El Senado tratará en la última semana de julio el Proyecto de Ley 425, que modifica el Presupuesto General del Estado (PGE) 2026 y que fue aprobado por la Cámara de Diputados el 4 de julio. Sin embargo, la sanción de la norma enfrenta obstáculos porque la bancada de Libre anticipó que planteará ajustes en “al menos cuatro temas de fondo”, entre ellos la incorporación de la propuesta del 50/50 impulsada por siete gobernaciones.
Mientras el Órgano Ejecutivo evita comprometer una distribución equitativa de los recursos, al menos este año, entre el nivel central y las regiones —una de las promesas electorales de Rodrigo Paz—, Santa Cruz tomó la iniciativa para reactivar el debate contra el centralismo. La presión por un nuevo Pacto Fiscal también crece en el Legislativo.
“No hay cambios”
El Gobierno de Rodrigo Paz está por cumplir nueve meses de gestión, pero —según los senadores de Libre— continúa administrando el Estado con la estructura presupuestaria heredada de Luis Arce. El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, negó este extremo en varias ocasiones por las medidas de ajuste.
Aunque el Ejecutivo presentó esas modificaciones, Libre considera que la propuesta no introduce transformaciones sustanciales. “Prácticamente es el mismo presupuesto del anterior año, no hubo nada de modificaciones”, afirmó la senadora Tomasa Yarhui, jefa de bancada de Libre.
La legisladora llegó a esa conclusión después de analizar el proyecto junto con sus colegas y de reunirse con el gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco
“Una de las observaciones más profundas que hacemos es que el 50/50 no está insertado en el Presupuesto General. Se trata de dar más recursos a las gobernaciones y a los municipios porque conocen más de cerca las necesidades del pueblo”, sostuvo Yarhui.
Libre también observa que el proyecto no contempla una reducción significativa del gasto corriente, mantiene a empresas públicas deficitarias y continúa trasladando decenas de responsabilidades del nivel central hacia las gobernaciones.
Yarhui citó como ejemplo el pago del prediario y los gastos de funcionamiento de los recintos penitenciarios, pese a que se trata de una competencia nacional. También cuestionó que las gobernaciones deban asumir el costo de las vacunas, una obligación que, según dijo, corresponde al Ministerio de Salud.
Antes de que el proyecto ingresara al Legislativo, el ministro Espinoza aseguró el 20 de junio que el Gobierno ya había comenzado a reordenar las cuentas públicas. Según la autoridad, durante los primeros cuatro meses de 2026 se consiguió un superávit superior a Bs 2.200 millones y un monto similar fue transferido a alcaldías y gobernaciones del país.
Durante el tratamiento del proyecto en la Cámara de Diputados, el 4 de julio, Espinoza afirmó que tanto el Gobierno central como los gobiernos subnacionales enfrentan dificultades financieras. “Nosotros no podemos asignar presupuesto libremente” sin que exista una contraparte, señaló
Por ello, propuso crear un programa de readecuación financiera que permita a gobernaciones y municipios acceder con mayor rapidez a recursos públicos.
Bancadas divididas
La posibilidad de que el Presupuesto sea sancionado sin modificaciones divide a las bancadas del Senado. El senador Freddy Castillo, del PDC, considera necesario aprobarlo para garantizar recursos destinados a educación, salud y otros sectores. “Es importante aprobar este proyecto de ley para reactivar la economía y, en el tema del 50/50, el Gobierno debe sentarse con las gobernaciones y alcaldías para acordar cómo se va a asignar”, afirmó.
El senador José Ormachea, de Libre, señaló que Santa Cruz, bajo el liderazgo del gobernador Velasco, ya inició una cruzada por el 50/50 y contra el centralismo. En esa línea, anticipó que la bancada opositora solicitará ajustes al proyecto. La senadora Soledad Chapetón, de Unidad, sostuvo que el Ejecutivo debe dar señales concretas de que pretende descentralizar al Estado.
En cambio, la senadora Claudia Mallón, de Súmate, rechazó que el debate sobre el 50/50 sea incorporado a estas alturas. A su juicio, la propuesta debe ser discutida para el Presupuesto General del Estado de 2027 que comenzará a elanborarse en agosto próximo.