La crisis política que sacude a Bolivia tiene múltiples lecturas, pero pocas tan contundentes como la del politólogo Carlos Toranzo. En una entrevista con el programa Influyentes de EL DEBER, el analista sostiene que los conflictos actuales no son hechos espontáneos, sino parte de un proceso anunciado tras la inhabilitación de Evo Morales. Toranzo cuestiona la capacidad de respuesta del Gobierno, advierte sobre los riesgos que enfrenta la democracia y alerta sobre las consecuencias económicas y sociales de una escalada del conflicto. En esta conversación, expone una visión crítica sobre el papel del Estado, el liderazgo presidencial y los escenarios que podrían definir el futuro inmediato del país.
- ¿Cómo interpreta la crisis política y social que atraviesa Bolivia?
Lo que estamos viviendo es la crónica de un golpe anunciado. Evo Morales, apenas fue inhabilitado para ser candidato, dijo públicamente que iba a movilizar a sus adherentes y a los movimientos sociales contra cualquier gobierno que llegara al poder porque, según él, le habían quitado su derecho a ser presidente. Lo anunció con anticipación.
Pero hay algo más profundo. No se trata solamente de movilizaciones sociales como las que conocimos en el pasado. Detrás de este proceso hay decenas o centenas de dirigentes sindicales que durante dos décadas medraron del Estado, fueron cultivados en la corrupción y construyeron verdaderas aristocracias sindicales. Son sectores que perdieron espacios de poder y ahora intentan recuperarlos.
A eso se suma un tercer elemento: durante años Bolivia fue un santuario para el narcotráfico. La captura de Sebastián Marset desordenó estructuras que operaban con relativa comodidad y hoy vemos expresiones de violencia que se manifiestan tanto en el ámbito político como en el criminal. La violencia no está solamente en los puntos de conflicto; también está presente en regiones donde operan organizaciones vinculadas al narcotráfico.
- Usted sostiene que el Gobierno conocía el riesgo de una escalada. ¿Qué responsabilidad le atribuye?
La responsabilidad es enorme porque las señales estaban a la vista. El problema es que tenemos un gobierno débil, improvisado y con dificultades para ejercer autoridad.
Los movimientos sociales vinculados al MAS atravesaban un proceso de desgaste y pérdida de legitimidad. Sin embargo, el Gobierno actuó como si estuviera frente a una fuerza imparable. En muchos casos reaccionó frente a fantasmas y no frente a la realidad.
Cuando uno pregunta quién gobierna realmente, la respuesta genera dudas. Esa es la principal debilidad del actual momento político. Un Estado que no transmite capacidad de conducción termina incentivando a quienes buscan desafiarlo.
- ¿Considera que existe una falla en el liderazgo presidencial?
Sí. Uno de los principales problemas es la ausencia de una conducción clara frente a la crisis. El discurso oficial insiste en conceptos abstractos mientras la realidad cotidiana muestra otra cosa.
La gente no está pensando en consignas. Está pensando en cómo llegar a fin de mes, en cómo conseguir alimentos, en cómo trasladarse o acceder a servicios básicos. Cuando la ciudadanía percibe que existe una distancia entre el discurso y los problemas concretos, la credibilidad del Gobierno comienza a erosionarse
- ¿Qué escenario se abriría si quienes impulsan las movilizaciones lograran imponer sus objetivos?
Sería una solución por el desastre. Bolivia podría convertirse en un país aislado, sin normas claras y con una crisis económica mucho más profunda.
Vivimos en un contexto internacional complejo. Ningún país puede sostenerse únicamente sobre discursos ideológicos. Se necesita institucionalidad, seguridad jurídica y capacidad de relacionamiento internacional.
Hay actores políticos que ven a Bolivia como el último reducto de determinadas corrientes de izquierda en la región. También existen intereses vinculados al narcotráfico que preferirían un Estado débil. Por eso la defensa de la democracia es hoy una prioridad fundamental.
- Entonces, ¿qué alternativa ve para salir de la crisis?
La salida no pasa por defender a un gobierno determinado. La salida pasa por defender la democracia.
Bolivia ha pagado costos muy altos para recuperar libertades y construir institucionalidad. No se trata de respaldar a una administración específica, sino de proteger un sistema democrático que costó décadas consolidar.
La principal víctima de esta crisis es la población. Son las personas que no pueden llegar a un hospital, los transportistas que tienen sus actividades paralizadas y las familias que enfrentan precios cada vez más elevados para acceder a alimentos básicos.
- Ha planteado incluso la posibilidad de aplicar medidas excepcionales. ¿Por qué?
Porque cuando la violencia escala y aparecen grupos que desafían abiertamente al Estado, la autoridad tiene la obligación de actuar.
Si existen mecanismos constitucionales y legales para preservar el orden democrático, deben utilizarse. Lo contrario transmite una señal de debilidad que termina alentando nuevas acciones de presión.
La democracia no puede ser un sistema indefenso. Tiene que contar con herramientas para protegerse frente a quienes buscan desestabilizarla.
- Más allá de la crisis política, Bolivia enfrenta una situación económica delicada. ¿Qué impacto puede tener este conflicto?
El impacto es enorme. La incertidumbre política siempre golpea a la economía.
Sin embargo, hay una diferencia fundamental entre enfrentar los problemas dentro de un régimen democrático o hacerlo bajo condiciones de autoritarismo. Con democracia todavía existen mecanismos para acceder a financiamiento internacional, atraer inversiones y construir acuerdos.
Bolivia mantiene sectores exportadores importantes, especialmente en minería. Eso permite generar divisas y sostener cierta capacidad económica. Pero cualquier posibilidad de recuperación exige estabilidad institucional.
La economía puede ser frágilmente viable en democracia. Lo que no es viable es una economía sometida al autoritarismo, al aislamiento y a la incertidumbre permanente.