¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Clasificados

La federación Túpac Katari se declara en emergencia y legisladores remarcan que rige un estado de excepción

Domingo, 05 de julio de 2026 a las 12:24
Vicente Salazar (centro) en una anterior conferencia de prensa junto a otros dirigentes de la Federación de Campesinos de La Paz. / Foto: FUCLP

La Federación Única de Trabajadores Campesinos de La Paz emitió un pronunciamiento convocando a las 20 provincias, en rechazo a la aprehensión del dirigente Vicente Salazar, procesado por terrorismo a denuncia del Ministerio de Gobierno

Después de la aprehensión del dirigente de la Federación Única de Trabajadores Campesinos “Túpac Katari”, Vicente Salazar, la organización emitió un comunicado, se declaró un estado de emergencia en las 20 provincias del departamento de La Paz. De acuerdo con legisladores nacionales, este pronunciamiento puede vulnerar el estado de excepción,  aprobado por el Gobierno, para poner fin a los bloqueos de rutas que afectaron al país.

¿Qué dice el comunicado?

“Exigimos la liberación inmediata del hermano Vicente Salazar, quien en su calidad de Ejecutivo de la Federación solo fue el portavoz de los pedidos de las bases”, señala el comunicado de la organización sindical.

En el mismo señala que la captura de Salazar es una “detención arbitraria e ilegal” y que “no es un hecho aislado”, sino que responde a una supuesta “persecución política, sistemática, contra dirigentes de organizaciones sociales y sindicales” en el departamento.

En ese sentido concluyen que se declaran en “estado de emergencia”, con el fin de velar por los derechos “físicos y jurídicos” de otros 250 dirigentes que presuntamente estarían denunciados en la justicia.

Recordemos que el Ministerio de Gobierno presentó una denuncia penal por terrorismo y otros cuatro delitos, en contra de Salazar, dirigentes de la Central Obrera Boliviana y el expresidente del MAS, Evo Morales, además de dirigentes cocaleros, a los que se sindica por promover los bloqueos que afectaron al país por 53 días, y que dejaron millonarias pérdidas, cierre de empresas y la muerte de al menos 24 personas.

Estado de excepción

“Mi posición es clara y firme, el derecho a la protesta y a la libre expresión está garantizado, pero no incluye la facultad de desconocer la autoridad del Estado ni de declarar un ‘estado de emergencia’ paralelo que desafíe el orden constitucional y el estado de excepción dispuesto por las autoridades legítimas”, afirmó la presidenta de la Comisión de Gobierno, Defensa y Fuerzas Armadas, diputada Catherine Pinto, consultada por EL DEBER.

En criterio de la legisladora, el comunicado de la federación  “Túpac Katari” sobrepasa claramente los límites de un pronunciamiento sindical. Al responsabilizar directamente al Gobierno Nacional y a las fuerzas del orden por cualquier cosa que le ocurra al señor Vicente Salazar, y al llamar a una movilización bajo un supuesto “estado de emergencia” propio en las 20 provincias, “están incurriendo en una clara vulneración al estado de excepción y generando condiciones de ingobernabilidad”, remarcó.

Por su lado, la diputada Lily Zurita, manifestó que “no hay quebrantamiento al estado de excepción, porque no se cumple ninguno de los verbos rectores promover, ejecutar o apoyar, o cualquier forma de presión a participar en algunos de los actos expresamente prohibidos (participar en bloqueos, movilizaciones o medidas de hecho) Es sólo una declaratoria de emergencia y reclamó por la libertad de una persona que consideran indebidamente privada de su libertad”.

En contacto con EL DEBER, el senador Leonardo Roca sostuvo que el comunicado de la organización campesina aún no puede ser considerado como una vulneración al estado de excepción, pero sí lo remarca como un elemento a procesar si más adelante se concreta una marcha o bloqueo que transgreda la norma que rige.

Pinto concluyó que el Gobierno y la Fiscalía actúan dentro del marco de la ley, porque la aprehensión de Salazar responde a un proceso judicial en curso, y no se trata de una persecución política, “como pretenden presentar. Exigimos que las organizaciones sociales respeten las instituciones y el orden jurídico. No vamos a tolerar que, bajo la bandera de la defensa de dirigentes, se busque generar caos y desestabilización en el departamento de La Paz”, manifestó.

Pinto aseguró que el Gobierno tiene un compromiso con el diálogo, siempre que este dentro del respeto a la Constitución y las leyes. “El Estado de Derecho no se negocia. Cualquier intento de utilizar la movilización para presionar o condicionar la acción de la justicia será rechazado con toda la firmeza que corresponde”, concluyó.

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Las notificaciones están desactivadas

Para activar las notificaciones: