La Ley contra la legitimación de ganancias vulnera el debido proceso y el derecho a defensa, según diputado
El asambleísta de Comunidad Ciudadana (CC), Marcelo Pedraza, denunció que esa norma abre la posibilidad a que se realicen allanamientos sin orden judicial, se vulnere el secreto bancario, entre otras cosas.
El proyecto de Ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva y no convencionales contiene vulneraciones al debido proceso y al derecho a la defensa, denunció este sábado por la mañana el diputado por Comunidad Ciudadana, Marcelo Pedraza, en el programa ¡Qué semana!, del EL DEBER Radio.
La norma fue aprobada el viernes en la madrugada en la Cámara de Diputados, y ahora falta que sea tratada en la Cámara de Senadores antes de que sea promulgada.
Tiene 59 artículos y 19 disposiciones transitorias. Pedraza lamentó que las 16 horas de tratamiento y debate no tuvo la presencia del ministro de Justicia, Iván Lima, sino del de Planificación, Marcelo Montenegro.
El asambleísta observó los tipos penales. Señaló que en el caso de terrorismo, siempre se ha observado este delito porque es muy amplio y ambiguo. Y de hecho, ahora se modifican las pena de 14 y 15 años a 20 años.
Observó también la modificación del ilícito de legitimación de ganancias ilícitas que antes debía estar vinculado a narcotráfico o corrupción, y ahora se puede investigar individualmente.
El artículo 11 del proyecto de ley que señala que no se podrá invocar secreto profesional, reserva o confidencialidad en materia financiera, de valores, seguros, pensiones, comercial, tributario, económico, notarial, registro civil, derechos reales, profesionales u otros, cuando la UIF requiera información en el marco de sus atribuciones.
En el artículo 17 señala quiénes deberán informar: “toda persona natural o jurídica, pública o privada, del sistema financiero nacional, mercado de valores y seguros, pensiones, notarios de fe pública, abogados, contadores, juegos de azar o casinos, actividades comerciales, registro de comercio, control físico transfronterizo de divisas y otros que la UIF mediante resolución administrativa incluya en el ámbito de la regulación”.
Y en la entrevista el diputado opositor subrayó que el artículo 31 es clave, porque advierte que la Fiscalía, con el apoyo de las funciones de los investigadores policiales, podrán acceder a toda documentación e información física o informática que esté en poder de cualquier persona natural o jurídica, de derecho público o privado, así como realizar búsquedas de personas, allanamientos a lugares específicos, entre otra cosas.
“Lo que permite a la UIF es que vulnere todos los derechos que puedan. En estos delitos cuando se hacen indagaciones no serán investigados con la supervisión de un juez. Hay una violación al domicilio, porque se podrán realizar allanamientos de lugares específicos. Pueden llamar a una empresa telefónica, que se pinchen los teléfonos, e incluso uno nunca sabrá uno que es investigado”, advirtió.
“Se viola groseramente el derecho a la defensa”, dijo y añadió que a través del artículo 31 se deroga el principio constitucional a la obtención lícita de la prueba, le damos tantas competencias, se puede hacer todo acto necesario para la obtención de la prueba, se vulnera el debido proceso, pueden entrarse a tu casa sin orden fiscal, vulneran el secreto profesional y buscarán lo derechos de las personas. Nos quitan libertad”.
