La autoridad sostiene que no se debe obligar a pagar los saldos de la pasada gestión. Advierte que existen algunos “excesos” de propietarios de colegios particulares

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19 de enero de 2021, 11:32 AM
19 de enero de 2021, 11:32 AM

El ministro de Educación, Adrián Quelca, afirmó este martes que el cobro de pensiones en colegios particulares debe ser “racional” y en acuerdo con los padres de familia, según la oferta académica para esta gestión, donde las clases se desarrollarán bajo la modalidad a distancia.

“No se puede cobrar lo del año pasado, porque se pagó un determinado monto por clases presenciales, entonces la pensión para este año debe ser diferente, pero hay colegios particulares grandes, con ofertas académicas diferenciales, otras medianas y otras pequeñas, en ese marco el cobro de pensiones debe ser racional”, afirmó.

Quelca advirtió que no se puede proceder a retener libretas, títulos de bachiller y menos prohibir la inscripción de estudiantes antiguos, porque eso constituye “excesos” de propietarios de algunos establecimientos. Anunció que las direcciones departamentales intervendrán para sancionar abusos.

“Nos parece un exceso, compartimos la preocupación, a toda luz lo que quieren con esos contratos es asegurarse el pago olvidándose en la prestación de servicios, en el fondo están vulnerando el derecho a la educación”, reprochó el ministro en entrevista con radio Fides, sobre contratos en los que se advierten procesos y denuncias al sistema financiero por el incumplimiento de pagos.

Recalcó que ya desde la pasada gestión se dialogó con la asociación de colegios privados, para que las pensiones de esta gestión sean fijadas en consenso con los padres de familia y en función a la oferta de servicios que cada establecimiento tenga, con la fiscalización de los entes territoriales de educación.

Enfatizó que se tomarán “cartas en el asunto” ante intentos de cobros de cuotas de la pasada gestión, cuando se clausuró la gestión académica. “No es admisible que se establezcan esos términos en los contratos, nos parece un atropello a la situación de padres que optan por estas unidades”, recalcando que los colegios no pueden obligar a firmar esos contratos bajo amenaza de negarse a inscribir a los estudiantes.