29 de noviembre de 2020, 5:00 AM
29 de noviembre de 2020, 5:00 AM


La lucha contra el narcotráfico es una de las tareas más importantes y urgentes que enfrenta el nuevo gobierno de Luis Arce Catacora. A la cabeza de esta misión hay un ministro joven, Eduardo Del Castillo (31 años) que tiene el reto de ser implacable y acabar con esta lacra que, no solo deja droga y destrucción en jóvenes y familias del mundo entero, sino que pretende constituirse en un poder capaz de manipular todos los espacios del quehacer nacional.

El ministro le dijo a EL DEBER que los límites de producción de coca han sido rebasados con creces, hasta el extremo de llegar a las 35.000 hectáreas en todo el país. Lo que la ley permite es una extensión máxima de 22.000 hectáreas en la zona de Yungas (La Paz) y Chapare (Cochabamba). Pero resulta que ahora hay sembradíos en regiones nuevas: por ejemplo, en el norte cruceño y en parques nacionales o áreas protegidas, de acuerdo con los informes de la Onudc.

Por otro lado, si bien las autoridades nacionales afirman que Bolivia no es un gran productor de droga, sí es un espacio donde circula el alcaloide que se genera en otros países (Perú, por ejemplo), usando pistas clandestinas para la exportación a lugares de alto consumo como Brasil y más allá de este continente. En este nocivo circuito, a lo largo de los años se ha conocido de espacios territoriales en los que no hay presencia del Estado. Localidades como San Germán o Yapacaní, donde se ha detectado gente armada o donde se ataca y expulsa a la Policía en cualquier momento.

La promesa del ministro de Gobierno es devolver Estado a todo el territorio nacional y es vital que lo haga, porque eso forma parte de recuperar la institucionalidad. También ha asegurado de que hay un plan de erradicación de las plantaciones excedentarias de coca mediante diálogo y consenso con los productores. Indudablemente, esto forma parte de un plan integral que pasa también por dar valor a otros cultivos legales, abrirles mercados internos y de exportación, así como también generar conciencia respecto a los daños profundos que genera el tráfico de estupefacientes.

En el último año ha habido tres gobiernos: el de Evo Morales, donde ya había serios problemas con el narcotráfico por las mismas razones antes anotadas. El de Jeanine Áñez, donde este negocio ilícito no fue controlado y donde, según el Gobierno, se dispararon los cultivos excedentarios de coca. Ahora, con el de Luis Arce se espera que haya una acción más contundente contra el crimen organizado que, sin duda, tiene vínculos con los cárteles internacionales de Colombia, México, Brasil y hasta con la más peligrosa mafia italiana.

El presidente ha recibido respaldo mayoritario de los bolivianos, que significa un voto de confianza en que las cosas se hagan bien, que se cambien las políticas erradas del pasado. Ese es el desafío actual y aún es tiempo de demostrar que es posible hacerlo.

Además, genera susceptibilidad que el viceministro de Defensa Social sea uno de los principales dirigentes de los cocaleros de Chapare. No se puede desconocer que la hoja que se cultiva en miles de hectáreas, a lo largo y ancho del país, es materia prima para la elaboración de la cocaína y, por eso mismo, hay mayor atención respecto a sus tareas.

Lo que el país no tolerará es que se pretenda desconocer que el narcotráfico es un problema real. Un sinceramiento es un buen punto de partida para avanzar. Lo agradecerán todos los bolivianos que aún esperan que en Bolivia no se corra la suerte de México o de Colombia.

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