La promulgación de la ley de estados de excepción abrió una nueva etapa en la gestión de la crisis provocada por los bloqueos que afectan a siete de los nueve departamentos del país desde hace 39 días. Con la norma ya vigente, la decisión de activar medidas extraordinarias queda ahora en manos del presidente Rodrigo Paz, quien deberá definir si emite un decreto supremo para enfrentar la conflictividad y restablecer la circulación en las carreteras.
La diputada Catherine Pinto afirmó en el programa ON- Otra Noche con Sissi de EL DEBER que la nueva legislación no implica una aplicación automática del estado de excepción ni la suspensión de derechos constitucionales, y aseguró que aún existe un procedimiento legal que debe cumplirse antes de que puedan ejecutarse medidas extraordinarias.
“Se ha generado mucha alarma y desinformación sobre esta ley. La promulgación no significa que inmediatamente se vaya a declarar un estado de excepción. Para ello el Ejecutivo debe emitir un decreto supremo y posteriormente remitirlo a la Asamblea Legislativa, que tendrá que aprobarlo o rechazarlo”, explicó la legisladora.
La norma fue promulgada por el presidente Paz en medio de una creciente tensión social y tras una jornada marcada por enfrentamientos, bloqueos y denuncias de la presencia de grupos armados en algunos puntos de conflicto.
Según Pinto, una vez emitido el decreto, el vicepresidente y presidente nato de la Asamblea Legislativa deberá convocar al pleno en un plazo máximo de 24 horas para debatir la medida. El Legislativo tendrá hasta 72 horas para aprobarla o rechazarla.
La diputada señaló que la ley busca llenar un vacío jurídico existente tras la derogación de la anterior normativa que regulaba los estados de excepción y sostuvo que el objetivo principal es dotar al Estado de mecanismos legales para responder ante situaciones de conmoción interna, amenazas a la seguridad o desastres naturales.
“La Constitución establece que los estados de excepción deben ser regulados mediante ley. Lo que hizo la Asamblea fue cumplir su función legislativa para evitar que exista un vacío legal”, sostuvo.
Respecto a las facultades que podría asumir el Ejecutivo, Pinto indicó que el estado de excepción permitiría movilizar recursos estatales, coordinar acciones con la Policía y las Fuerzas Armadas y proteger infraestructuras consideradas estratégicas, como plantas de combustible, servicios básicos, instalaciones públicas y corredores de abastecimiento.
No obstante, insistió en que las garantías constitucionales permanecen vigentes. “Los derechos constitucionales están garantizados. Ninguna ley puede estar por encima de la Constitución. Lo que se establecen son mecanismos de actuación para preservar el orden público y evitar situaciones de violencia”, afirmó.
La legisladora también defendió la eventual participación de las Fuerzas Armadas, aunque aclaró que esta solo ocurriría si la Policía es rebasada por los hechos de violencia.
“Las Fuerzas Armadas tienen como misión proteger espacios críticos y garantizar servicios esenciales. Solo actuarían directamente cuando la Policía no pueda controlar la situación”, señaló.
Pinto sostuvo además que uno de los objetivos de la normativa es evitar enfrentamientos entre civiles, luego de los incidentes registrados en San Julián y otras regiones del país.
“Hay mucha tensión social y sectores ciudadanos que están planteando salir a desbloquear por cuenta propia. Lo que se busca es que las fuerzas del orden cumplan ese rol y evitar confrontaciones entre bolivianos”, manifestó.
La promulgación de la ley se produce en un contexto marcado por 82 puntos de bloqueo distribuidos en siete departamentos, con especial incidencia en La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba y Chuquisaca, según la Administradora Boliviana de Carreteras. Los cortes de ruta han generado dificultades en el abastecimiento de alimentos, combustibles y medicamentos, además de pérdidas económicas para distintos sectores productivos.
Mientras tanto, el Gobierno aún no ha confirmado si activará formalmente un estado de excepción. La decisión se encuentra bajo análisis del Ejecutivo, que deberá evaluar el alcance de las medidas necesarias para restablecer la transitabilidad y enfrentar una de las crisis sociales más prolongadas de los últimos años.