La Cancillería de Bolivia formalmente pide a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una evaluación “equilibrada y completa” de la crisis provocada por casi un mes de bloqueos y protestas que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz, luego de que el organismo expresara su preocupación por el deterioro de los derechos humanos en el país.
Mediante un pronunciamiento, el Ministerio de Relaciones Exteriores destacó que la CIDH reconociera que los bloqueos generan afectaciones a derechos fundamentales de la población, particularmente en el acceso a servicios de salud, alimentos, medicamentos y otros bienes esenciales.
Sin embargo, la Cancillería consideró necesario que el análisis del organismo internacional incorpore también los resultados de las investigaciones oficiales que se encuentran en curso sobre los hechos registrados durante las movilizaciones.
“El reconocimiento del impacto humanitario de los bloqueos exige una visión integral que resguarde simultáneamente las libertades democráticas y los derechos de la población en su conjunto”, señaló la cartera de Estado.
La solicitud se produce en medio de una crisis social que se prolonga desde algo más de cuatro semanas y que, según datos oficiales, dejó al menos13 personas fallecidas. Diez de las víctimas murieron por la imposibilidad de acceder oportunamente a atención médica debido a los cortes de carreteras, mientras que otras tres perdieron la vida en circunstancias vinculadas directamente a las protestas.
Entre estos últimos casos figura un manifestante que recibió un disparo durante un operativo de desbloqueo, hecho que forma parte de las investigaciones abiertas por las autoridades.
La CIDH había manifestado previamente su preocupación por las consecuencias de los bloqueos y la conflictividad social sobre los derechos humanos de la población boliviana, en especial por las dificultades para acceder a servicios básicos y atención médica.
Hace 15 días, el Consejo Permanente de la OEA, la organización que cobija a la CIDH, respaldó al gobierno de Rodrigo Paz. A pesar de ese gesto, la entidad no activó la Carta Democrática Interamericana que establece rechazo absoluto a cualquier interrupción de la democracia en la región.
En los cortes de ruta que se instalaron en Bolivia, se demanda el acortamiento del mandato constitucional del presidente Rodrigo Paz, quien llegó al poder hace siete meses. Varios analistas consideran que estas medidas apuntan al derrocamiento de un mandato elegido a través de las urnas y la voluntad popular.