Paola Prudencio, presidenta del Tribunal Constitucional, asegura que el mismo sigue funcionando pese a tener solo cuatro de los nueve magistrados previstos en la Constitución. Rechaza designaciones por decreto, exige elecciones complementarias y advierte que heredaron 20.000 causas que están pendientes y espera respuestas de la Asamblea Legislativa.
El TCP funciona con cuatro de sus nueve magistrados. ¿Cuál es la situación actual?
Los cuatro magistrados elegidos en 2024 iniciamos funciones en enero de 2025 con una sala plena híbrida, porque todavía permanecían cinco exautoridades denominadas autoprorrogadas. Fue una primera etapa bastante compleja y lo denunciamos públicamente. Después de su salida, el 25 de noviembre (de 2025), pudimos asumir plenamente las atribuciones y responsabilidades que establece la Constitución y cumplir el mandato recibido del pueblo.
Debe quedar claro que el Tribunal Constitucional no ha detenido su labor. Incluso demostramos que la capacidad resolutiva actual duplica la registrada cuando funcionaban nueve magistrados, cinco de ellos autoprorrogados.
¿Hay un proyecto de ley presentado por el TCP busca validar las decisiones de los cuatro magistrados?
No. El proyecto no fue presentado para avalar nuestras decisiones. Su finalidad es permitir que la Presidencia forme parte de una de las salas. Actualmente una prohibición normativa impide a la Presidencia integrar una sala, porque su labor es representativa y administrativa.
Debido a la carga procesal heredada, planteamos que, de manera excepcional, transitoria y temporal, la Presidencia pueda incorporarse a una sala y ayudar al descongestionamiento de las causas pendientes.
¿Es indispensable completar los nueve miembros del Tribunal?
Por supuesto. Lo venimos reclamando desde el inicio de la gestión 2025. Desde 2023 esperamos unas elecciones judiciales que fueron fraccionadas y que cercenaron el derecho de cinco departamentos a elegir a sus máximas autoridades en el Tribunal Constitucional. El hecho de que el TCP funcione con cuatro magistrados no significa que esta situación pueda normalizarse. En sala plena necesitamos escuchar la voz y los fundamentos de los representantes de esos cinco departamentos.
Nuestra solicitud de cumplimiento estricto de la Constitución se mantiene firme: deben convocarse elecciones judiciales complementarias. Tenemos que reponer el orden constitucional. No podemos normalizar que seamos cuatro magistrados cuando, por mandato constitucional, debemos ser nueve, uno por cada departamento.
Pero, ante las dificultades para organizar nuevas elecciones, un diputado planteó que el Presidente designe autoridades transitorias por decreto. ¿Es esto constitucional?
De ninguna manera. La Constitución faculta a la Asamblea Legislativa Plurinacional para preseleccionar a los candidatos que luego deben someterse a un proceso electoral.
Ningún órgano puede concentrar el poder ni ejercer facultades que no le fueron conferidas por la Constitución o por la ley. El Ejecutivo no puede designar autoridades judiciales, aunque sean transitorias, porque no está dentro de su ámbito competencial. Tampoco puede hacerlo directamente la Asamblea Legislativa.
El único camino es respetar la Constitución Política del Estado. Las autoridades juramos respetarla y hacerla respetar. El Tribunal Constitucional, como guardián de la Constitución, será el primero en defenderla.
¿Cómo se observa la falta de celeridad de la Asamblea Legislativa para tratar estos proyectos urgentes?
Nos causa una profunda preocupación. Esta situación debería convocar a la ciudadanía a reflexionar sobre el papel del Ejecutivo y del Legislativo.
Somos respetuosos de las competencias de cada órgano del Estado, pero vemos que la Asamblea trata distintos proyectos sin encontrar una solución definitiva. Parece que se ha perdido el norte. El único camino viable es cumplir la Constitución.
¿El Tribunal Constitucional participó en la decisión de impulsar medidas por mayor presupuesto para la Justicia?
Hay que aclarar que el Tribunal Constitucional no forma parte del Órgano Judicial. Asistimos como invitados a una convocatoria realizada por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Rómer Saucedo. Estuvimos en el acto inaugural, pero no participamos de las deliberaciones.
Sin embargo, entendemos perfectamente la situación económica y financiera del Órgano Judicial. Para garantizar su independencia, los órganos del Estado deben tener plena capacidad para administrar sus recursos. Entendemos que ese es también el pedido del Órgano Judicial: administrar su presupuesto y contar con un incremento que permita cubrir sus necesidades esenciales.
¿Cuál es la situación presupuestaria del TCP?
El presupuesto del Tribunal Constitucional representa aproximadamente el 0,22% del presupuesto asignado al sistema de justicia. Contamos con cerca de 300 a 350 funcionarios en todo el país, pero los recursos son muy reducidos.
Después de 32 años desde la creación del Tribunal y de 28 años de vida institucional, todavía no contamos con infraestructura propia. Funcionamos en un inmueble cedido en comodato por el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre. El edificio tiene capacidad para 100 funcionarios, pero aquí trabajan más de 300.
Tenemos equipos de hace más de 30 años y debemos alquilar otros ambientes para instalar a funcionarios, almacenar documentos y habilitar depósitos. Esto representa un gasto elevado.
Entendemos la crisis por la que atraviesa el Estado y aplicamos una política de austeridad. Lo poco que tenemos debe administrarse mejor, pero también es necesario ajustar el presupuesto.
¿Cuántas causas pendientes recibió la actual administración?
Cuando ingresamos denunciamos que existían más de 20.000 causas pendientes acumuladas por las anteriores gestiones. Desde 2018 ingresan al Tribunal entre 7.000 y 9.000 causas por año. Sin embargo, las anteriores autoridades sorteaban únicamente entre 3.000 y 3.500 expedientes por gestión. Además, los sorteos comenzaban a mediados de enero y se suspendían a finales de septiembre o mediados de octubre. Durante octubre, noviembre, diciembre y parte de enero no se realizaban sorteos. Si ingresan entre 7.000 y 8.000 causas al año y solo se sortean 3.000 o 3.500, se genera un remanente que se fue acumulando durante seis años.
¿Qué resultados consiguieron los cuatro magistrados?
Aplicamos distintas estrategias de gestión de despacho y demostramos que era posible duplicar la capacidad resolutiva. En esta gestión, los cuatro magistrados logramos sanear todo lo relacionado con la Comisión de Admisión y, hasta junio, se sortearon cerca de 4.000 expedientes para resolución.
Podríamos haber llegado a unos 5.000 expedientes si la Asamblea hubiera aprobado el proyecto para permitir que la Presidencia integre una sala. Las acciones tutelares están siendo resueltas solamente por tres de los cuatro magistrados. Con la incorporación de la Presidencia seríamos cuatro trabajando directamente en esas causas y podríamos acelerar aún más el descongestionamiento.
Usted fue elegida mediante voto popular. ¿Qué representa ese mandato?
Estamos aquí por voluntad y confianza del pueblo boliviano. No estamos por un favor político ni por una designación política. Entiendo que existen cuestionamientos a las elecciones judiciales, pero debe recordarse que los procesos de 2011 y 2017 fueron muy distintos al de 2024.
En las dos primeras elecciones hubo más de un 70% de votos nulos, mientras que en 2024 cerca del 70% de los votos fueron válidos. La ciudadanía creyó y confió. Al menos desde el Tribunal Constitucional estamos demostrando que podemos ejercer nuestras funciones con absoluta independencia y con una profunda vocación de servicio, porque nos debemos al pueblo boliviano.
Es importante que la ciudadanía conozca lo que hace su Tribunal Constitucional Plurinacional.