La noche del pasado 7 de junio, Máxima Álvarez Gutiérrez (27) hacía una transmisión en vivo por sus redes sociales cuando fue atacada por su expareja. El agresor, Adrián A., ingresó a la habitación, discutió con ella por celos y la apuñaló varias veces delante de su hija de ocho años.
Al escuchar los gritos, la prima de la víctima acudió a la habitación y encontró a Máxima tendida sobre la cama, desangrándose, en medio del llanto desgarrador de la pequeña. Tras cometer el crimen, el agresor se dio a la fuga.
El hecho ocurrió en la zona de Pucara, en Cochabamba, y truncó la vida de una joven que trabajaba como ayudante de cocina y se ayudaba tejiendo chulos y otras prendas de lana. Amaba la música y era activa en redes sociales, donde compartía videos en TikTok y mostraba momentos de su vida cotidiana. La cruel agresión quedó registrada por algunos de sus seguidores.
Esa misma noche, en El Alto, María E., de 50 años, fue asesinada por un joven de 23 años, que le asestó cuatro puñaladas en una habitación de un local nocturno.
La víctima, que trabajaba en el lugar, logró activar el botón de pánico, pero cuando fue auxiliada ya era tarde. Tres días antes, es decir, el 4 de junio, en Oruro, Nora Martínez Flores, de 42 años, fue golpeada hasta perder la vida por su esposo Pedro Roberto LL., que hasta le hizo un velorio intentado ocultar del crimen.
El hombre intentó borrar evidencias al prender fuego en la escena del crimen. Luego compró un ataúd, puso el cuerpo de Nora y preparó el velorio. Alguien observó que tenía moretones en el rostro y dio parte a las autoridades. El hombre admitió su responsabilidad y fue aprehendido de forma inmediata. Tres niños quedaron en la orfandad.
El último caso registrado en Santa Cruz fue el de Norma Quispe Mamani, de 26 años. Su cuerpo fue hallado el pasado miércoles enterrado en una zona cercana al río Piraí. La joven perdió la vida a manos de su pareja, de 29 años, quien confesó el crimen y se sometió a un procedimiento abreviado, por lo que fue condenado a 30 años de prisión.
Los crímenes, el dolor de las familias y la crueldad con la que fueron cometidos conmocionan al país. Los casos de Máxima, María, Nora y Norma son algunos de los que ocurrieron en los primeros días de junio, un mes que comenzó marcado por feminicidios que volvieron a poner en evidencia la violencia extrema que enfrentan las mujeres en Bolivia. Con estos hechos, la cifra de feminicidios asciende a 41 en lo que va del año, según datos del Ministerio Público.
Las estadísticas muestran que en 2025 se registraron 81 feminicidios, lo que equivale a una víctima aproximadamente cada cuatro días en el país.
A esta situación se suman 178 casos de tentativa de feminicidio registrados ese año. Estas cifras reflejan la persistencia de la violencia de género en sus formas más extremas y evidencian la necesidad urgente de fortalecer las acciones de prevención, la atención integral a las víctimas y la investigación efectiva de los casos, advierte el Observatorio de Género de la Coordinadora de la Mujer.
Según los datos del Ministerio Público, desde 2013 hasta el 8 de junio de este año se registraron 1.283 feminicidios. Los picos más altos ocurrieron entre 2013 y 2018, cuando superaban el centenar y se alcanzó a 130.
“A partir de 2022 se observa una disminución en los casos registrados; sin embargo, esta reducción no necesariamente refleja una mejora sustantiva en las condiciones de seguridad para las mujeres, sino que convive con altos niveles de violencia y extrema crueldad en los hechos”, advierte la Coordinadora de la Mujer.
La variación reciente, además, exige cautela porque puede haber subregistro. El Observatorio de Género hace notar que entre 2013 y 2024, apenas el 42,81% de los feminicidios obtuvo sentencia.
