Mapas satelitales muestran cómo la deforestación devora el parque Amboró

*** Este reportaje fue realizado en el marco de la alianza periodística de EL DEBER y Mongabay Latam

En este preciso instante, mientras usted lee este reportaje, en el Parque Nacional Amboró crecen plantaciones ilegales de hoja de coca en áreas de bosque que fueron arrasados para ese fin. Quienes deforestan lo hacen favorecidos por la topografía de difícil acceso y por la escasa presencia del Estado en esta área protegida que provee agua y purifica el aire que se respira en Santa Cruz, uno de los departamentos de mayor superficie y más poblado de Bolivia.

Esta actividad ilícita no sólo ha sido puesta en evidencia por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en su último informe, sino que ahora el equipo de Mongabay Latam y El Deber —tras recorrer recientemente la zona— aporta nueva evidencia de los puntos deforestados, testimonios de comunarios recogidos en el área y suma un análisis satelital de los puntos en los que existirían cultivos ilícitos, a partir de las coordenadas proporcionadas por guardaparques y activistas ambientales.

De hecho las imágenes satelitales muestran un panorama preocupante, sobre todo por la deforestación que se observa en la zona norte del parque, que comprende los municipios de Yapacaní, San Carlos y Buena Vista. Esta información revela que al menos 58 nuevos parches de deforestación se abrieron entre febrero de 2019 y el 22 de octubre de 2023.

Los chaqueos en el Amboró y la coca

En Bolivia el Gobierno ha establecido que 22.000 son las hectáreas de coca permitidas, cuyo uso es para el consumo tradicional o acullico, y solo pueden ser cultivadas en ocho provincias de los departamentos de La Paz y Cochabamba. Las áreas protegidas son lugares prohibidos, sin embargo, esa regla no se está cumpliendo.

El reporte anual del Monitoreo de Cultivos de Coca en Bolivia realizado por la UNODC da cuenta de 7.900 hectáreas de coca que excedieron lo permitido en el 2022 y de esa cantidad, 435 están sembradas en cinco áreas protegidas. Una de ellas, es el Amboró.

Este reporte muestra que, con 29 hectáreas, el Amboró ocupa el quinto lugar con la mayor cantidad de sembradíos de la hoja milenaria. En primer lugar está su vecino, el Parque Nacional Carrasco con 224 hectáreas.

Para Andreina Tolavi, que el 31 de octubre de este año fue destituida de la dirección del Parque Nacional Amboró tras denunciar que los cultivos de coca se dispararon en el interior de esta área protegida, la cantidad reportada por la UNODC se queda corta frente a las cifras reales.

Durante los casi dos años que estuvo al frente de esta dirección, Tolavi asegura que logró registrar, in situ y a través de monitoreo satelital, 50 hectáreas de cultivos de coca dispersas en parcelas de comunarios que habitan en el Área Natural de Manejo Integrado (ANMI) del Amboró, correspondiente al municipio de Yapacani. Se trata de una zona del área protegida que permite el desarrollo de ciertas actividades por parte de la población local pero que, de ninguna manera, permite el cultivo de coca.

Tolavi también contabilizó 18 hectáreas dentro del parque, es decir, al interior de la zona de conservación estricta. Sin embargo, las imágenes satelitales revelan que la expansión de los cultivos ilícitos en el Amboró podría ser mayor, a juzgar por el avance de la pérdida de bosque. Desde el 2019 a la fecha, según el análisis realizado por EL DEBER y Mongabay Latam, se pueden observar al menos 58 áreas o chacos deforestados en la zona norte del parque, al interior de la zona de protección estricta, y que suman una pérdida de 107 hectáreas.

Esta información, validada por dos geógrafos expertos en teledetección de Bolivia y Perú, confirma que el avance de la deforestación dentro del parque es una realidad. Sobre los cultivos ilícitos, lo que se puede afirmar es que al menos en dos áreas específicas analizadas, la pérdida de bosque coincide con los sitios que el mismo equipo periodístico visitó en enero de 2020 confirmando que, al menos en ese momento, se trataba de hoja de coca. Hoy, las imágenes satelitales muestran que en esos dos puntos -entre los ríos Ichilo y Alto Ichilo, y en el margen derecho del río Alto Ichilo- los parches de deforestación o chaqueos se han multiplicado.

