Caso YLB: Fiscalía necesitó dos días para aprehender a sospechosos y registrar las piscinas del litio

Desde el 18 de abril, cuando la estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) presentó una denuncia penal contra 11 de sus exejecutivos, la Fiscalía necesitó dos días hábiles para aprehender al exministro Luis Alberto Echazú (75) y otros exejecutivos de esa empresa.

Además, el Ministerio Público realizó hasta este jueves “un registro” en el salar de Uyuni, donde están las instalaciones de la empresa en el contexto de la investigación.

“Se realizó el registro del lugar del hecho en el municipio de Uyuni, también se secuestró la documentación relativa a la contratación a la que hace referencia la denuncia y son 11 personas las que están siendo sujetas a la investigación”, informó el fiscal general Juan Lanchipa.

Este caso tiene que ver con un “grave daño al Estado” de Bs 425 millones que pudo haber sido provocado por omisiones cometidas por los profesionales que estuvieron a cargo de YLB y que tenían la responsabilidad para extraer litio a través de piscinas de evaporación.

Estas instalaciones están ubicadas en Llipi, una zona ubicada en la margen sur del salar de Uyuni; a 682 kilómetros al sur de La Paz, a 80 kilómetros del municipio de Uyuni y a 906 kilómetros al sudoeste de Santa Cruz de la Sierra.

Además de Echazú, en la lista de las exautoridades investigadas figuraba Juan Carlos Montenegro, quien murió el miércoles en La Paz tras sufrir un infarto, según el reporte entregado a los periodistas por el mismo fiscal Lanchipa.

Poco antes de la muerte de Montenegro, quien fue gerente de YLB (2014-2019), se divulgó una “carta pública” en la que proclamó su inocencia y aseguró que no permitirá ser “vejado ni humillado por una justicia amañada que se vende al poder político o al mejor postor”.

Lanchipa dijo que se investigará, en otro caso, la veracidad de esa carta calificada de “póstuma”. También anunció la creación de una comisión de fiscales para el caso de las piscinas de YLB.

Pero Vladimir Ochoa, abogado de la defensa de Echazú, denunció que la Fiscalía actuó de manera ilegal, vulnerando los plazos y procedimientos sin las citaciones previas a su arresto.

El exministro estuvo entre el lunes y miércoles en una celda común de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz.

“El uso abusivo de la acusación penal para exigir responsabilidades por el ejercicio de la función pública ante fiscales y jueces que, sumisos, disponen la inmediata ‘detención preventiva’ de los acusados, sin investigación previa y a sola solicitud gubernamental, es una práctica habitual contraria a las garantías del debido proceso y a los Derechos Humanos”, comentó el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé (2005-2006) tras el deceso de Montenegro.

El exmandatario, en ese contexto, explicó que “sin voluntad para iniciar una reforma Judicial, esta seguirá siendo una práctica para judicializar la política”.

¿Qué dice la imputación? 

Tres altos cargos de la Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos, una representante de la proveedora y siete cargos medios, son los investigados por las irregularidades de la construcción de las piscinas en la planta piloto de Llipi, Uyuni.

Según la imputación de la comisión de los fiscales, los investigados son: José B. C., exdirector de operaciones; Víctor R.P., exjefe de obras civiles; David R.M., exresponsable de obras civiles; Edwin U.Y., exjefe planta; Paula G.R., representante de la empresa Gerimex SRL; y Carlos A.Q.

Hasta ayer se realizaron cuatro audiencias cautelares, incluida la que permitió que Echazú se defienda en libertad, “pero luego de pasar dos noches humillado en una celda con otras 30 personas acusadas por todo tipo de delitos”, según dijo la exministra Teresa Morales.

Tras las vistas judiciales de ayer, Jorge F.M., exingeniero de obras de YLB, fue enviado a prisión domiciliaria, mientras que Paul Q.B, exencargado de fiscalización y Cristian, también fueron enviados con detención domiciliaria.  

El informe relata los trabajos en el proyecto “desarrollo integral salmuera de salar de Uyuni-planta industrial” y describe la existencia de 20 líneas de piscinas industriales, cada una formada por ocho piscinas de evaporación. Al final, se observan que 18 de esas piscinas se deterioraron.

La encargada de la impermeabilización de las piscinas observada fue la empresa Gerimex SRL, cuya representante es una de las acusadas del caso que pudo incumplir los contratos para la instalación de esta infraestructura y su posterior mantenimiento.  

Según el procurador, César Siles, la representante de esta empresa es Paula Garáfulic. La compañía no fue fiscalizada por las autoridades y eso generó pérdida para el Estado.

La actual gerente de YLB, Karla Calderón, explicó que se requiere de un año para para recuperar la producción de carbonato de litio que es la materia prima. Aseguró que existe un plan para recuperar esa producción, pero también hay una apuesta por la Extracción Directa de Litio (EDL).

La gerente aclaró que la investigación interna en YLB sobre este caso comenzó hace dos años.

“Ha sido una sorpresa que el grupo de la familia Garáfulic esté allí con contratos, cuando sabíamos que se dedicaban al tema de la comunicación. Nuevamente, vemos ahí que no solamente en esta gestión se han cruzado ríos de sangre; los del ala evista lo han hecho antes. Han vendido la ideología. Tendrán que responder”, comentó el ministro de Obras Públicas,Édgar Montaño.

¿Cómo murió Juan Carlos Montenegro?

El exgerente de YLB, Juan Carlos Montenegro, murió de un infarto cardiaco, según los resultados de la autopsia de ley. “El resultado del protocolo de la autopsia da cuenta que la causa de la muerte ha sido producto de un infarto cardiaco”, dijo el fiscal Lanchipa.

“Asimismo, dentro del protocolo de autopsia se tomaron muestras que fueron remitidas al laboratorio de toxicología, estamos a la espera de resultados para que nos puedan dar detalles sobre alguna sustancia que se haya podido encontrar en el cuerpo del fallecido”, agregó.

Precisó que este estudio está siendo procesado en laboratorios del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) de La Paz. Sobre la “Carta Pública” que dejó, el fiscal anunció otra investigación.

“Yo lamento que una persona, un boliviano, pueda perder la vida y más aun quitándose la vida. Hago llegar la condolencia a la familia, pero cuando se trata de esclarecer (casos de corrupción) va a haber este tipo de situaciones”, comentó el ministro Montaño

El exministro Carlos Romero pidió “una investigación transparente” sobre el caso YLB. Consideró que fue un “suicidio motivado” por este caso y rechazó el trato que recibió Echazú.

Montenegro trabajaba en el Instituto de Investigaciones Metalúrgicas y de Materiales de la Universidad Mayor de San Andrés (Umsa). En su oficina se desmayó, pero antes había enviado una carta en la que, además, pedía perdón por su “decisión”.

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