Mejorar el acceso a la justicia
Sin bien diferentes organizaciones ponderan los esfuerzos del sistema judicial para realizar su trabajo, aseguran que es necesario fortalecer las acciones que aún no son suficientes.
La Ley 348, vigente desde 2013, sanciona el feminicidio con 30 años de prisión sin derecho a indulto, la pena máxima en la legislación boliviana.
Uno de los reclamos es que la norma no se cumple plenamente por las demoras judiciales, y la falta de recursos económicos y de personal capacitado para atender las denuncias de violencia machista, entre otros aspectos.
La Defensoría del Pueblo recuerda que la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece la obligación de los estados de organizar el aparato estatal para asegurar a las mujeres una vida libre de violencia, por lo que se debe prevenir, investigar y sancionar. Además, es necesario adoptar medidas integrales que enfrenten las causas estructurales de la violencia de género.También demanda a las autoridades competentes a continuar con los procesos para que los hechos no queden en la impunidad.
Para la directora de la Casa de la Mujer, Rosa Ribera, lo que está fallando es la prevención, que se debe impulsar desde las escuelas y desde el hogar para que las niñas puedan reconocer a tiempo cualquier signo de violencia.
Tampoco se realiza un seguimiento a las medidas de protección que las autoridades otorgan a las víctimas para resguardar su integridad. Ribera asegura que no existe una vigilancia efectiva para verificar si dichas disposiciones se cumplen.
Además, muchas mujeres no vuelven a buscar ayuda porque son amenazadas por sus agresores. “Sienten que esas medidas de protección no eran lo que ellas buscaban, porque el agresor sigue lastimándolas. Muchas dicen: ‘Me dieron un papel, pero eso no me sirvió de nada, porque me sigue golpeando’”, manifiesta.
La directora de la Casa de la Mujer cree que hay mucho que ajustar, porque muchas veces las mujeres que denuncian violencia psicológica no son escuchadas hasta que esto desencadena en feminicidio.
La viceministra de Igualdad de Oportunidades, Jessica Echeverría, también coincide en que el Estado ha fallado históricamente en la prevención de la violencia debido a la falta de equipos especializados dentro de la Policía. Por ello, desde esa instancia buscan fortalecer las políticas de atención y prevención. “Tenemos el reto de conformar equipos completos para trabajar en la prevención de la violencia”, sostiene.
En la capital cruceña, la viceministra sostuvo reunión con autoridades del Gobierno Municipal para impulsar acciones contra este flagelo y atender a los grupos vulnerables. Identificaron que los Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM) no tiene los profesionales suficientes para atender la demanda.
La violencia de género es un problema global que afecta a una de cada tres
La violencia contra las mujeres vulnera los derechos humanos. Según un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la ONU, apenas se ha avanzado para ponerle fin en las dos últimas décadas.
Casi una de cada tres mujeres, unos 840 millones en todo el mundo, ha sufrido actos violentos por parte de su pareja o de carácter sexual a lo largo de su vida, una cifra que apenas ha variado desde el año 2000.
Solo en 2025, 316 millones de mujeres —el 11 % de las mayores de 15 años— fueron víctimas de violencia física o sexual por parte de su pareja. La reducción de esta forma de violencia avanza muy lentamente: apenas un 0,2 % anual en los últimos veinte años.
El informe advierte de que los recursos destinados a la lucha contra la violencia se han reducido, justo cuando las emergencias humanitarias, los cambios tecnológicos y el aumento de la desigualdad incrementan los riesgos.
De acuerdo con los datos, se calcula que, en 2024, cerca de 50.000 mujeres y niñas murieron a manos de sus parejas u otros familiares en todo el mundo.
En Latinoamérica, Honduras tiene la tasa más alta de feminicidio con 4,8 por cada 100.000 mujeres. Le siguen El Salvador con 1,6, Brasil con un 1,4 y Bolivia con 1,3.