Justicia quiere notificar a 40 postulantes al Consejo de la Magistratura para liberar la elección judicial
Desde la Comisión Mixta de Constitución no descartan iniciar un proceso penal contra los vocales de la Sala Constitucional Tercera. Ven un boicot.
La tarde de este lunes 22 de abril se desarrolló una audiencia en el piso 4 del Palacio de Justicia de la capital cruceña, para resolver un amparo constitucional que interpuso la abogada Margarita Medrano Mayta, exfiscal de Santa Cruz, quien fue inhabilitada como postulante al Consejo de la Magistratura.
Este amparo produjo un remezón en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) porque frenó la preselección de 405 postulantes para los altos cargos en el Órgano Judicial.
Después de dos horas, la Sala Constitucional Tercera de Santa Cruz, conformada por los vocales David Valda y Juan Manuel Gutiérrez, dispuso reprogramar la audiencia para este viernes 26 de abril, a las 8:00, para así notificar a las terceras personas interesadas, que en este caso se refiere a 40 postulantes al Consejo de la Magistratura, para que tengan conocimiento de la acción.
El diputado de Creemos, José Carlos Gutiérrez, miembro de la Comisión de Justicia Plural, manifestó a EL DEBER que la disposición de los vocales Valda y Gutiérrez se extralimitan con sus acciones, y que pisotean la ley de convocatoria al perjudicar la agenda y cronograma de la comisión.
“Los vocales están extralimitando los tiempos y boicoteando la convocatoria. Esta acción perjudica a los más de 400 postulantes, es una locura. Los amparos no pueden suspenderse por nada, según establece la Ley 126 de la Constitución Política del Estado y deben ser resueltos en 24 horas”, expresó el parlamentario a este rotativo.
A la audiencia asistieron Miguel Rejas, presidente de la Comisión Mixta de Constitución y Justicia Plural, José Carlos Gutiérrez, miembro de la Comisión de Justicia Plural, y el diputado de Creemos, Leonardo Ayala.
En tanto que la accionante, Margarita Mayta, reiteró que nadie puede estar por encima de la ley y de las garantías del debido proceso y derechos humanos, esto ante su inhabilitación por parte de la comisión revisora.
Recordó que en primera instancia, el 16 y 17 de marzo, fue observada por no acreditar el habla de un segundo idioma lo cual fue resuelto posteriormente al presentar un certificado de la Universidad Gabriel René Moreno (Uagrm).
“Al momento de resolver el recurso de impugnación deciden habilitarme por el recurso común 7, que me habían observado, y contrario a la ley fuera de todo plazo resuelven inhabilitarme por el supuesto incumplimiento de los requisitos específicos 4 y 5, vulnerando mi derecho a la defensa”, indicó.
El requisito 4 específico señala: Haber desempeñado con ética y honestidad, funciones en el área administrativa, disciplinaria, financiera y de recursos humanos, de conformidad al artículo 167 de la Ley N° 025. Mientras que el requisito 5 indica: Tener conocimientos en el área de sus atribuciones, materia administrativa, disciplinaria financiera o recursos humanos de conformidad al artículo 167 de la Ley N°25.
Por su parte, el presidente de la Comisión Mixta de Constitución, Miguel Rejas, calificó la disposición de la Sala Constitucional Tercera como incongruente, contradictoria e inconstitucional, ya que considera que por atender el pedido de una postulante se atentan los derechos de más de 400 postulantes.
Afirmó que los dos vocales deben declararse incompetentes porque un amparo constitucional no es el instrumento jurídico idóneo para objetar una resolución legislativa, desconociendo de esta manera el procedimiento constitucional.
“Dijeron que era una cuestión de fondo, la Ley 254 y la Sentencia Constitucional 1922/2012 y el Auto Constitucional 151/2013 dispone que ante una presunta vulneración en sede de la Asamblea sobre un acto administrativo-legislativo lo que corresponde es interponer un Recurso Constitucional contra Resoluciones del Órgano Legislativo regulados entre los artículos 139 y 142 del Código Procesal Constitucional”, explicó.
Anunció que la Comisión Mixta de Constitución convocó a sesión este martes en La Paz y transmitirá la consulta al pleno para definir el procedimiento de cumplimiento de las fases del proceso de preselección judicial. Además, no descartó iniciar un proceso penal contra los vocales Valda y Gutiérrez.
Por su parte el vocal David Valda, argumentó que tomaron la decisión para resguardar los derechos de la accionante, en este caso Margarita, y de las terceras personas que se verían involucradas en sus derechos fundamentales.
"Este tribunal ha determinado que existen otros postulantes en los cuales pueden ser afectados en sus derechos fundamentales y esta disposición en apego al principio de celeridad ha ordenado que la comisión remita lo más rápido posible en los medios de comunicación para que este tribunal pueda notificar", sostuvo.
En entrevista con EL DEBER Radio, Israel Quino, asesor de la Cámara de Senadores, informó que hasta el viernes, al cerrar la jornada fueron notificados con el sexto amparo constitucional presentado por seis personas, en los cargos al Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional y finalmente al Consejo de la Magistratura.
“Si es que insisten los jueces en ir al amparo, pues vamos y demostraremos que la postulante incumple los requisitos y los expondremos ante las autoridades judiciales”, matizó.
