La diputada de Libre, Lissa Claros, informó que se solicitará una petición de informe escrito al Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, sobre sus acciones durante la crisis de 53 días de conflictos, que agobió a Bolivia e incluso le advirtió con un proceso penal para tratar de destituirlo del cargo.
“Estamos planteando una petición de informe oral al Defensor del Pueblo, ya que esta instancia absorbe un presupuesto (millonario) y lamentablemente no cumple con un rol de defensa a la población boliviana. Con esto estamos realizando un trabajo de fiscalización para posteriormente denunciarlo en la vía penal”, anunció.
La legisladora aseguró que Callisaya es un defensor “ausente de los problemas de la población” y que solo “aparece cuando le da la gana”, por lo que “Bolivia no puede seguir gastando en funcionarios incompetentes”.
“Esperamos que pueda asistir a la petición de informe y dar respuestas a la población boliviana. Dónde estaba, qué ha hecho, qué función ha cumplido para defender (…) a la población boliviana, a los choferes que han estado parados, a las familias que han perdido a sus seres queridos y a los negocios que han sufrido agresiones por parte de grupos extremistas de la izquierda”, afirmó.
La diputada agregó que buscará una vía para que el Defensor deje sus funciones y aseguró que no parará hasta que el cuestionado funcionario dé explicaciones.
“Nosotros vamos a buscar el mecanismo para que ya no pueda estar en este ejercicio (de su cargo). Se lo puede destituir a través de un proceso penal y es hacia donde nosotros estamos apuntando para iniciarle un proceso penal por incumplimiento de deberes y funciones, porque lamentablemente no ha hecho absolutamente nada”, insistió.
Entre mayo y junio, Bolivia fue asfixiaba por un conflicto de 53 días, que incluyó bloqueos de carreteras, en demanda de la renuncia del presidente Rodrigo Paz a siete meses de su gestión gubernamental.