La justicia ordenó este sábado la detención preventiva por 60 días de tres personas investigadas por integrar una presunta red dedicada al reclutamiento de ciudadanos bolivianos que eran enviados a Rusia con supuestas ofertas de trabajo, pero que, según la investigación, terminaban participando en la guerra contra Ucrania.
La medida cautelar alcanza al hermano, al hijo y al exyerno de Amador M., identificado por el Ministerio Público como el principal sospechoso y presunto cabecilla de la organización. Los tres serán investigados por el delito de trata y tráfico de personas mientras permanecen recluidos de manera preventiva.
Durante la audiencia, la Fiscalía argumentó que existían riesgos de fuga y de obstaculización de la investigación, elementos que fueron valorados por la autoridad judicial para disponer la detención preventiva.
Los tres investigados fueron aprehendidos la noche del jueves durante una serie de allanamientos realizados en el marco de la investigación. En esos operativos, la Policía secuestró más de 50 pasaportes, un hallazgo que refuerza la hipótesis de que la organización gestionaba la salida de ciudadanos bolivianos hacia el exterior.
En su defensa, los ahora imputados negaron formar parte de una red criminal y afirmaron que únicamente se dedicaban a realizar trámites migratorios para terceros.
La investigación se abrió tras denuncias de familiares de jóvenes bolivianos que aseguraron que las víctimas eran convencidas de viajar a Rusia con la promesa de empleos bien remunerados, principalmente en el sector de la construcción. Sin embargo, una vez en territorio ruso, varios habrían sido incorporados a actividades vinculadas con el conflicto armado que ese país mantiene con Ucrania desde febrero de 2022.
El Ministerio Público continúa con las investigaciones para establecer el número de personas captadas, identificar a posibles víctimas y determinar si existen otros integrantes de la organización. Paralelamente, se mantiene la búsqueda de Amador M., considerado el principal investigado y presunto líder de la red.
El caso ha generado preocupación por la posible utilización de falsas ofertas laborales para captar ciudadanos bolivianos y trasladarlos a una zona de conflicto internacional, una modalidad que las autoridades investigan como un delito de trata y tráfico de personas.