De hecho, el Viceministerio de Defensa Social, dependiente del Ministerio de Gobierno, le confirmó a esta alianza periodística que desde el 2021 hasta la fecha se han erradicado 443 hectáreas de cultivos de coca dentro del parque.

La mayoría de los más de 50 parches (parcelas deforestadas) detectados abarcan de una a dos hectáreas, y es posible observar claramente que han ido avanzando desde la zona del ANMI hacia el interior del parque. Pero hay dos casos que llaman particularmente la atención por su tamaño. El primero de ellos de 32 hectáreas fue abierto en agosto de 2021 y afecta 13 hectáreas de la zona de protección estricta del parque. Un segundo gran parche de dimensiones similares comenzó a abrirse en septiembre de 2023 y abarca 41 hectáreas, de las cuales 21 están dentro de la zona de protección estricta.

​La tendencia de esta pérdida de bosque se puede observar con claridad en los últimos cinco años. De hecho de forma sistemática, sobre todo entre agosto y noviembre, se han ido incrementando las áreas deforestadas o chacos. Este rango coincide con el período de quemas o incendios en Bolivia, que en 2022 arrasaron con 4.466.540 hectáreas a nivel nacional.

De hecho, en esta misma área analizada, la plataforma de monitoreo Global Forest Watch emitió 4.156 alertas de deforestación en los últimos dos años. Cabe destacar, sin embargo, que en toda el área protegida son un total de 256 025 alertas entre noviembre de 2021 y noviembre de 2023. Cada alerta que realiza esta plataforma de monitoreo significa una pérdida de espacios de 30x30 metros en un bosque tropical, equivalente a una cancha de básquetbol. La mayor cantidad de alertas en el área analizada —3.890— se originaron entre agosto y noviembre de 2022 y agosto y octubre de 2023, que son los meses secos cuando se suelen producir los incendios para ampliar el espacio para cultivar.

Las autoridades sí conocían la situación del parque

Aunque no ha sido posible verificar si esa pérdida es por cultivos ilícitos de coca, Román Vitrón, un especialista en medio ambiente que ha trabajado en el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) y en municipios del norte cruceño que forman parte del Amboró, sostiene que son altas las posibilidades de que esas nuevas áreas se hayan abierto para ese fin. “¿Usted cree que alguien interesado en cultivar banana o papaya se va a internar en el parque para chaquear con lo difícil que es llegar por tierra a este lugar?”, dice.

Según Vitrón, si se deforesta con el objetivo de sembrar algo, ese algo no es otra cosa que la hoja de coca, una producción que, según su opinión, está directamente relacionada con el narcotráfico. Las hojas de este arbusto se pueden cosechar hasta cuatro veces al año, por lo que se convierte en un negocio ilícito rentable y seguro para producir pasta base, más aún bajo la protección que otorga la inaccesibilidad del bosque, explica.

Cuando Tolavi denunció la presencia de coca al interior del parque a finales de octubre, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, acusó a los guardaparques por no haber denunciado los cultivos de coca y también criticó a la Gobernación cruceña. “Tiene guardaparques y gente que está en estos lugares y cómo puede ser que estén cultivando 20 hectáreas de coca y esta gente no haya evidenciado esto con anterioridad”, sostuvo en contacto con los medios locales.

Al respecto, un guardaparque entrevistado para este reportaje, cuya identidad se mantiene en reserva, sostuvo: “El ministro (de Gobierno, Eduardo Del Castillo) nos acusó de no haber informado que había coca en plena reserva natural. Solo para que el ministro sepa, nosotros realizamos los respectivos informes señalando e informando sobre las plantaciones de coca. Se cumplió con el procedimiento emitiendo informes a la directora de ese entonces (Andreína Tolavi) y ella le transmitió al Sernap, que es nuestra máxima autoridad”.

Este equipo periodístico confirmó que las autoridades sí tenían conocimiento de la situación del parque. EL DEBER y Mongabay Latam accedieron a copias de una veintena de informes y requerimientos que la dirección de esta área protegida le hizo llegar, entre 2022 y 2023, a Theodoro Mamani, Omar Tejerina y Johnson Jiménez Cobo (actualmente es el director), que en este lapso estuvieron al frente del Sernap.

