La excanciller pidió que se publiquen las planillas de su gestión y los nombres de los familiares que supuestamente contrató. El enfrentamiento comenzó por la demora en la designación de embajadores y ahora incluye acusaciones sobre despidos, cuoteo político y uso de recursos públicos.
La excanciller Karen Longaric desafió al ministro de Relaciones Exteriores, Fernando Aramayo, a demostrar documentalmente que durante su gestión se gastaron Bs 45 millones en la conformación de un cuerpo diplomático que fue retirado después de la llegada de Luis Arce al Gobierno.
“Es de caballeros sustentar las acusaciones que se hacen contra otras personas. Espero que el señor Aramayo demuestre que en mi gestión se habrían malgastado 45 millones de bolivianos”, afirmó Longaric en una entrevista concedida este miércoles.
La exautoridad pidió que la Cancillería publique las planillas del personal destinado al servicio exterior entre noviembre de 2019 y noviembre de 2020, periodo en el que estuvo al frente de la política exterior durante el gobierno de Jeanine Áñez.
El reclamo respondió a las declaraciones formuladas el martes por Aramayo. El canciller sostuvo que aquella administración, a la que describió como un gobierno de transición cuya tarea principal era convocar a elecciones, destinó Bs 45 millones a diplomáticos que posteriormente fueron retirados. En su intervención pública no precisó si esa cifra corresponde a salarios, pasajes, viáticos, indemnizaciones, beneficios sociales o al costo total del personal desplazado.
Longaric también solicitó que Aramayo identifique a los integrantes de su familia que supuestamente habrían ocupado cargos diplomáticos. El actual canciller afirmó que las nuevas designaciones no deben beneficiar “al amigo, al familiar o al sobrino de alguien”, aunque no mencionó directamente a ninguna persona ni presentó nombres vinculados con la gestión de la exministra.
“Que diga los nombres de mi familia que supuestamente han ocupado cargos diplomáticos. Mis hijos viven desde hace muchos años en Alemania y tienen espacios profesionales importantes”, respondió Longaric.
La exautoridad consideró que Aramayo está recurriendo a acusaciones similares a las utilizadas por excancilleres del Movimiento Al Socialismo (MAS) y calificó de amedrentamiento la insinuación de que podría enfrentar otros procesos judiciales.
Despidos y funcionarios de carrera
Longaric reconoció que durante su administración se retiró a aproximadamente el 90% de los funcionarios que identificó como operadores políticos del MAS. Aseguró, no obstante, que mantuvo a servidores diplomáticos de carrera que habían ingresado durante gestiones anteriores y que la mayoría de las nuevas designaciones recayó en profesionales formados en la Cancillería.
“Quedó un 10% que eran funcionarios de carrera, profesionales muy capaces, a quienes yo misma pedí que se quedaran”, señaló. También afirmó que cerca del 90% de las personas enviadas al servicio exterior durante su gestión pertenecía a la carrera diplomática.
La excanciller defendió el desempeño de su equipo durante la pandemia de Covid-19 y aseguró que los funcionarios destinados en el exterior permitieron atender a ciudadanos varados, gestionar cooperación y enfrentar la campaña internacional que cuestionaba la legitimidad del gobierno de Áñez.
Ocho meses sin nuevas designaciones
El enfrentamiento surgió por la prolongada demora del gobierno de Rodrigo Paz en nombrar embajadores. Aramayo rechazó que la política exterior pueda evaluarse únicamente por la cantidad de embajadores designados. Afirmó que la Cancillería identificó perfiles para 15 representaciones y que los postulantes deben pasar por una evaluación antes de que sus nombres sean remitidos al presidente y posteriormente a la Asamblea Legislativa.
“Si eso va a significar que nos demoremos ocho meses más, lo vamos a hacer”, declaró el ministro tras defender un proceso basado —según dijo— en criterios de profesionalismo, institucionalidad y mérito.
A principios de julio, el servicio exterior todavía no contaba con nuevos embajadores designados por la actual administración en las 34 representaciones habituales de Bolivia. Las misiones continuaban funcionando mediante encargados de negocios, funcionarios diplomáticos y personal consular.
El Gobierno informó que dará prioridad a Brasil y Paraguay, donde pretende nombrar embajadores; a Chile, donde corresponde designar un cónsul general por la ausencia de relaciones diplomáticas plenas, y a Estados Unidos, país con el que se busca restablecer el intercambio de embajadores interrumpido desde 2008.
Aramayo justificó la demora en una reingeniería institucional y en la necesidad de reducir los gastos del servicio exterior. La Cancillería disminuyó de más de 380 a aproximadamente 280 los puestos fuera del país, una reducción cercana al 26% que, según datos oficiales, generó un ahorro mensual de $us 344.000 y de unos $us 2,4 millones durante los primeros siete meses de gestión.
A las restricciones presupuestarias se suma una deuda boliviana superior a $us 39 millones con organismos internacionales. Aramayo presentó esa obligación como parte de las dificultades heredadas, mientras Longaric sostuvo que se trata de una deuda acumulada durante décadas, aunque reconoció que se incrementó durante las administraciones del MAS.
La disputa por los resultados
Longaric cuestionó además que el Gobierno utilice la austeridad y los problemas administrativos para justificar la falta de embajadores. A su juicio, la ausencia de autoridades titulares limita el acceso de Bolivia a gobiernos extranjeros, organismos multilaterales, mercados, inversión y cooperación internacional.
También vinculó esa debilidad con la situación de los ciudadanos bolivianos en el exterior y mencionó las dificultades para acceder a documentos consulares y la necesidad de atender a los connacionales reclutados para combatir en la guerra entre Rusia y Ucrania.
Aramayo, en cambio, afirmó que su gestión restableció relaciones, fortaleció el diálogo con países vecinos, reactivó mecanismos regionales y retomó negociaciones dentro del Mercosur. También sostuvo que las representaciones no deben convertirse nuevamente en espacios para repartir cargos por afinidad política o familiar.