El asambleísta departamental de Cochabamba por APB-Súmate, Joel Flores, presentó una denuncia penal contra el expresidente Evo Morales, el gobernador Leonardo Loza y otros dirigentes evistas, a quienes acusa de promover los bloqueos de caminos que afectan al departamento y que forman parte del conflicto político y social que hoy cumple 42 días en el país.
La acción fue formalizada ante el Ministerio Público y alcanza también a Nelson Virreira, Vicente Choque y Feliciano Vegamonte, señalados como parte de la estructura que impulsa las medidas de presión. Según Flores, los denunciados deben ser investigados por instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, atentado contra la seguridad de los transportes, atentado contra la seguridad de los servicios públicos y delitos contra la salud..
“Denunciamos penalmente por cinco delitos al expresidente Evo Morales, al gobernador Leonardo Loza, a Nelson Virreira, y a los dirigentes Vicente Choque y Feliciano Vegamonte, por los bloqueos en Cochabamba”, dijo el legislador regional a EL DEBER.
Flores pidió a la Fiscalía iniciar la investigación preliminar y avanzar hacia una imputación formal contra los denunciados Argumentó que los bloqueos no solo restringen la libre circulación, sino que también afectan el abastecimiento de alimentos, combustibles, medicamentos y otros insumos básicos, en un contexto de creciente presión social sobre La Paz y Cochabamba
Mientras tanto, en Lauca Ñ, Morales lideró ayer una concentración en la que desafió al presidente Rodrigo Paz Pereira a llegar hasta el trópico de Cochabamba y ratificó la continuidad de la movilización contra el Gobierno. En ese acto, dirigentes cocaleros también llamaron a sus bases a prepararse ante un eventual estado de excepción, una decisión que aún no fue asumida.
Evo Morales, que permanece en el trópico protegido por sus seguidores y con una orden de aprehensión pendiente en otro proceso, rechazó las acusaciones que lo señalan como uno de los principales impulsores de bloqueos. En su discurso, acusó al Ejecutivo de ejercer “terrorismo de Estado” y aseguró que su lucha será “con Evo o sin Evo”.
El Gobierno, en cambio, ha responsabilizado al expresidente por el agravamiento del conflicto y por alentar una presión política que tiene como demanda central la renuncia del presidente Paz, pese a que apenas cumplió siete meses de mandato. Las autoridades también vincularon las protestas con financiamiento del narcotráfico.
En criterio de tres abogados, las declaraciones y acciones asumidas por Morales y dirigentes de las Seis Federaciones son elementos suficientes para que la Fiscalía y el Órgano Judicial inicien procesos por terrorismo, organización criminal, revelaciones de secretos de Estado e incluso genocidio.
“Todas las declaraciones que realizaron se adecuan, por ejemplo, al tipo penal de organización criminal, porque manifiestan que ordenaron cometer delitos, incluso asumiendo atribuciones de un poder estatal, como la Policía, que es la única que tiene atribuciones de revisión de documentos, y eso no puede pasar en un Estado legalmente constituido”, explicó Eusebio Vera.
En tanto, el jurista Luis Guillén sostuvo que la toma de cuarteles y el alzamiento armado anunciado dirigentes no son acciones individuales. Asimismo, el constitucionalista Abel Loma, sostiene que se debe sumar la presencia de grupos armados en occidente de La Paz y Santa Cruz, donde hay evidencias del uso de estas armas de fuego.