Entre estos documentos se encuentra el “Informe de presuntas actividades ilícitas y pistas clandestinas dentro de los límites del parque nacional y ANMI Amboró”, del 7 de febrero de 2023, en el que la entonces directora Andreína Tolavi expone coordenadas de presuntas narcopistas y de otras actividades ilícitas, y pide que se gestione la verificación con sobrevuelos. En respuesta a esta solicitud, el 20 de abril, una aeronave de la Fuerza Aérea surcó el espacio aéreo de Comarapa y confirmó que la posible pista de aterrizaje clandestina era, en realidad, una plantación de hoja de coca.

A través de imágenes satélitales se pudo constatar que se trata de un espacio, de entre 200 a 250 metros de largo, en medio del bosque y que existe desde junio de 2016.

Tolavi le explica al equipo periodístico que el sobrevuelo no se pudo realizar en la zona de Ichilo (provincia a la que pertenecen los municipios de Yapacaní, San Carlos y Buena Vista) debido a las condiciones climáticas, por lo que no se pudo verificar la existencia de helipuertos en las coordenadas reportadas.

Desde entonces hasta finales de octubre, cuando fue apartada del cargo, afirma que no tuvo conocimiento de que se hayan realizado otros sobrevuelos o que se haya ingresado a erradicar los cocales confirmados. Al respecto, se le solicitó información a Jiménez Cobo, actual director del Sernap, pero hasta el cierre del reportaje no hubo respuesta.

En el informe que la dirección del parque le entregó a Sernap además, se confirman cinco de los parches deforestados que observamos en imágenes satelitales dentro del parque y se menciona la existencia de dos áreas deforestadas más, cerca del límite entre el parque Amboró y el parque Carrasco.

Por otra parte, el Viceministerio de Defensa Social no solo confirmó que se han erradicado en los últimos tres años más de 400 hectáreas de hoja de coca al interior del parque, sino que desde el 2021 hasta la fecha la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico ejecutó dos operativos antinarcóticos.

En el primero, realizado el 11 de diciembre de 2020, se erradicaron e incineraron plantaciones de marihuana, con un peso total de siete toneladas. “El segundo caso se desarrolló en octubre de 2022, dando cumplimiento al Plan de Operaciones “Colmena”, donde se encontró un laboratorio de cristalización de cocaína, el cual fue destruido e incendiado en presencia del fiscal de sustancias controladas”, indica, a través de una respuesta escrita.

Sin embargo, después del último operativo la deforestación al interior del parque no se ha detenido. El análisis de las imágenes satelitales muestra que 12 nuevos chacos se han abierto en 2023, los que suman alrededor de 35 hectáreas.

La comunidad que frenó los avasallamientos

El Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Amboró es una de las 22 áreas protegidas nacionales de Bolivia y tiene una extensión de 636.000 hectáreas. Está ubicado en una posición geográfica única en la confluencia de tres ecosistemas diferentes: la Amazonía, el norte del Chaco boliviano y los Andes, de los municipios de Comarapa, Pampa Grande, Mairana, Samaipata, Buena Vista, San Carlos, Yapacaní, El Torno y Porongo. 

Allí habitan especies de animales de las tierras altas y bajas, árboles valorados por su madera fina como la mara (Swietenia macrophylla), la palmera chonta (Bactris gasipaes) o la caoba (Swietenia); una gran variedad de bromelias (Bromeliaceae), orquídeas (Orchidaceae) y bosques de helechos gigantes (Cyathea arbórea). Además, esta reserva es la casa del jaguar (Panthera onca), del oso de anteojos (Tremarctos ornatus) y de otras especies de mamíferos nativos de la Amazonía, además de 800 especies de aves.

El equipo de EL DEBER y Mongabay Latam ingresó a este parque en octubre pasado, por el municipio de El Torno. Exactamente, por la comunidad Jardín de las Delicias que se encuentra dentro del área ANMI y que es uno de los principales atractivos turísticos por las tres cascadas de singular belleza que posee.

