Un proyecto de ley se debate en la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, que busca solucionar el problema de las acefalías en el TCP y en el TSJ. Hasta el momento no hay una decisión y tampoco aprobaron ningún documento. El Órgano Judicial exige llenar las acefalías pendientes, siete en total.
La renovación de las estructuras judiciales se arrastra desde diciembre de 2023, pues magistrados del TCP de entonces se autoprorrogaron en sus cargos y desde ahí se truncaron las elecciones judiciales que buscaban la renovación de cargos. Desde el Ejecutivo defendían las decisiones de los autoprorrogados.
En junio de 2023 ese TCP declaró inconstitucional la ley 1513 de elecciones judiciales, porque, supuestamente, no cumplía con las normas. En febrero de 2024 el parlamento sancionó la Ley 1549 que pretendía garantizar las elecciones judiciales previstas para el 1 de diciembre de ese año.
Pero nuevamente acciones constitucionales impulsados por candidatos inhabilitados y que a su vez eran vocales en sus departamentos, llevaron a una nueva suspensión del proceso que fue pactado, finalmente, para el 15 de diciembre de 2024. Mismo que se llevó delante de forma parcial, pues los autoprorrogados declararon desiertas las convocatorias para cinco departamentos en el TCP y dos en el TSJ.
Los magistrados prorrogados declararon desierta la convocatoria a la elección de candidatos al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Beni y Pando; y al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en Cochabamba, Tarija, Santa Cruz, Beni y Pando, quedando 28 candidaturas fuera de la competencia.
Por esa razón hoy el TSJ trabaja con siete magistrados, lo que le permite aún realizar una sala plena porque son mayoría con siete autoridades; mientras que en el TCP no pueden tomar decisiones de sala plena porque solo se eligieron a cuatro magistrados por cuatro departamentos, lo que limita el trabajo.
La comisión de Constitución pidió al Tribunal Supremo Electoral (TSE) un informe para llevar adelante las elecciones judiciales complementarias y terminar con las acefalías que existen. El 14 de junio de este año se presentó ante esta instancia el vocal Carlos Alberto Goytia y expuso los problemas.
El primer obstáculo es el costo, dijo que una elección de esa magnitud costaría unos Bs 180 millones que debe disponer el Estado; luego dijo la temporalidad, los actuales magistrados fenecerán su mandato de seis años en enero de 2031, mientras que los nuevos podrían permanecer hasta 2033, lo que desequilibraría el trabajo; en tercer lugar, expuso la contradicción pues se estaba planteando una reforma a la Justicia y se pretende una nueva elección, entonces las autoridades debían tomar una decisión.
Hasta noviembre de 2025 había cuatro proyectos de ley para llenar las acefalías, que planteaban distintas iniciativas, desde habilitar a los magistrados suplentes electos; hasta dar mandato a los presidentes de los tribunales departamentales judiciales de los departamentos afectados. Ninguno fue tomado en cuenta y la actual Asamblea trabajó desde cero la nueva propuesta.