La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz ratificó este viernes la ampliación por cinco meses de la detención preventiva del expresidente Luis Arce Catacora dentro del proceso denominado Fondo Indígena 1, rechazando la apelación presentada por su defensa contra la resolución emitida previamente por un juez cautelar.
La decisión judicial confirma la determinación asumida el pasado 3 de junio por el juez Román Castro, quien dispuso extender la medida preventiva solicitada por el Ministerio Público bajo el argumento de que la investigación continúa en etapa preparatoria y requiere la realización de nuevos actos investigativos.
Fernando Rivadeneira, abogado defensor del exmandatario, informó a EL DEBER que la Sala Penal mantuvo vigente la resolución de primera instancia pese a los cuestionamientos planteados por la defensa.
“Ratificaron la decisión del juez cautelar. Nosotros apelamos porque no estábamos de acuerdo con esta ampliación de cinco meses más, pero la Sala Penal Segunda confirmó esa resolución”, explicó.
Según el jurista, el tribunal tomó en cuenta los argumentos expuestos por la Fiscalía, que señaló la necesidad de realizar declaraciones testificales pendientes, avanzar en actuaciones investigativas y continuar con la búsqueda de personas vinculadas al caso.
“Se ha inclinado a valorar simplemente lo que el Ministerio Público le ha dado como presupuesto. Argumentaron que hay personas que todavía deben prestar declaración, otras que están imputadas y que se trata de un caso complejo”, sostuvo.
La defensa cuestionó que las autoridades judiciales no hayan considerado sus argumentos respecto a la inexistencia de riesgos procesales atribuibles al exmandatario, quien permanece recluido desde diciembre de 2025 en el penal de San Pedro de La Paz.
Rivadeneira afirmó que, al encontrarse bajo detención preventiva y haber dejado el ejercicio del poder, Arce no tendría capacidad de influir en testigos o afectar el desarrollo de las investigaciones.
“¿Cómo Luis Arce Catacora, por hechos de hace más de diez años, va a incidir negativamente en esta investigación? Ya no tiene control sobre funcionarios públicos porque su gobierno terminó y el personal estatal cambió completamente”, manifestó.
El abogado también calificó a su defendido como un “preso político” y sostuvo que la ampliación de la detención responde a una decisión influenciada por factores ajenos al proceso judicial.
El expresidente enfrenta actualmente tres procesos judiciales, aunque únicamente uno de ellos mantiene vigente una medida de detención preventiva. Se trata del denominado Fondo Indígena 1, relacionado con el proyecto de tomates. Además, es investigado en un segundo caso vinculado al Fondo Indígena y en otro proceso por presunta legitimación de ganancias ilícitas que también involucra a sus hijos y que se abrió en Santa Cruz.
La Fiscalía había solicitado la ampliación de la medida cautelar argumentando que la investigación es compleja y que diversos factores, entre ellos la conflictividad social registrada en el país, dificultaron el avance de las pesquisas.