La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados inició este sábado el tratamiento del proyecto de Ley de Regulación de Estados de Excepción, norma aprobada el pasado 4 de junio en el Senado y que será debatida por el pleno de la Cámara Baja en unas horas más.
La sesión de la comisión comenzó a las 8:45 de manera virtual y es presidida por el diputado Juan Del Granado. El principal punto de agenda es el análisis del proyecto de ley que establece las reglas para la aplicación de medidas extraordinarias en situaciones de crisis. El pleno de la Cámara de Diputados fue convocado a las 14:00 para considerar el proyecto .
La normativa propuesta determina que el Órgano Ejecutivo solo podrá declarar estado de excepción en cuatro situaciones específicas: amenaza a la seguridad del Estado, agresión o amenaza externa, conmoción interna y desastres naturales o emergencias de gran magnitud.
Según el proyecto, la declaratoria deberá emitirse mediante decreto supremo fundamentado, detallando las razones que justifican la medida, el territorio afectado, la duración y las acciones extraordinarias que serán aplicadas.
El texto también establece un límite máximo de 90 días calendario para la vigencia de un estado de excepción. Cumplido ese plazo, la medida quedará sin efecto automáticamente. Además, no podrá emitirse una nueva declaratoria basada en los mismos hechos durante la misma gestión, salvo que existan circunstancias nuevas o autorización expresa de la Asamblea Legislativa.
Durante la vigencia de estas medidas extraordinarias, el Ejecutivo podrá restringir temporalmente algunos derechos, entre ellos la libertad de circulación y las reuniones en espacios públicos. Asimismo, se contempla el resguardo reforzado de instalaciones estratégicas, hospitales, aeropuertos y rutas consideradas esenciales para el funcionamiento del país.
Durante su tratamiento en el Senado se destacó que la propuesta incorpora una lista de derechos intangibles que deberán permanecer vigentes incluso bajo un estado de excepción, como: el derecho a la vida, la integridad personal, la igualdad ante la ley, la libertad de conciencia y religión, los derechos políticos, el acceso a la información, el debido proceso y las garantías judiciales.
La norma también incluye protección específica para los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como de las personas privadas de libertad.
La ley fue aprobada en el Senado con la participación de 32 legisladores, de los cuales 18 estuvieron conectados de manera virtual y 14 asistieron presencialmente. El respaldo alcanzó 25 votos a favor, el resto de los votos se distribuyó entre abstenciones y votos en contra.