Los comunarios que viven allí, así como dirigentes del distrito 6, a donde pertenece esta comunidad y de quienes se reserva su identidad por razones de seguridad, señalan que al habilitarse esta zona ecoturística y la carretera vecinal es difícil controlar a los foráneos que se internan en el parque para cultivar coca, establecer fábricas de cocaína y sacar madera en callapos— pequeña embarcación de río construida con troncos de madera unidos entre sí, que sirve para transportar tablones de madera— por el río Banegas hasta llegar a Yapacaní.

Tampoco olvidan lo acontecido en 2013, cuando dos buses llenos de gente llegaron con el propósito de avasallar sus predios. “Nos organizamos y fuimos a confrontarlos, hasta que logramos que salgan”, cuenta un dirigente.

“El parque Amboró es muy grande, por acá intentaron asentarse, pero no los dejamos. Querían plantar maíz. Han desmontado parte del bosque. Nos organizamos y evitamos esos asentamientos. Pero más allá está lo terrible, hay (hoja de) coca, hay plantaciones ilegales, pero es difícil llegar caminando ahí”, relata María, una vecina de Jardín de las Delicias.

También por el lado oeste

Limber Vargas, el nuevo director del parque, concuerda con Tolavi en que Comarapa, otro municipio cuyo territorio forma parte de esta área protegida por el lado oeste también está siendo amenazado por las organizaciones criminales relacionadas con el narcotráfico. En octubre de este año, los pobladores, guardaparques y Alcaldía de esta localidad fueron agredidos por los vigilantes de estas actividades ilícitas mientras erradicaban plantaciones de marihuana y coca.

Milton Cortés, presidente de Gestión Social del Parque Amboró, pide a las autoridades detener los avasallamientos en el Amboró. “Los asentamientos llegan por el lado del departamento de Cochabamba y, lamentablemente, se están incrementando en varios puntos”, a tiempo detallar que no solo este es el problema, sino también la presencia de cultivos de coca y que esto no es un secreto y que las autoridades tienen conocimiento.

Criticó la actitud del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, por cargar la responsabilidad de la protección de 636.000 hectáreas en los hombros de 11 guardaparques —que dependen del Sernap, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, es decir del Gobierno nacional— a los que no se les brinda las condiciones ni los medios de trabajo.

Los 11 guardaparques deben distribuirse en grupos en cada una de las bases de los nueve municipios que abarca el Amboró. En El Torno, a donde llegó el equipo periodístico, el campamento estaba en condiciones precarias. El único vehículo que había no tiene combustible.

Un solo vehículo
Limber Vargas, que asumió la Dirección del Amboró tras la salida de Tolavi, dice que se ha encontrado con condiciones de precariedad extrema al punto de que actualmente solo hay un solo vehículo operando, los otros cuatro asignados requieren intervención mecánica. Eso no es todo, de las ocho motocicletas, solo cuatro están operativas.

Para cuidar el Amboró varios guardaparques hacen uso de sus motocicletas personales. En estas condiciones trabajan los 11 hombres a los que el ministro endilga la responsabilidad de evitar los sembradíos de coca y otros delitos ambientales cuando la función de ellos es, explica Vargas, emitir informes de la presencia de ilícitos y son entidades del Ministerio de Gobierno y de Defensa, como la Policía y los militares, las que deben intervenir.

Un guardián de esta área protegida, que pidió proteger su identidad por miedo a represalias, sostuvo que pese a los limitados recursos, él y sus camaradas ponen en riesgo sus vidas para cuidar esta área protegida. “Nosotros no podemos enfrentarnos solos con los cocaleros o narcos, porque simplemente nos matan”, sostuvo.

¿Qué hacer ante un escenario tan sombrío? Vargas señala que el reto es grande por lo que se ha propuesto apostarle, además de la coordinación entre los gobiernos nacional y departamental, a coordinar con los municipios, impulsar acuerdos institucionales y gestionar financiamiento externo.

La misma pregunta fue trasladada a la exdirectora de este parque Andreína Tolavi, y al exdirector del Sernap, Maikol Melgar. Ambos coincidieron en que si no se dejan a un lado los intereses políticos y se trabaja mancomunadamente en los tres niveles del Estado, el Amboró se convertirá en un botín de las mafias criminales y los habitantes de Santa Cruz se quedarán sin su pulmón natural de agua y aire.

Además, resaltó Melgar, es clave educar a las nuevas generaciones para que crezcan con conciencia de que cuidar las áreas protegidas es cuidar la vida.