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22 de diciembre de 2018, 4:00 AM
22 de diciembre de 2018, 4:00 AM

Ojalá la ley sea pareja. La detención preventiva del concejal Fernando Subirana y del activista Edson David Antelo, acusados de liderar la quema del edificio del Tribunal Electoral Departamental (TED), es una decisión que sin duda influirá y pondrá límites a las protestas callejeras en el futuro. El oficialismo y la oposición han tomado el caso para llevar agua a su molino. Los masistas culpan directamente a sus rivales electorales de propiciar el vandalismo a nombre del 21-F, mientras que los opositores señalan que los acusados del hecho tienen algún vínculo con el MAS, por eso hay quienes aseguran que son infiltrados. Sin embargo, más allá de las consideraciones políticas partidistas, de aquí en adelante todo hecho violento derivado de manifestaciones sociales o sectoriales que afecten a las instituciones o derechos de ciudadanos tiene que tener el mismo rigor de ley con los autores. Para que nadie se queje, la aplicación de la ley tendrá que ser pareja.

Mercado para el gas. Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) acaba de suscribir un memorándum de entendimiento con Shell Brasil para desarrollar una alianza destinada a la comercialización del gas boliviano a partir de 2019, cuando termina el contrato de compraventa con Petrobras. La intención establece una comercialización de un volumen de hasta 4 MMm3/d (millones de metros cúbicos día) el próximo año y hasta 10 MMm3/d en 2022. Para el Ministerio de Hidrocarburos este pacto es una oportunidad para que Bolivia pueda tener otros clientes privados sin perder los estatales e impulsar negocios a partir de las termoeléctricas. Bolivia necesita garantizar compradores de gas, considerando que autoridades de Argentina y de Brasil anticipan que a partir de 2019 se pueden reducir los volúmenes de compra.

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