y entregó el equipaje al personal de turno de la Aduana Nacional mediante el Formulario de Registro de Equipaje Rezagado N° 189”, detalla el informe.
La carga, según el mismo documento, fue depositada bajo custodia aduanera y permaneció en su depósito hasta el 2 de diciembre. “Registros internos de comunicaciones documentan coordinaciones para su retiro, en las que participan el Juez Hebert Ceballos, un técnico aduanero y la Sra. Estefanía Tufiño”, indica el informe.
En horas de la mañana del 3 de diciembre, la ex diputada Laura Rojas retiró las 31 maletas del depósito aduanero presentando un pasaporte diplomático, que había sido anulado 20 días antes.
La carga salió del aeropuerto, según la investigación de Pacheco, en un minibús blanco con escolta de motocicletas, con destino al galpón de la empresa EBOSE S.R.L. Sin embargo, “durante un período de aproximadamente 51 días no se registró, en la documentación disponible, ningún acto formal de investigación penal, (…) ninguna coordinación documentada con agencias internacionales, ni medida cautelar alguna sobre personas o bienes vinculados a los hechos”, afirma el legislador.
Finalmente, según su misma versión, el 19 de enero de 2026 “el Ministerio de Gobierno cursó la primera notificación formal al Fiscal General del Estado, Roger Mariaca, a través del trabajo del Centro Especializado de Investigación Policial (CEIP) de Santa Cruz. En la misma fecha se abrió el primer proceso penal por el delito de asociación delictuosa”.
“A la fecha, la ex diputada Laura Rojas Ayala y el juez Hebert Ceballos se encuentran con detención preventiva y han iniciado trámites de cesación. El juez Ceballos no ha sido suspendido por el Consejo de la Magistratura. Cinco funcionarios aduaneros se encuentran cautelados. Manzaneda se encuentra detenido. El destino de las 31 maletas y de su contenido no ha sido establecido; el monto presuntamente transportado no ha sido verificado ni descartado mediante prueba técnica; y el ciudadano Gabriel Giuliano Leoni permanece prófugo”, puntualiza el diputado Pacheco en su extensa cronología, que contempla mayores detalles.
Ahora el legislador solicita a la comisión considerar su comunicación, incorporar la documentación remitida a los antecedentes de la investigación legislativa y también realiza una serie de recomendaciones o sugerencias.
Vea a continuación el documento completo que fue remitido a la comisión de investigación: