El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, informó que una comisión jurídica trabajará durante toda la noche para evaluar la situación de las personas detenidas durante los recientes conflictos sociales, con el objetivo de generar condiciones que permitan avanzar en el proceso de diálogo entre el Gobierno y los sectores movilizados.
El Gobierno nacional dio un nuevo paso en los intentos por encauzar el conflicto social mediante el diálogo, La evaluación se extenderá durante toda la noche con el fin de emitir recomendaciones que contribuyan a destrabar las negociaciones.
Según la autoridad, la revisión de los casos busca garantizar el respeto al debido proceso y ofrecer información clara sobre el estado de cada una de las personas aprehendidas. El análisis será realizado por equipos técnicos y jurídicos, en un contexto marcado por las demandas de organizaciones sociales que solicitan la liberación de algunos de los detenidos como condición para retomar plenamente las conversaciones.
Según el tercer informe de conflictividad que elaboró la Defensoría del Pueblo, hasta el 15 de junio hubo 365 personas arrestadas durante los operativos de desbloqueo, de las cuales 247 fueron liberadas, 103 imputadas y 15 sin situación legal definida.
Oviedo reiteró que el Gobierno mantiene abierta la posibilidad del diálogo y afirmó que la búsqueda de acuerdos sigue siendo la principal vía para resolver el conflicto. En ese sentido, señaló que las puertas continúan abiertas para que los representantes de los sectores movilizados se sienten nuevamente en la mesa de negociación y encuentren soluciones dentro del marco legal vigente.
La situación de los detenidos se convirtió en uno de los temas centrales de las conversaciones entre ambas partes. Organizaciones sociales y dirigentes han manifestado su preocupación por las aprehensiones realizadas durante los operativos policiales, mientras que el Ejecutivo sostiene que las actuaciones se desarrollaron en el marco de la ley y en respuesta a hechos de violencia registrados durante las protestas.
Mientras la comisión jurídica desarrolla su trabajo, las expectativas se centran en que los resultados de la evaluación permitan generar confianza entre las partes y allanar el camino hacia nuevos acuerdos. El Gobierno insiste en que la solución al conflicto debe construirse mediante el diálogo, mientras los sectores movilizados aguardan respuestas concretas sobre la situación de sus dirigentes y afiliados aprehendidos.