El Gobierno informó que la investigación sobre el reclutamiento de ciudadanos bolivianos para combatir en la guerra entre Rusia y Ucrania avanza hacia la identificación de las personas que participaron en la captación y el traslado de los viajeros. Los primeros indicios apuntan a que, en algunos casos, las víctimas fueron convencidas mediante engaños y promesas económicas, una conducta que configura el delito de trata de personas.
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, afirmó que coadyuva con el Ministerio Público en las pesquisas y anticipó que en los próximos días podrían conocerse resultados sobre las responsabilidades dentro de la estructura de esta red que promovió los viajes.
“Ya hay culpabilidades”, sostuvo la autoridad en una entrevista con radio Panamericana, aunque no reveló nombres ni precisó si existen nuevas órdenes de aprehensión en este caso. El sábado, un juez en Santa Cruz ordenó recluir por 60 días en el penal de Palmasola a tres personas sospechosas de trata y tráfico de personas, mientras que el poisible líder de este grupo está prófugo.
Oviedo agregó que el proceso avanza “de manera acelerada” y reconoció que algunos ciudadanos fueron reclutados con engaños y promesas económicas consideradas importantes.
Las declaraciones refuerzan la hipótesis de que los viajes no fueron decisiones aisladas ni completamente voluntarias, sino que detrás de ellos operaron intermediarios encargados de buscar personas en situación económica vulnerable, ofrecerles trabajos bien remunerados, facilitar documentos, financiar pasajes y conducirlas hasta Rusia.
Familiares entrevistados por EL DEBER relataron que algunos de los bolivianos creían que realizarían labores de construcción, seguridad, vigilancia o control de accesos; aunque también hay testimonios que reflejan que hubo personal que sí sabía que estaba yendo a una guerra.
Eso sí, en ambos casos y una vez en territorio ruso, los ciudadanos captados firmaron documentos redactados en un idioma que no comprendían; recibieron entrenamiento militar por periodos reducidos y luego enviados a zonas de combate.
Los documentos y testimonios conocidos hasta ahora muestran un patrón que comenzaba con el contacto de intermediarios o reclutadores, continuaba con la tramitación acelerada de pasaportes, seguros, pasajes e invitaciones y concluía con la llegada de los bolivianos a Rusia. En algunos expedientes aparecen invitaciones para supuestas actividades culturales, recorridos por museos e intercambios educativos, pese a que posteriormente los viajeros fueron vistos con uniformes, armas o identificaciones de carácter militar.
En Santa Cruz, una madre denunció que su hijo de 21 años, su hermano y su cuñado viajaron junto con otros jóvenes desde una comunidad de la provincia Sara. Desde el 20 de mayo perdió contacto con su hijo, después de que este le comunicara que sería enviado a la primera línea de combate. La mujer pidió mantener su identidad en reserva por temor a las personas que organizaron el viaje.
Otro caso es el de Iván Valdivia y José María Soleto Ayala, dos bolivianos cuyas familias realizaron un velorio simbólico en Santa Cruz después de recibir información sobre su presunta muerte en el frente ruso. Al no contar con los cuerpos ni con una confirmación oficial definitiva, sus familiares exigieron la intervención del Estado y una investigación contra los responsables del reclutamiento.